El triple crimen de General Rodríguez puso al descubierto la oscura trama del comercio ilegal de medicamentos y su cruce con el narcotráfico. Sebastián Forza, uno de los asesinados, era socio de droguerías y por reiteradas irregularidades había sido separado en abril como proveedor del Estado. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, explicó a PáginaI12 que en la Justicia se acumulan más de cuatrocientas denuncias por robo, adulteración y comercialización ilegal de remedios. En el juzgado federal de Norberto Oyarbide avanza una de esas investigaciones en las que aparece Seacamp S.A., una de las firmas de Forza. “Hay todo un formato de cómo esta gente ingresa en el mercado. Esta causa puede empezar a ser la punta de un iceberg que nos permita saber por qué están pasando estas cosas”, se esperanzó. La mortalidad infantil, la construcción de hospitales, la despenalización del aborto, la renuncia de Alberto Fernández y el rol de Néstor Kirchner completaron el diálogo en el inabarcable despacho presidido por un inmenso retrato de Evita.

–El Ministerio de Salud inició cuatrocientas causas por la comercialización irregular de medicamentos. Uno de los denunciados, Sebastián Forza, apareció muerto el miércoles en General Rodríguez. ¿En qué estado están esas investigaciones?

–Esas causas se iniciaron en los últimos tres años. Una parte importante se sumó este año, en el que le dimos impulso al control del área del Instituto de Medicamentos, de pesquisa. Estamos trabajando también en la trazabilidad de todos los productos, para tener la certeza de que son originales y básicamente para evitar esos fraudes; o, cuando se producen robos de medicamentos, evitar su comercialización. Trazabilidad es poder seguir desde la salida del laboratorio hasta la casa del paciente cómo se movió ese medicamento.

–Evidentemente estas causas avanzan muy lentamente.

–El tema es que son una más entre miles que tiene que llevar un juez y son causas complejas. Por ahí se está hablando de 500 pastillas que valen 30 mil o 40 mil pesos, pero ¿qué pasa? No hay una estructura para seguir las causas. Estamos proponiendo algo que nos dio muy buen resultado en el Pami: la fiscalía temática. Hoy hay un muy buen fiscal, Adrián Giménez, que está trabajando enormemente pero no tiene recursos extraordinarios. Creemos que tiene que haber una unidad, en la que esté Giménez, que ya tiene experiencia, pero que también sea acompañado para que pueda haber un seguimiento y básicamente un cruce de información. Cuando uno analiza las causas se encuentra que siempre se llega a los lugares comunes, es decir a un grupo de droguerías, que es la que se especializa en poner en el mercado y comercializar este tipo de drogas. Hay por un lado la denuncia penal y por otro está la sanción pecuniaria. Hay droguerías que tienen sanciones del ministerio y la verdad es que creo que un momento determinado hay que sacarlas del mercado y suspenderlas.

–¿Qué se hace concretamente con esas droguerías?

–En el caso de Seacamp hemos tomado la resolución de sacarla del registro, es decir que no exista más como droguería, y en algunos casos estamos clausurando. Creo que tiene que haber una figura penal específica para el tema medicamentos. Han empezado a avanzar algunas causas. Una que tiene Norberto Oyarbide, que en mayo último ha hecho una cantidad importante de allanamientos –no me quiero adelantar–, ha tenido resultados muy positivos.

–¿Por adulteración de medicamentos?

–Sí, por adulteración, por todas estas maniobras en las que hay una cantidad de droguerías y farmacias que son las que siempre aparecen a lo largo de los años. En esa causa se logró entrelazar varias causas individuales, porque eran medicamentos encontrados que pertenecían al programa de sida del Ministerio de Salud.

–¿Se tiene un cálculo de la cantidad de medicamentos de programas nacionales que han sido utilizados para adulterarlos o venderlos?

–No. Justamente estamos trabajando para tener un padrón y un formato de entrega que nos permita tener un mejor control. Nosotros en el Pami cambiamos la entrega desde la unidad de gestión y pasamos a entregar los medicamentos directamente en farmacias y a hacer un control de los prescriptores, es decir quien prescribía. Pudimos establecer una mejora en el control para evitar fraudes. En el Pami se está trabajando en la posibilidad del registro online de la receta.

–El titular del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Buenos Aires estimó que el mercado ilegal de medicamentos asciende a 1100 millones de pesos. ¿Es así?

–No sé de dónde saca las cifras, no tengo una cifra. Lo que sí hay también es la comercialización de medicamentos robados, camiones enteros, droguerías que son vaciadas por delincuentes y esos medicamentos vuelven al mercado. Lo bueno es que en la causa de Oyarbide avanzaron también en eso. Hay todo un formato de cómo esta gente ingresa en el mercado. Esta causa puede ser la punta de un iceberg que nos permita saber por qué están pasando estas cosas.

–Al conocer que Forza aparentemente era socio de Rubén Romano en los negocios de medicamentos, ¿qué lectura hace de este desenlace?

–Yo no sé, ni conozco, ni sé si tiene que ver con Romano porque no me consta. Lo que puedo asegurar es que Romano era un hombre a quien en el Pami todo el mundo le temía. Era el que tenía los contratos de la principal gerenciadora, que vendía medicamentos a través de sus droguerías Romalá y Prefarm. La verdad es que han hecho, durante años, muchas maniobras defraudatorias. Ese señor era un ordenanza en el año ’89 y a partir de sus vínculos con el gobierno de Carlos Menem, fundamentalmente a través de sus contactos con Luis Barrionuevo, logró un lugar muy importante. Yo tuve muchos problemas por sacarlo del Pami. Llegó a decir que era más barato mandarme a matar porque estaba perdiendo sus millonarios negocios y por esto está procesado. Eliminamos la compra a droguerías, compramos directamente a los laboratorios. En octubre último, a partir de una denuncia mía y de una investigación del doctor Carlos Stornelli y su equipo, encontramos cuentas en las islas Caimán, en París y en Suiza por casi 10 millones de euros. Se está investigando, pero sería central poder recuperar ese dinero. A veces la Justicia es bastante lenta y las transacciones financieras son muy rápidas. Ojalá podamos recuperar también los movimientos que se hicieron desde esa cuenta porque quizá nos cuenten un poco qué paso, quién cobró, aparte de Romano, en el Pami.

–¿Cuál es el control que se hace desde el Estado de los precursores químicos para la elaboración de drogas de diseño?

–El Sedronar es el organismo del Estado que realiza el control y autoriza tanto la importación como la exportación de los llamados precursores químicos, es decir aquellos productos que permiten, por ejemplo, transformar la coca en droga. Hay un registro de las empresas porque deben hacerse distintos controles para verificar la entrada y la salida de esos productos y tener controlados los stocks y cómo se utilizan esos elementos como la efedrina.

–Se habla de un importante incremento en la comercialización de efedrina, que sorprende.

–Sedronar podrá dar la explicación correspondiente porque es el ámbito que regula esto.

–Sebastián Forza aparece como uno de los aportantes a la campaña de Cristina Kirchner. Usted en su momento impulsó el tema de la transparencia en el financiamiento de los partidos. ¿Cómo se justifica esto?

–Creo que una de las discusiones pendientes es el financiamiento de los partidos políticos. Debe ser público, es una discusión que hay que dar con la sociedad. No le es caro a la gente solventar el financiamiento de los partidos, por supuesto no en grandes campañas, con límites en la utilización de medios masivos –eso a veces atenta contra algunos intereses–. En su momento, como diputada presenté proyectos al respecto. La verdad es que el financiamiento muchas veces ata. En este caso no, porque a esta empresa que puso dinero en la campaña presidencial en abril yo le revoqué su inscripción como droguería. No sabía que había puesto dinero. Para mí el que cumple cumple y el que no no, tampoco nadie se molestó por eso.