Por lo menos ocho personas con hemofilia están involucradas en una causa penal por haber vendido ilegalmente unidades de un medicamento carísimo que habían recibido para sus propios tratamientos. Además, en más de 30 envases, el producto fue adulterado mediante el reemplazo del medicamento por talco. En uno de los casos, el paciente había promovido un recurso de amparo para obtener más cantidad de medicamento. Habría ocho obras sociales afectadas y más de cinco droguerías aparecen mencionadas. La investigación, que continúa ahora en sede judicial, fue puesta en marcha por la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat).

La pesquisa fue desarrollada en conjunto, por el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, dependiente de la Anmat, la Academia Nacional de Medicina, el Laboratorio Boehringer y una fiscalía, y se prolongó hasta julio pasado. “El medicamento es el Factor VIII –precisó una fuente que participó en la investigación–: cada frasco del producto tiene un valor de unos 5000 pesos en farmacias, y las obras sociales pagan entre 1300 y 1500 pesos por frasco.”

En la causa judicial figuran ocho pacientes: L. A. A., cuyas acciones podrían haber afectado al Instituto de Investigaciones Hematológicas; C. C., que podría haber perjudicado a la Obra Social de Maestranza; el paciente G. C. podría haber afectado a la Obra Social de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas; el paciente B. C. corresponde a la obra social Osuthgra; el paciente A. A. B. podría haber perjudicado a la obra social IPS de Misiones; M. N. S. podría haber perjudicado a la Obra Social Solidaridad; el paciente H. C. habría afectado a Profe Salud; F. E. B., a la obra social IPS de Misiones. Entre las droguerías mencionadas figuran: San Miguel, Danico, Bisol, San Javier y Satélite.

Según la fuente de la investigación, “los pacientes derivaban al circuito ilegal parte de los envases del medicamento Factor VIII que recibían. Por lo menos en un caso, la obra social se había negado a entregar la cantidad de medicamento solicitada pero el paciente, contando con la receta suscripta por un médico, presentó un recurso de amparo y el juez obligó a la obra social a entregar la cantidad requerida. En este caso, el paciente había declarado un domicilio que no era real, lo cual impidió efectuar el allanamiento para verificar el delito. Entonces, con la colaboración del laboratorio fabricante, tratamos de colocar, en uno de los envases que el paciente iba a recibir, un chip de referenciamiento para poder seguir su recorrido ulterior; pero no fue posible porque el envase, aunque carísimo, es muy pequeño”.

Además, “en uno de estos casos encontramos más de 30 frascos que habían sido no sólo sustraídos sino también adulterados: se les había retirado el medicamento y habían sido rellenados con talco y vueltos a cerrar. No pudimos establecer si lo había hecho el paciente mismo o los había entregado a alguien que había efectuado la adulteración antes de incorporarlos al mercado. Afortunadamente, todos estos envases fueron incautados”, contó la fuente de la investigación.