La Justicia argentina ordenó el embargo de ocho ex jerarcas del gobierno iraní y del grupo terrorista libanés Hezbolá acusados por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, al tiempo que criticó la “actitud protectora” del gobierno de Irán. La decisión fue adoptada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral apenas un día después de conocerse oficialmente la decisión de la Justicia iraní de no detener a esos ex funcionarios, solicitada por el magistrado argentino a cargo actualmente de la investigación.

En su resolución, Canicoba aludió expresamente a la nota de la Fiscalía de Teherán desechando el reclamo de la Justicia argentina y la calificó de “libelo” y “respuesta evasiva por lo genérica”, en lo que definió como una forma de protección hacia los acusados. El juez argentino hizo lugar al pedido de embargo de bienes por un millón de dólares formulado la semana pasada por el fiscal Alberto Nisman contra un grupo de altos funcionarios de la República Islámica de Irán, encabezados por su presidente al momento del atentado, Alí Akbar Rafsanjani. La orden de embargo, de ejecución impracticable, alcanza también al ex ministro de seguridad Alí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati; el ex jefe de la Guardia de los Pasdarnas, Moshen Rezahi; y el ex jefe de la Fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi. Además se impuso el embargo al ex consejero cultural en Buenos Aires, Moshen Rabbani; el ex embajador Hadi Soleimanpour y el ex secretario en la embajada en Argentina, Ahmad Ashgari, y sobre las cuentas bancarias del denominado Partido de Dios libanés (Hezbolá).

La medida fue solicitada por el fiscal especial de la causa AMIA para cubrir la reparación reclamada por primera vez en el fuero civil por una víctima del atentado, pero es de ejecución impracticable, por lo que la decisión de Canicoba fue leída en Tribunales más bien como un gesto político. Ra-bbani tendría propiedades en Argentina aunque los investigadores sospechan que estarían vinculadas con lo religioso.

“La circunstancia de que la República de Irán se haya negado de manera sistemática a colaborar en los requerimientos judiciales que le fueron formulados encierra una actitud ciertamente reticente y protectora para con los ciudadanos iraníes que se encuentran aquí imputados”, sostiene Canicoba en su resolución. Esta situación, añadió el juez, “permite seria y fundadamente presumir que este propósito de salvaguardia incluye el patrimonio de quienes son acusados y ahora demandados civilmente”. Canicoba destacó que “es una respuesta evasiva por lo genérica en relación con los distintos exhortos que a lo largo de la investigación hemos cursado”. Y cita el caso de “los pedidos de detenciones con miras de extradición de algunos de los imputados, ya que ni siquiera se mencionan en el libelo ninguno de éstos”.

Nisman había señalado en su solicitud que tanto el estado iraní como la organización Hezbolá –Partido de Dios– “resultan solidaria y plenamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida, a la integridad física, a la salud y a los bienes de los 85 fallecidos y de los más de 200 heridos”.