El disparador fue la presentación en sociedad de un proyecto de ley para aumentar los castigos a los delitos de corrupción. “Una de las paradojas argentinas es que mientras figuramos en el cuadro de honor de la corrupción internacional, no tenemos en el Código Penal tipos penales precisos que criminalicen este tipo de actos”, explicó en conferencia de prensa su autor, el diputado nacional de la Coalición Cívica (CC), Juan Carlos Vega. Su iniciativa establece castigos similares a los que contempla la Constitución para los casos de alzamiento en armas contra la República, incrementa los mínimos y los máximos penales, establece que los delitos de corrupción no son excarcelables y los amplía a cualquier persona que esté al servicio del Estado. La propuesta contó con el apoyo del Partido Socialista, del PRO y de la UCR. Así casi todo el arco opositor volvió a posar unido en una misma foto, cosa que no ocurría hace tiempo.

A pesar del evidente contenido político del mensaje, en todo momento los oradores se encargaron de señalar que el proyecto no busca atacar al kirchnerismo. “Esto tiene rigor científico, no es pelea coyuntural contra el oficialismo”, aclaró, pícaro, el cordobés Vega. Pero, de manera sintomática, los ejemplos que más sonaron fueron el caso Skanska y la famosa bolsa de la ex ministra de Economía Felisa Miceli. Incluso, el lilito Adrián Pérez abrió la conferencia citando un estudio de Transparencia Internacional que evalúa la “percepción de corrupción”, según el cual la Argentina se ubica en el puesto 105 entre 133 países medidos y cuestionó que la Presidenta no haya abordado el tema en su discurso del pasado sábado. Ante la consulta sobre la perdurabilidad del frente opositor, el diputado se atajó: “No queremos generar expectativas”.

Lo cierto es que además de Pérez, Griselda Baldatta, Patricia Bullrich y Elisa Carrió (que, al igual que Margarita Stolbizer, se mantuvo en silencio durante la conferencia, sentada cual espectador) por la CC, el acto contó con la presencia de la titular del bloque socialista, Silvia Augsburger, y de la diputada de la bancada de PRO, Cynthia Hotton. También envió su apoyo el presidente del bloque de la UCR, Oscar Aguad.

Con modos lilitos, el Vega aseguró que “estamos en el peor de los mundos posibles”. Ocurre que al día de hoy, añadió, el Código Penal argentino no contempla con exactitud los casos de corrupción que se especifican en la Convención Interamericana contra la Corrupción y es por eso que “los jueces argentinos cuando tienen que juzgar casos de corrupción usan lo que se llama tipos legales vecinos o próximos como cohecho, enriquecimiento ilícito o dádiva, pero nunca específicos. Como consecuencia, un proceso penal por corrupción dura 14 años y solamente un 4 por ciento de los delitos termina con sentencia firme”.

Otro de los puntos que Vega se encargó de resaltar es la redefinición de “función pública” y “funcionario público” que contempla el proyecto. De ser aprobado, se entendería también bajo estos conceptos a aquellos que estén al servicio del Estado, por ejemplo las empresas contratistas.