“Hay que salir de este laberinto por arriba”, señala el ex gobernador bonaerense e ingeniero agrónomo, Felipe Solá, y propone la creación de “un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (SNSA), que en un sentido se asemeja a lo que fue la muy respetada y querida Junta Nacional de Granos”. A pesar de ser hombre de campo, Solá trató de no quedar involucrado en el conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario, aunque tuvo un gesto que no pasó inadvertido en la Casa Rosada: no aplaudió a Cristina Fernández de Kirchner cuando en medio de un acto oficial pidió a los ruralistas que no se creyeran los dueños del país. A cambio del alineamiento que mostró con el ex presidente Néstor Kirchner desde la gobernación de la provincia, Solá aspiraba a conducir la Cámara de Diputados, pero hoy ocupa una simple banca.

“Lo que yo propongo es un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (SNSA), que en un sentido se asemeja a lo que fue la muy respetada y querida Junta Nacional de Granos. En concreto, el Estado compraría entre 15 y 30 productos básicos de alimentación para ponerlos a un determinado precio en el comercio y los supermercados de todo el país. Estamos hablando de carne, leche, hortalizas, frutas y algún postre, como puede ser el flan, el dulce de membrillo o batata. El objetivo es triple. Primero, dar bien de comer desde el punto de vista nutritivo. Segundo, tener una estrategia frente al hecho de que los aumentos de precios de los alimentos, o sea la inflación en ese rubro, es el principal factor de presión sobre los salarios. Tercero, dar gran importancia a la producción de alimentos. De esto se tiene que ocupar el Estado y la Argentina no sería el único país del mundo que lo hace. El segundo presupuesto más grande de Estados Unidos, después del de Defensa, es el de Agricultura. El Estado norteamericano compra y entrega alimentos. México es otro ejemplo. El Estado importa alimentos a través de la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), para asegurar los granos mínimos, como dicen ellos.”

–¿Cómo funcionaría exactamente el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria?

–Por supuesto, empieza por un acuerdo entre el Gobierno y las entidades del campo, los industriales, los comerciantes mayoristas y los minoristas. Al menos en el control de calidad y transparencia deben participar Organizaciones No Gubernamentales. El primer paso es que se fija un precio por el que el Estado les compra los productos que forman la canasta alimentaria a los productores e industriales y se coloca en los comercios mayoristas y minoristas también a un precio determinado. Eso permite que el productor reciba un valor perfectamente claro por sus productos y lo que le queda de su producción, por fuera de las cantidades acordadas, lo exporta o vende en el mercado interno a precios libres. Reitero, el primer objetivo es que haya un set de productos de alimentación que aseguren que las familias argentinas coman bien. Y también está claro el objetivo de la estabilidad inflacionaria en esa alimentación básica.

–¿Cómo llegarían los alimentos a la gente?

–A través de los comercios minoristas y los supermercados. ¿Cualquiera podría comprarlos? Sí. No es como con la tarjeta alimentaria, que siempre tiene una connotación no deseada. Cualquiera podría comprarlos. Ahora, lo fundamental es que en La Matanza, Lugano o San Francisco Solano haya, sí o sí, numerosos comercios que vendan los productos básicos. Si en Palermo Chico no hay tantos, no es tan grave. Pero la calidad –vigilada por ONG– sería la misma en cualquier lado.

–¿Quién manejaría el sistema?

–La idea es que se use el concepto de la Junta Nacional de Granos, que compraba cuatro o cinco productos, principalmente trigo. A la cabeza estaría el Gobierno, pero en el directorio tienen que tener su lugar las organizaciones del campo, los industriales y los representantes de los comercios mayorista y minorista. Creo que el establecimiento de un sistema como éste requiere de un buen debate político y la opinión de la oposición.

–¿Tiene claros cuáles serían los alimentos de esa canasta?

–Mire, en 1948 Juan Domingo Perón se encontró con la enorme demanda externa de materias primas, producto de la recuperación de la postguerra. En abril de 1949 se convocó a un congreso sobre alimentación, porque siempre los especialistas han considerado que la autoestima y la identidad de un pueblo están muy relacionadas con lo que come. Una mesa bien servida tiene un significado importantísimo. Aquel congreso, que tuvo a Ramón Carrillo como gran protagonista, evaluó, por ejemplo, que resultaba decisivo extender la cadena de frío, o sea que la gente tuviera heladera. De allí surgió el impulso a Siam y Frigidaire. Y se decidió también una canasta de alimentos, una dieta, que estaba entre las más deseadas del mundo. El ciudadano tenía derecho, repito, tenía derecho, a esa canasta. Para darle una idea adicional, se fijó como plato de aquella dieta la carbonada, que incluía carnes menores, verduras, arroz y hasta alguna fruta.

–¿O sea que la canasta de Seguridad Alimentaria debería surgir de una evaluación de especialistas?

–Han pasado 60 años desde aquello y nosotros afrontamos otra cuestión de importancia. Nueva Zelanda, por ejemplo, exporta alimentos a un promedio de 1300 dólares la tonelada. En cambio, nosotros exportamos alimentos a seis veces menos de ese valor, menos de 300 dólares la tonelada. La Argentina está acostumbrada a consumir enorme cantidad de materias primas de alimentos, carne fresca, hortalizas, leche y derivados, frutas. En algunos casos, parte de eso va para la exportación: carne, leche y pocas frutas y hortalizas. Entonces creo que hay que empezar a promover, también como parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, la producción de platos preparados, ya no de la simple materia prima. Hay que aprovechar la técnica del supercongelado, que en seis minutos en el horno o en el microondas el plato queda listo, y generar platos preparados, alimenticios, de buena calidad y simples. Además, multiplica por ocho el valor económico.

–¿Y eso también se exportaría?

–Sí. Creo que en esto hay una concepción capitalista y una doblemente social. La industria de los platos preparados requiere de mucha mano de obra y, le insisto, que también está la concepción de la mesa bien servida en los hogares. Agrego otro elemento importante. Hoy se hace decisivo manejar la cronobiología, esto es la sincronización entre la producción y el consumo. En esa cadena se pierde mucho y el plato preparado juega un gran papel.

–Supongo que el papel del Estado es organizar y, sobre todo, financiar.

–Efectivamente. Esto tendrá una pérdida, que hay que estimar muy bien, pero lleva al mismo tiempo a eliminar los subsidios que hoy terminan en las grandes empresas. Tenemos que aprovechar la oportunidad que trajo la crisis con el campo. Se ha puesto sobre la mesa la legitimidad de las retenciones, que son claramente legítimas, pero lo concreto es que el productor recibe subsidios que no convencen, que llegan tarde o no llegan. Por ejemplo, acá estamos hablando de un subsidio pagado en el precio y no sujeto a que el productor haya pagado o no pagado sus impuestos. Es como si yo le dijera: “Le voy a aumentar el sueldo un 20 por ciento, pero todos los meses me tiene que presentar un certificado de vacunación”. Lo que yo propongo es algo directo, sin vueltas: el Estado compra los alimentos, paga tanto, lo entrega a la industria a tanto, ésta a los mayoristas a tal otro valor y al público llega al precio convenido.

–¿Cómo se fijarían los precios?

–Los precios son convenidos de antemano en el marco de una negociación global, con metas de producción, con la gente del campo sabiendo que el resto lo va a poder exportar, con las retenciones fijadas para el producto que va al mercado interno y para el que no va al mercado interno. Lo concreto es que el Estado le dice: “Yo te voy a comprar una parte a este precio”. Creo que, sobre esta base, el Indec perfectamente puede tener un índice relacionado con el Sistema de Seguridad Alimentaria.

–No faltará quien cuestione que semejante operatoria va a fracasar en manos de la burocracia estatal.

–Hablan de la burocracia estatal y no hablan de la burocracia privada. Además, estamos hablando de alimentos y de una situación de crisis mundial en esta materia, por lo que el Estado tiene que actuar y puede actuar de forma eficaz. Todos saben que existe una problemática entre precios externos y precios internos. Se ha visto en el conflicto del campo, que ya no es una polémica con un sector económico, sino con regiones enteras, donde las ciudades rurales también están comprometidas. Todo el mundo critica a Guillermo Moreno, pero nadie sabe bien qué hace. Aquí hay que tener una organización compleja, la del Sistema de Seguridad Alimentaria, y no un funcionario solo. Tenemos que terminar con los golpes de efecto y hay que debatir el funcionamiento con los que saben de alimentos: el Gobierno, con los especialistas, los productores, los industriales, los comercializadores. Propongo una discusión pública. Y, por supuesto, un debate político imprescindible.