¿Qué tienen en común un paciente que sufre una enfermedad crónica, un sindicalista corrupto, un médico especialista en oncología y el dueño de una droguería? Que todos ellos pueden estar implicados en una cadena de comercialización ilegal de medicamentos. Sí, el paciente también. La investigación de los negocios a que se dedicaba Sebastián Forza –uno de los tres que aparecieron baleados el miércoles pasado– permite vislumbrar una actividad cuyos crímenes tal vez no sean tan espectaculares (o tal vez sí), pero que no deja de producir víctimas: no sólo por medicamentos adulterados sino por las sumas millonarias que sus delitos sustraen a la salud pública. Las operaciones, que tendrían su eje en droguerías parecidas a la que regenteaba Forza, se organizan alrededor de los “medicamentos especiales”, de precios altísimos, donde “los márgenes de ganancia son tan grandes que pueden poner plata donde haga falta”, según una de las fuentes consultadas por este diario. En una punta del negocio de las droguerías está el comprador corrupto que, en la obra social, recibe el medicamento. En la otra punta, la de la provisión de las drogas, puede haber laboratorios legales, médicos, pacientes a quienes les “sobran” remedios, funcionarios de programas estatales pero, también, gente que, para robar camiones, sabe usar armas.

A diferencia del Dante, a quien le bastó un guía para conocer los detalles del Infierno, PáginaI12 necesitó cuatro para aprender un tanto sobre la comercialización ilegal de medicamentos en la Argentina. Estas fuentes, más precavidas que Virgilio, prefirieron reservar sus nombres. Según la fuente A –vinculada con entidades de profesionales farmacéuticos–, “el mercado donde prosperan formas ilegales de comercialización es el que se denominaba de ‘Oncológicos’, que hoy se designa como ‘Medicamentos especiales’ o ‘Tratamientos especiales’ e incluye también fármacos para enfermedades como el sida, la hemofilia o la esclerosis múltiple (PáginaI12 abordó aspectos de la comercialización de estos medicamentos el 28 de julio pasado). Las obras sociales más importantes, como PAMI o IOMA, no suelen entrar en este circuito, pero la mayoría de las obras sociales trabajan con droguerías o distribuidoras que se dedican especialmente a estos negocios”.

“Estos medicamentos tienen precios altísimos y márgenes de ganancia muy amplios. Un producto cuyo precio de venta al público es de, supongamos, mil pesos, puede tener un costo de 40 o 50 pesos. Entonces, la obra social puede comprar ese medicamento a 500 pesos, y así presentar en su balance que lo consiguió con un 50 por ciento de descuento: esto parece una compra muy buena, pero en realidad la operación se concretó a 200 pesos, con una ganancia de 300 pesos para el negociador de la obra social. Y la droguería, por su parte, vendió a 200 el remedio que le había costado 40”, explicó la fuente A, y estimó que “una buena auditoría en obras sociales demostraría fácilmente que estas compras no benefician a los afiliados, pero efectuarla implicaría soportar reacciones inmediatas de los sectores, entre ellos gremiales, beneficiados por estas maniobras”.

Así llegan los medicamentos a la obra social, pero también habría actividades ilegales en la otra punta de la comercialización, en la obtención de las drogas. Según nuestra fuente B –vinculada con la comercialización de fármacos– “estas droguerías obtienen mercadería a partir de robos de medicamentos procedentes de licitaciones en establecimientos públicos”; por ejemplo, robos de medicamentos del Programa de Sida, tal como informó este diario el viernes pasado. Pero las droguerías también consiguen remedios “gracias a médicos, por ejemplo oncólogos: como el médico administra él mismo la droga oncológica, solicita más cantidad que la que realmente va a utilizar, por ejemplo consignando que el peso en kilogramos del paciente es mayor que el verdadero, o registrando una dosis inexacta. Los médicos también pueden pedir a la obra social, además de la droga que realmente usan, una mayor cantidad para ‘acopio’, que eventualmente pasará al circuito ilegal. Todas estas maniobras les permiten guardar los medicamentos sobrantes y venderlos, a precios relativamente bajos, a una droguería trucha, que los hará reingresar en el circuito de comercialización”.

“Además, estas droguerías pueden comercializar productos obtenidos mediante robos con violencia, de los ‘piratas del asfalto’. Pero no sólo trabajan con medicamentos robados”, advirtió nuestra fuente C –relacionada con la provisión de medicamentos para obras sociales–. “El negocio siempre tiene alguna ‘pata’ en un laboratorio farmacéutico legal. Puede ser que un familiar del dueño de la droguería sea ejecutivo del laboratorio; a veces, un gerente de un laboratorio, después de décadas de trabajar en la misma empresa, arma su propia droguería y le compra a ese mismo laboratorio. La condición para el funcionamiento de estas droguerías es contar con buenas vinculaciones en las dos puntas de la comercialización. Tienen que ser amigos del productor y del comprador. Los márgenes de ganancia son tan grandes que pueden poner plata donde haga falta; como por lo demás, a su manera –sonrió la fuente C– hace la gran industria farmacéutica al ofrecer beneficios a los médicos”.

A esto contribuye lo que la fuente B llamó “un mercado clandestino de troqueles”, esa parte del envase que el farmacéutico corta y retiene como prueba de haber efectuado la venta por obra social. El mercado ilegal aprovecha el hecho de que todos los envases tienen su troquel pero éste no se utiliza en los medicamentos que el consumidor paga en forma privada: “Parte de esos troqueles sobrantes pueden pasar al mercado clandestino y servir para que medicamentos falsificados o pertenecientes a programas del Ministerio de Salud puedan entrar al sistema”, contó la fuente B. La fuente C agregó que “también hay un robo organizado de troqueles: hay operaciones delictivas contra farmacias que están primordialmente dirigidas a obtener troqueles”.

¿Desde cuándo prospera este sistema de comercialización ilegal? “Viene desde hace muchos años pero se desarrolló especialmente en la década de los 90 –señaló la fuente A–. En esa época se habían desarrollado sistemas poco transparentes, en especial las ‘mandatarias’, que intermediaban en las prestaciones. Incluso el PAMI llegó a entregar sus prestaciones a una mandataria vinculada con la industria farmacéutica, a partir de lo cual casi todas las obras sociales hicieron lo mismo. Esto cambió a partir de la crisis de 2001: desde entonces, las principales obras sociales blanquearon sus contrataciones; pero quedó el mercado de los ‘tratamientos especiales’, que mueve cantidades reducidas de medicamentos pero con precios altísimos. Acá siguen actuando los ‘valijitas’, como se los llama en el ambiente.” Según la fuente C, “estas droguerías son un submundo muy chiquito, de muy poquitas familias que están desde hace muchísimos años enquistadas en el Estado: pasan los gobiernos pero siguen las mismas tribus, en un rubro donde los niveles de intermediación son millonarios”.

Así, resulta aplicable al rubro medicamentos lo que el 9 de agosto pasado advertía a PáginaI12, con respecto a la sustracción de teléfonos celulares, un investigador en cuestiones del delito: los robos se generan cuando se han organizado mercados para los bienes robados. Establecido el mercado, no faltará quien provea los artículos: sea un ladrón callejero, para un celular de doscientos pesos, o un médico oncólogo para un medicamento de miles de dólares.