Legisladores de las provincias más perjudicadas votaron en contra del proyecto que beneficiaba a sus pequeños productores. Entre ellos el senador santiagueño Emilio Rached, quien luego de su sorpresivo voto dijo que “hoy tengo un millón más de amigos”. ¿Un millón? Rached fue vicegobernador y antes intendente de Pinto. Como tal firmó un acuerdo de hermandad con la localidad homónima de España, cuyo alcalde, Antonio Fernández González, debía entregarle más de un millón y medio de euros como ayuda humanitaria. Pero con esos fondos la firma agropecuaria AFAGRO S.A., de la cual el ex alcalde de la Pinto española es el principal accionista, compró una vasta extensión de tierras en la Pinto argentina, ocupadas desde tiempo inmemorial por campesinos cuyo desalojo violento fue ordenado por Rached, con la finalidad de trasladarlos a tierras fiscales, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE. En la semana posterior a su voto en el Senado se difundió la versión de que Rached había sido procesado por violar a una adolescente. En publicaciones santiagueñas se afirma que la víctima fue una niña de 16 años y que Rached consiguió la exención de pena a cambio de una promesa de matrimonio, como permite el artículo 132 del Código Penal. Añaden que el enlace nunca se celebró porque la muchacha murió en un misterioso accidente de tránsito. El senador lo negó y dijo que fue un intento de persecución por parte del juarismo. Pero en un parte policial del 29 de febrero de 1988 el principal Jiménez solicita antecedentes de Rached, detenido e incomunicado por la violación de la menor Eliana Elizabeth Cárdenas. En febrero de 1989 el gobernador no era Carlos Juárez, sino su principal enemigo, César Iturre. Otros votos en conveniencia propia fueron los del senador cordobés Urquía el Aceitoso, los senadores salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, también grandes productores y el senador santafesino Carlos Reutemann que, en comparación puede insistir en que es un productor en menor escala. Un grupo de concejales de la corriente política Militancia Social, que orienta el diputado nacional del Frente para la Victoria Ariel Pasini presentó una denuncia penal contra Urquía (productor en más de cien mil hectáreas y propietario de plantas de aceite, molinos de harina, puertos, ferrocarril y empresa comercializadora) por violar la ley de ética pública, que establece la nulidad de los actos realizados por un funcionario en beneficio propio y en contra del interés público y una pena de uno a seis años e inhabilitación perpetua.