La investigación sobre la importación irregular de autos con franquicias diplomáticas a cargo del juez Norberto Oyarbide podría orientarse en los próximos días hacia la hipótesis de que hubo una “asociación ilícita”. Se trata de un delito mucho más grave que los que viene investigando ese juzgado hasta ahora, que son el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el cohecho (coimas). En esta línea, Oyarbide podría citar a indagatoria a dos o tres funcionarios que trabajaban junto con el ex jefe de Franquicias de Cancillería, Jorge Matas, que debe declarar como sospechoso el lunes próximo.

Los investigadores apuntan, así, a la posible existencia de una red aceitada de funcionarios que habrían actuado con complicidad entre sí en la aprobación de franquicias para la importación de vehículos libres de impuestos y su casi inmediata nacionalización (para venta) incumpliendo el plazo de nueve meses que estipulan las normas. En el caso de Matas, además, se detectó que su esposa usaba un Audi de la tanda de las franquicias cuestionadas.

El delito de asociación ilícita, que fija de tres a diez años de cárcel, puede ser no excarcelable cuando un juez considera que el imputado se puede fugar o intentar entorpecer la Justicia. En el juzgado de Oyarbide no creen que sea el caso de Matas, de modo que no lo dejarían detenido. Habrá que ver qué pasa con Pablo Rodríguez, uno de los intermediarios que convocado a declarar. La indagatoria de funcionarios extranjeros sería en una etapa posterior.

La citación de Matas por parte de Oyarbide se anticipó a la que planeaba para estos días el juez Jorge Brugo en el fuero penal económico. Es que Brugo investiga el caso como una maniobra de contrabando. A diferencia de Oyarbide, todo apunta a que podría dejar detenido a Matas cuando finalmente lo cite. El contrabando agravado prevé de cuatro a diez años de prisión.

Por ahora las dos investigaciones siguen adelante en paralelo. En los próximos días Oyarbide contestaría formalmente un planteo en el que Brugo le pedía que se inhibiera de continuar. Brugo, al parecer, decidió postergar cualquier decisión trascendente. Si no se ponen de acuerdo, terminará definiendo la Cámara Federal o la Penal Económica.

La Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en la causa, está orientada hacia la teoría del juzgado de Oyarbide. Su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, habló ayer de “sospechas latentes” de la existencia de “sobornos” y de una posible “organización” que hacía negocios con los autos de lujo. El jefe de la OA explicó que “había gestores que tenían armado el negocio, y podemos sospechar que había algún tipo de asociación entre gestores y funcionarios de la Cancillería”.