Como en los últimos meses de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelven a alinearse sectores opuestos que presionan al gobierno por una modificación del tipo de cambio. Esta vez no se trata de dolarizadores vs. devaluacionistas, pero el sentido del conflicto es el mismo: distintas fracciones del capital pugnan por mejorar sus ingresos, apreciando o devaluando el peso, en ambos casos sin preocuparse por sus efectos sobre el empleo y el salario.

¿Abajo o arriba?

El ex presidente del Banco Central Alfonso de Prat Gay sostuvo en declaraciones públicas la necesidad de robustecer el peso, de modo de que con 2,80 unidades sea posible comprar un dólar. Es obvio que esto pondría en emergencia a la industria, ya bastante alarmada por el retraso del tipo de cambio con que el Banco Central frenó una incipiente corrida contra el peso durante el conflicto por las retenciones móviles a las exportaciones de oleaginosas. Así se detendrían el crecimiento de la producción y la creación de empleos. En cambio convendría a todo tipo de acreedor externo, así como a las empresas privatizadas de servicios públicos que por los mismos pesos obtendrían más dólares. En el mismo sentido se pronunciaron ante las autoridades económicas, en privado, los integrantes de una misión de hombres de negocios organizada por el banco norteamericano JP Morgan, quien envió para acompañar a los inversores internacionales a un banquero argentino de Nueva York. En el otro bando, el coloso industrial italiano Techint ha iniciado una de sus sólitas escaladas de presión tendientes a conseguir el efecto contrario. Como uno de los mayores exportadores desde sus plantas en la Argentina, el emporio milanés incrementa sus beneficios cuanto menos vale la moneda nacional en relación con el dólar. Esta decisión explica la estrepitosa irrupción del vicepresidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, quien sostuvo que la inflación superaba el 25 por ciento, un dato tan difícil de sostener como el 8 por ciento de la estadística oficial.

La sombra de Mussolini

Sus compañeros de la UIA le dicen Mendicurren. Como lo demuestran sus antecedentes cuando fue uno de los ministros de la devaluación, nunca ha tenido verdadero cuidado por la inflación. Cuando vendió su empresa textil, colocó parte del dinero en el exterior y con el resto compró tierras en Tornquist, de modo de beneficiarse por partida doble con el estallido de la moneda nacional. El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain le respondió que lo que buscaba era una candidatura política dentro del armado del ex senador Eduardo Duhalde, a quien convenció de la pesificación asimétrica en 2002. De Mendiguren lo negó. En cualquier caso es ostensible que durante los cuatro meses activos del conflicto con las cámaras patronales agropecuarias, hizo todo lo posible para que la UIA no se alineara con el gobierno. A esa gestión, sostenida sobre la plataforma de acero de Techint, se debió que la UIA rehusara participar en el lanzamiento de la Agenda del Bicentenario si no eran de la partida los patrones de estancias y chacras. Por eso causó malestar entre los industriales que en pleno conflicto rural la presidente CFK se mostrara en la institución educativa montada por Techint en su sede de Campana, el 23 de junio, junto al heredero, Paolo Rocca. Duhalde cuenta con Mendiguren, algunos miembros de la Mesa de Enlace como Eduardo Buzzi, y con la siderúrgica italiana para impulsar su denominado Movimiento Productivo, del que está abriendo sedes en distintos puntos del país. En una de sus cada vez más frecuentes apariciones públicas, Duhalde comparó al ex presidente Néstor Kirchner con Hitler y Mussolini, como ya había hecho la creadora de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió. Este desborde de odio no deja dudas sobre la índole de la ofensiva en marcha, por más que Duhalde haya dicho después que no debió decir lo que dijo, no porque lo crea falso sino “porque no ayuda”. Es irónico que entre sus principales sostenedores esté el establecimiento industrial radicado aquí en la posguerra mundial por Agostino Rocca, el director de la siderurgia estatal italiana durante los años del verdadero Mussolini, quien utilizó para radicarla en la Argentina luego de la derrota del Eje capitales alemanes e italianos en fuga, con el beneplácito del Vaticano. El candidato de Duhalde a la presidencia es Felipe Solá quien, como ante todo, desconfía, y a la conducción económica Roberto Lavagna, quien esta semana sufrió un contratiempo serio con la decisión del juez federal Sergio Torres (designado durante el gobierno de la Alianza) de procesar a su persona de mayor confianza en el ministerio, el subsecretario legal Osvaldo Siseles y a otros tres abogados de su equipo porque “obligaron abusivamente al Estado Nacional, comprometiendo los intereses patrimoniales que le fueran confiados”. Se trata del Grupo Greco, al que intentaron pagarle 600 millones de pesos que no correspondían, según detectó la sucesora de Lavagna, Felisa Miceli, cuya abogada Alejandra Taddei, sucesora de Siseles en jurídicos, los denunció. Para el juez eran los Greco los acreedores del Estado.

El eslabón más débil

Mendiguren golpeó sobre el eslabón más débil de la cadena. El Indec es el blanco favorito de todos los ataques al gobierno, que no sabe, no puede o no quiere dar una explicación que haga comprensible para el pueblo los datos absurdos que reitera el instituto colonizado. Los funcionarios comprometidos con esa gestión dejan trascender en forma anónima, como versiones u off the record, parrafadas ideológicas de este tenor: “Otra vez los economistas ortodoxos erraron el diagnóstico. Por suerte, ahora no conducen el destino del país, porque sino todos sabemos cómo terminamos cuando, a partir de un análisis equivocado se aplican recetas más erradas aun”. Pero también filtran velados reconocimientos de la manipulación: “Como todo índice, que se aproxima a la descripción de una determinada realidad, está sujeto a diversas opiniones, en función de los intereses que exprese el que lo emite. Nótese que por la normativa vigente, el IPC que publica el Indec, debe ser utilizado por el Banco Central para calcular el coeficiente de Estabilización de Referencia, CER, que a su vez indexa aproximadamente 150.000 millones de pesos en bonos soberanos”. Un cálculo privado de especialistas que no trabajan para los tenedores de bonos y que se identifican como nac&pop indica que entre enero de 2007 y junio de 2008 el Tesoro ahorró unos 400 millones de dólares en intereses de la deuda ajustable por CER, de los cuales perdió la mitad como sobrecosto de colocación de deuda debido al aumento del riesgo-país durante el primer semestre de 2008. Las necesidades de financiamiento externo para 2009 superan los 10.000 millones de dólares, que con el riesgo país en el nivel actual originarían un costo financiero de hasta 2000 millones. Lo más importante es que por cada punto de inflación subestimado se evitó además un crecimiento del capital adeudado de unos 1000 millones, lo cual en un año y medio se aproxima a 10.800 millones de dólares. Dado el carácter acumulativo de la deuda, esta reducción del stock generará ahorros permanentes hasta completar los vencimientos de la deuda indexada. Esto explica, aunque no justifica, la prolongación del vandalismo sobre el Indec, aunque no puede ocultar que se ha llegado a un punto crítico. Por un lado vuelve a crear una situación de vulnerabilidad respecto del Fondo Monetario Internacional. Bastaría que su director, el ex ministro socialista francés Dominique Straus-Kahn, declarara increíbles los datos del INDEC, para que comenzaran los juicios en los tribunales de Nueva York, como autoriza la emisión de esos bonos, en demanda de la diferencia. Strauss-Kahn no lo hará mientras pueda evitarlo, pero los plazos se estrechan también para él. Además, los informes del INDEC devalúan la palabra oficial en cualquier terreno, lo cual dificulta cualquier acción que se emprenda en todos los campos. La situación es indefendible y el costo político inconmensurable.

En bicicleta

El jefe de gabinete, Sergio Massa no ha tenido hasta ahora la fuerza necesaria para conseguir el alejamiento del ministro de Economía Carlos Fernández, en cuyo sitial desearía ver al presidente del Banco Central, Martín Redrado. Durante una reunión realizada en Olivos para analizar el impacto de la colocación de bonos que los bancos venezolanos revendieron de inmediato, Massa pretendía que Fernández diera una conferencia de prensa acompañado por otros funcionarios para anunciar la recompra de bonos argentinos. La discusión concluyó cuando el ministro dijo que no tenía utilidad porque arreciarían las preguntas sobre el INDEC. Esa posición fue la aceptada. Desde hace varios años, ante cada vencimiento internacional importante, la Argentina vende un paquete significativo de bonos al gobierno de Venezuela, con el objetivo de que no se observe una caída en el nivel de reservas, que el gobierno considera con razón un poderoso instrumento defensivo. Pero esta vez el remedio fue peor que la enfermedad. Dado el riesgo país de la Argentina Venezuela aplicó una tasa de interés muy elevada, que no robusteció la imagen de solidez de las cuentas nacionales. Pero además, debido a la caída del precio del petróleo, que retrocedió desde casi 150 a poco más de 110 dólares el barril, los vendió de inmediato a los bancos venezolanos para hacerse de efectivo. La bicicleta financiera que el teniente coronel Hugo Chávez permite a los banqueros de Caracas, completó el círculo vicioso: compraron esos papeles con dólares adquiridos en el mercado oficial a 2,15 bolívares y los volcaron sin demora al mercado paralelo a 3,38, lo cual les permitió hacer una diferencia superior al 50 por ciento en un día, a costa del desplome de todos los bonos argentinos. Por maniobras similares con los diferenciales de cambio hay causas penales abiertas en Caracas contra operadores venezolanos. Es dudoso que al próximo vencimiento se repita el mecanismo, que el gobierno de CFK reconoce como autodestructivo. A su vez, Fernández y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, han aprendido que los reclamos silenciosos en palacio no son más efectivos que las abominaciones públicas para conseguir cambios en la Secretaría de Comercio Interior y en el Instituto de Estadística y Censos. Redrado, por su parte, consiguió que se levantaran las restricciones que dificultaban el ingreso de capitales golondrina. El pretexto fue un pedido del club de bancos propietario de VISA, de facilidades para ingresar al país 100 millones de dólares. Desde la gestión ministerial de Roberto Lavagna los capitales que ingresen del exterior deben inmovilizar durante un año un encaje del 30 por ciento. Esto obró como un fuerte disuasivo para las maniobras especulativas desestabilizadoras, que tanta incidencia tuvieron en las principales crisis financieras de la década pasada en todo el mundo. La suspensión de esa exigencia rige sólo por 30 días (Redrado quería 60) pero no puede descartarse su prorroga al vencimiento. Esto preocupa al ministro de Planificación, Inversión Federal y Servicios Públicos Julio De Vido, quien teme el efecto de un súbito retiro de fondos, ahora que los mercados financieros han pasado a la ofensiva, con las decisiones denigratorias de las dos calificadoras de riesgo estadounidenses, reflejo de la hostilidad que provoca la heterodoxia argentina. La presidente les recordó que veían aquí el riesgo que no supieron predecir en las hipotecas estadounidenses y sus derivados subprime, por lo cual están sometidas a investigación en Nueva York. Pese al mal augurio de Moody’s y Standard & Poor’s los fundamentos de la economía argentina tienen hoy la solidez que les faltaba en 2001: superávit en vez de déficit tanto fiscal como externo, cerca de la mitad de la deuda denominada en pesos y no en dólares y euros, un Banco Central con más de 47.000 millones de dólares en reservas que actúa como prestamista de última instancia, altos niveles de ahorro interno y de inversión, vencimientos de deuda pública cubiertos para el año en curso y manejables para el próximo con las fuentes financieras externas e internas disponibles. El presidente del Banco Central también ha conseguido frenar un proyecto de Comunicación A, que podría contener la fuga de capitales reaparecida mediante maniobras fraudulentas que implican el uso de prestanombres. La Circular está en poder del directorio desde mayo, pero Redrado se opone a su aprobación. La vigencia simultánea del ingreso irrestricto y del egreso sin control redondea las condiciones para una perfecta bicicleta financiera. Desde diciembre pasado, la salida de capitales (inversiones en el exterior de residentes, según la jerga de las cuentas nacionales) ha ido en crecimiento constante, de 334 millones de dólares el primer mes del actual gobierno a 1.312 en julio. El mayor aumento se verificó entre las personas físicas y las agencias bursátiles. En diciembre representaban el 25 por ciento de las salidas de capital, el mes pasado la mitad. El límite actual de acceso al mercado local de cambios de las personas físicas y jurídicas residentes en el país para la formación de activos externos es de 2 millones de dólares mensuales. Redrado quiere ampliarlo y otros directores plantean distintas formas de restricción y control. Por ahora, gana el golden boy.