No será prueba del mismo ímpetu innovador que se demostró con el colectivo, la birome o el dulce de leche, pero es cierto que la actual versión de las retenciones distingue a la Argentina entre los países de la región, que no las aplican. Sin embargo, está lejos de ser el único que grava o interviene de algún modo en el flujo exportador para capturar una renta extraordinaria de privados o para disciplinar el abastecimiento y precios en su mercado interno. China, Kazajistán o el propio Brasil son algunos ejemplos, entre tantos. Los países petroleros por excelencia ni se plantean esta cuestión: el Estado es soberano de ese preciado recurso.

La intervención estatal en las ventas al exterior de commodities, cuyos precios parecen no encontrar techo, es un recurso frecuente en el mundo, aunque no replique la discutida fórmula local. Un reciente informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) da cuenta de que existen casi cuarenta países que hoy regulan sus exportaciones con el fin de evitar que a su población le falten alimentos o que éstos resulten excesivamente caros.

Vietnam, principal vendedor del mundo de arroz, cerró el grifo de sus ventas externas con ese fin, al igual que Brasil, que suspendió las exportaciones arroceras para evitar un faltante. El principal socio del Mercosur no impone retenciones. Pero el control fiscal sobre la producción agrícola en general, cuyo propósito es permitir al fisco capturar su utilidad, es mucho más firme que el que hasta ahora ejerció la administración local sobre el campo. La informalidad, justamente, hace difícil una estrategia fiscal orientada a gravar las ganancias y no directamente el ingreso, como hacen las denostadas retenciones.

En la lejana Asia Central, Kazajistán honró su status de sexta exportadora mundial de trigo gravando las exportaciones de este cereal para frenar las ventas al exterior. China hizo lo propio no sólo con granos (el gigante importa y exporta productos agrícolas) sino que también impuso fuertes gravámenes sobre los agroquímicos necesarios para producirlos y sobre otros bienes que considera necesarios para atender la demanda interna. Así aplicó derechos sobre la venta de metales, con el llamativo argumento de que era necesario evitar el drenaje de energía utilizada en producirlos.

Los hidrocarburos siguen un camino similar a los alimentos, ya que resultan cada vez más caros y escasos. Argentina también grava las escasas ventas al exterior de gas, petróleo y naftas con retenciones que subieron de modo importante, acompañando el alza de los precios internacionales. Otra medida urticante, porque reformula el negocio de los operadores privados que despotrican contra lo que consideran “casi una confiscación”.

Esta controversia con el capital privado no existe en el rico Oriente Medio. El Estado es dueño del recurso a través de firmas como Saudi Aranco (Arabia Saudita), KPC (Kwait), o Petronas (Indonesia) u otras tantas. Quizás una consecuencia ilustrativa de este esquema propietario es el de la Burj Dubai: la torre más alta del mundo fue construida con fondos públicos de los Emiratos Arabes Unidos.

Cuando empezó la última escalada de los precios del crudo, Venezuela impuso el gravamen a la “renta súbita”, en alusión al repentino refuerzo de los ingresos de un sector, independiente de cualquier esfuerzo inversor o mejora en su productividad. Pero Hugo Chávez tomó esa decisión desde un lugar muy distinto, ya que las exportaciones hidrocarburíferas son manejadas por la estatal Pdvsa. Aquel impuesto ayudó a que las arcas públicas también participen de una porción del negocio de los privados que operan en tierra caribeña, con contratos ligados al precio internacional.

Una similar bonanza disfruta Chile con el cobre, cuyo valor se multiplicó varias veces en los últimos años. Pero la principal dueña del mineral es la estatal Codelco, que provee el 30 por ciento de los ingresos fiscales. No gravó las exportaciones de las mineras privadas que operan desde la década pasada, pero les impuso un royalty a la producción, alterando el ventajoso marco legal que las ampara. Aun a riesgo de que se vulnere el prestigio chileno de buen anfitrión del capital privado.