Terminada la tregua de un mes, las cámaras patronales que desafiaron las facultades del gobierno constitucional para decidir la política económica decidieron mantener el estado de alerta y movilización, según dicen sin cortar las rutas ni desabastecer de alimentos a las ciudades, aunque el vocero del grupo comunicó que en algunos lugares habría cortes. El único punto sobre el que no hubo avances en un mes de negociación fue el de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, es decir el núcleo duro del diferendo: ni el gobierno planteó modificarlas ni los empresarios las consintieron. A esto se suma el carácter condicional de los acuerdos sobre las exportaciones de carne y trigo (cada compromiso se pondría en práctica siempre y cuando se dieran determinadas situaciones en cada uno de esos mercados) y la actuación en el conflicto de otros participantes con agenda propia y baja exposición pública. Visto y considerando, mayo puede ser un mes caliente.

Sociedad del conocimiento

Tanto en los cortes de rutas como en las negociaciones con el gobierno participan la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales. Otros actores muy activos han eludido la exposición pública. Los más notables son la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la transnacional agroquímica Monsanto, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y las empresas editoras de los diarios Clarín y La Nación. AAPRESID se define como una ONG propia de la sociedad del conocimiento, preocupada por la ética, la conservación del medio ambiente y la responsabilidad empresaria. Nuclea a 1.500 productores, pero también a las principales empresas de la cadena agroalimentaria, entre ellas las grandes exportadoras y las productoras y comercializadoras de semillas modificadas por métodos genéticos y de los insumos que se emplean para su cultivo, entre ellos los agrotóxicos, como Monsanto, Syngenta, Bayer, YPF Fertilizantes o Nidera. Su objetivo es difundir el método de la siembra directa en el que la Argentina ya es líder mundial, con 70 por ciento de la superficie agrícola trabajada de ese modo, contra 6 por ciento en el mundo. Desde aquí, la soja transgénica se extendió a los países vecinos lo cual obligó a Brasil a levantar una prohibición que se había vuelto de cumplimiento imposible. Cuando enumera los beneficios de ese sistema, AAPRESID sostiene que no requiere arar la tierra y permite sembrar sobre el rastrojo, lo cual aumenta la productividad, mejora la fertilidad, conserva recursos hídricos y combustible, reduce la emisión de carbono y mejora la calidad del agua. No es ésa la lectura de investigadores internacionales de primer nivel, como la periodista francesa Marie-Monique Robin; de asociaciones ecologistas como el Grupo de Reflexión Rural o la Red Nacional de Acción Ecologista, y de entidades de agricultores de verdad pequeños y/o de pueblos originarios. Todos ellos denuncian la erosión de los suelos que produce ese sistema y las gravísimas consecuencias para la salud humana y animal de las fumigaciones con glifosato que forman parte inseparable del paquete tecnológico que impulsa AAPRESID, sin hablar de las deforestaciones que aceleran el cambio climático y fuerzan el éxodo de los pobladores ancestrales de esas tierras. En su reciente best-seller “El mundo según Monsanto”, Robin reproduce una entrevista con el médico entrerriano Darío Gianfelici, quien afirma que con varios colegas constató un aumento muy significativo de anomalías de la fecundidad, como los abortos espontáneos, las muertes fetales precoces, las disfunciones de la tiroides y del aparato respiratorio, de las funciones renales o endocrinas, de enfermedades hepáticas y dermatológicas o de problemas oculares graves. También advirtió sobre “los efectos que pueden tener los residuos de Roundup [la marca comercial del glifosato de Monsanto] que ingieren los consumidores de soja”. Algunos de sus componentes son perturbadores endocrinos. En la región ha habido un número importante de casos de nenes que nacen sin uno o ambos testículos o cuya uretra no llega al final del pene y de nenas que comienzan a menstruar a los tres años.

“Medidas inconstitucionales”

AAPRESID declaró su apoyo “incondicional” al lockout contra las “medidas inconstitucionales del gobierno” y convocó a toda “la comunidad” a participar. Antes de entregar el cargo a su sucesor, el experto en biocombustibles Gastón Fernández Palma, su ex presidente Jorge Romagnoli advirtió que las políticas oficiales tendrían “un dramático desenlace”. Dijo que obedecían a “una gran ignorancia” del gobierno, y las calificó como “anti-desarrollo, anti-progreso, anti-crecimiento” porque se tiende a “igualar para abajo”. Ante una consulta para esta nota el director de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Monsanto, Federico Ovejero dijo que la multinacional sólo hablaría a través de “las Cámaras que nos representan”. Ellas son la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y las asociaciones de Semilleros (ASA), de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA) y de Productores de Maíz (Maizar). Para ACTA, el aumento de las retenciones es una confiscación de la rentabilidad del productor agropecuario, que afectará la futura competitividad del agro argentino que sólo quiere “trabajar con dignidad y contribuir al genuino progreso y bienestar de nuestra patria”. ASA apoyó “la lucha desigual y ejemplificadora, de los productores agropecuarios por sus derechos a producir, disponer libremente de su producción, defender su propiedad y vivir con la dignidad que es propia de su estilo de vida”. Según MAIZAR las retenciones tienen un efecto distorsivo sobre la actividad agroindustrial y tendrán un resultado negativo.

Con una retórica revolucionaria, el maoísta Partido Comunista Revolucionario aporta en la misma dirección. El PCR tiene desde hace años un trabajo bien desarrollado dentro de la Federación Agraria, donde según su primer secretario, Otto Vargas, son “la principal fuerza opositora” a la conducción de Eduardo Buzzi. Sus referentes son el energúmeno de Gualeguaychú, Alfredo De Angelis, y el autoconvocado Juan Echeverría. Para los chinos, como los llaman las fuerzas rivales de la paleoizquierda, lo ocurrido es una “rebelión agraria” y una “pueblada”. Sostienen que la quema de pastizales fue una provocación de un gobierno muy debilitado y postula “trabajar por un paro nacional activo obrero, campesino y popular”. Elegido por sus colegas para informar sobre la decisión de continuar con medidas de presión, el propio Buzzi anunció que en algunos puntos del país, que no identificó, habría cortes. Para apostar a Gualeguaychú o aledaños no hace falta una gran perspicacia. Y una vez en marcha “la pueblada”, ¿quién puede predecir lo que ocurrirá en el resto del país?

El ultimátum

Las cámaras patronales y los actores ocultos que las impulsan cuestionan la autonomía del gobierno nacional para disponer medidas que no sólo interesan a un sector sino al conjunto de la sociedad, es decir aquello para lo cual fue elegido hace apenas seis meses. Ni siquiera puede decirse que esas medidas hayan sido sorpresivas, ya que van en la línea de los anuncios electorales de la candidata que resultó electa (“me gustaría vivir en un país en el que la industria subsidiara al agro, como ocurre en Estados Unidos o en Europa. Pero la historia no la inventé yo”, dijo).

El Poder Ejecutivo no está dispuesto a conceder nada bajo ultimátum, como dijo la presidenta CFK en el discurso objetado de la Casa Rosada y en el encomiado de Parque Norte: no se sometería a ninguna forma de extorsión, no por orgullo sino por responsabilidad institucional. Una de las primeras observaciones que recibió el esquema propuesto por el ex ministro Martín Lousteau fue que la escala progresiva de retenciones por encima de cierto precio de la soja en el mercado mundial equivalía a establecer un precio fijo. Esto suprimiría el mercado de futuros, un mecanismo de apuestas en el que se pactan transacciones para una fecha posterior, con un precio que cada parte estima con varios meses de antelación; el que más se aproxima a la realidad gana, el que se equivoca pierde. Lo que no se cuenta es que la movilidad ideada por Lousteau fue la alternativa a otra propuesta, de la Secretaría de Comercio Interior, que contemplaba mantener el esquema de retenciones fijas, pero elevar la alícuota al 65 por ciento. Ante las primeras reaccciones, Lousteau se manifestó dispuesto a corregir lo que consideraba apenas como un error menor en la aplicación de una medida bien pensada. Pero ni la presidenta ni el nuevo jefe justicialista, el ex presidente Néstor Kirchner, aceptaron esa retractación mientras durara el desafío de las cámaras rústicas. La riña desescaló un paso cuando el gobierno anunció que pagaría compensaciones a los productores más pequeños y/o distantes del puerto de Rosario y los empresarios acordaron integrar una mesa de diálogo en busca de coincidencias de fondo sobre la política agropecuaria. Dentro del gobierno hay diversas posiciones, desde quienes consideran este método idóneo para desgastar al beligerante bando adversario con vistas a un enfrentamiento decisivo hasta quienes lo entienden como el camino más corto hacia una solución permanente y de fondo, pasando por aquellos que dudan de la sagacidad de abrir a debate en una mesa superpoblada el conjunto de la política sectorial. No obstante, todos coinciden en una evaluación doble: los aspectos económicos son más simples que el manejo de la dimensión política que cobró el problema.

Genética kirchnerista

La voluntad de no ceder a la acción directa ni por la amenaza de la fuerza es un rasgo genético del kirchnerismo. Pero también incluye la decisión de enfrentar el reto con medios políticos y sin recurrir a la represión. Todas las figuras relevantes del gobierno coinciden en ambos aspectos. La incomprensión del valor de esta actitud por parte de las clases medias intelectuales se expresó en el artículo en La Nación de la directora de Ciencias Políticas de la Universidad Di Tella, Ana María Mustapic, quien fustigó “la debilidad del Gobierno para recurrir al uso legítimo de la coerción”. Cuando se trata de una disputa con un sector de fuerte poder económico la negativa a retroceder bajo amenazas constituye una novedad absoluta en los 25 años de gobiernos civiles posteriores a la última dictadura. Tal vez no sea demasiado decir, pero difiere de todo lo conocido en este gris cuarto de siglo. Raúl Alfonsín los toreaba desde la tribuna, pero concedía casi todo lo que le pedían. Carlos Menem, Fernando De la Rúa y el senador Eduardo Duhalde gobernaron para ellos. No menos novedosa es la decisión de abstenerse del uso de la fuerza policial: Alfonsín ordenó arrestos sin declaración del estado de sitio y tanto De la Rúa como Duhalde ensangrentaron al país con sus órdenes de represión a manifestantes, de otros sectores de la sociedad que los que ahora retan a CFK. Hace dos años, el joven policía Jorge Sayago fue asesinado en forma alevosa en Santa Cruz: le dispararon un tiro, le partieron la cabeza con un fierro y lo apuñalaron por la espalda. El presidente Kirchner recriminó al gobernador Sergio Acevedo no haber enfrentado la rebelión de los trabajadores petroleros con movilización de militantes y sin represión policial, tal como él había hecho durante su gobierno provincial. El episodio de mayor trascendencia nacional en ese sentido ocurrió en 2002, cuando el entonces gobernador Kirchner instó a sus partidarios a no dejarse correr por los cacerolos que en los días anteriores habían rodeado la Legislatura en Río Gallegos: “En las urnas, durante treinta elecciones sacaron el cinco por ciento de los votos”, dijo. Días después militantes del Frente para la Victoria de Kirchner y funcionarios de su gobierno cumplieron con la sugerencia y blandieron palos y cadenas ante los cacerolos conducidos por la paleoizquierda patagónica. Esta lectura de la política y de las fuerzas sociales movilizadas se hizo evidente también en el conflicto provincial con los docentes en 2007. El paro fue conducido por un gremio que durante muchos años estuvo en manos del Partido Obrero hasta que lo desplazó la UCR, dos típicas fuerzas representantes de las clases medias. Kirchner se opuso a cualquier concesión mientras se mantuviera la medida de fuerza y esto produjo la cesantía de una funcionaria provincial que anunció un acuerdo razonable. Cuando la reivindicación social se convirtió en una protesta política contra el estilo de conducción kirchnerista, a la que se sumó la Iglesia Católica, fue preciso forzar la renuncia del anodino gobernador Carlos Sancho, su reemplazo por el sindicalista Daniel Peralta y la aceptación de un aumento salarial que hubiera sido menor de haberse llegado al acuerdo temprano al que los huelguistas estuvieron dispuestos. Debido a la duración y la intensidad del enfrentamiento, que incluyó un atropello del ex ministro Daniel Varizat a manifestantes y un hostigamiento con golpes a la ministra Alicia Kirchner, distintas fuerzas, desde tránsfugas del kirchnerismo hasta el radicalismo de Río Gallegos, algunos sindicatos, la Iglesia Católica y la paleoizquierda creyeron que habían mellado el sustento oficial en Santa Cruz, la provincia que mayor atención mereció de los grandes medios ese año.

Efectos políticos

No obstante, CFK fue electa con el 67,9 por ciento de los votos de Santa Cruz (contra 17,6 de Elisa Carrió) y el gobernador Daniel Peralta reelecto con el 58 por ciento. Las distintas fuerzas de la izquierda sumaron apenas 2277 votos, correspondientes a las dos mil doscientos setenta y siete personas más vocales del país. El kirchnerismo sólo perdió, por escaso margen, en la capital, Río Gallegos.

Este resultado, como los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Vicente López y San Isidro, hizo decir a Carrió que el gobierno de CFK nacía con una legitimidad segmentada. Esa es la línea de acción que desde entonces ha seguido la derecha política. La propia Carrió dijo que las retenciones eran “confiscatorias” y que el gobierno no entiende “al campo” y sólo lo usa como “caja política”. Agregó que “la supuesta oligarquía agropecuaria” sería sólo “un mito, una mentira propagandística” e instó a “dejar en paz al campo” y “no entrometerse en los mercados”. El balance para el gobierno arrojaba un saldo muy favorable. La polarización social lo desfavorecía en esos centros urbanos, pero lo compensaba con el apoyo que recibía en el resto del país. De hecho, CFK duplicó la votación de la segunda fuerza, la Coalición Cívica Libertadora, e incluso la superó por un porcentaje superior al nacional en las zonas que según Carrió fueron perjudicadas por “desastrosas” y “funestas” medidas del gobierno, “groseros” errores, “miope y cortoplacista” modelo. El encono del enfrentamiento de los últimos meses, con la participación activa de algunos medios de comunicación que antes habían actuado con mayor circunspección, habilita a suponer que el apoyo al gobierno puede haber sufrido alguna erosión en esas zonas. Aun así, el escaso atractivo de las propuestas opositoras sigue sin convertirlas en una alternativa de poder.

La base propia

CFK y Néstor Kirchner han sido claros en el rechazo a las propuestas de enfriamiento de la economía, pero esa respuesta necesaria parece insuficiente ante el desafío que plantea la inflación, porque comienza a roer su principal base de apoyo, los sectores más castigados de la sociedad, y compromete los mayores logros del gobierno, en la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia. Esto no lo dicen los datos de Artana sino los de Artemio, no surge de los informes de Kiguel sino de los de Kritz. La respuesta de ignorar el fenómeno o la más reciente de cargarlo en la cuenta de las cámaras patronales, cuya medida de fuerza provocó el mes pasado un tremendo salto adelante de los precios, no es sostenible en el tiempo. La inflación expresa la puja distributiva en una economía oligopolizada en la que las grandes empresas han decidido poner un límite a la recuperación de los ingresos populares que se produjo durante el gobierno de Kirchner. Desbaratar esa maniobra reclama medidas de control y una intervención estatal en serio. Para nada de esto sirve el as de cartón que cada día se encarga de desacreditar un medio de política económica tan legítimo como necesario.

Informes: Mercedes González
y Ana Adelardi.