[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A cuatro meses del fracaso para establecer el régimen de retenciones móviles el gobierno nacional ha superado buena parte de las consecuencias políticas de aquella derrota. El Senado aprobó el presupuesto 2009 y Diputados reformó el sistema previsional con mayorías tan amplias que se acercaron a los dos tercios de los votos. Al mismo tiempo ha encaminado la defensa de la economía argentina frente a la gravísima crisis internacional con medidas que implican una salida progresista frente a las dificultades externas. También lo eran las retenciones móviles, cuya capacidad de previsión ha quedado demostrada con largueza en los últimos cien días, pero ahora le ha sumado la eficacia política que le faltó entonces. Así está aventando al mismo tiempo el fantasma de la ingobernabilidad y el temor a la inestabilidad económica. Esto no significa que la mayor hecatombe de las finanzas que haya conocido cualquier ser humano viviente que tenga menos de 85 años y la recesión global en ciernes que se anuncia como la más grave desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial pasarán de largo sin daños. Pero serán menores a lo que ocurrió en las últimas décadas con las crisis financieras mexicana y asiática y en comparación con lo que podría suceder si el gobierno estuviera en manos de cualquiera de los líderes argentinos de los últimos cincuenta años o de los que aspiran a serlo.

No es en absoluto una casualidad que el sistema de capitalización ideado para los ancianos de Subamérica por el Banco Mundial agonice y muera en el mismo momento en que la quiebra clamorosa de la ingeniería financiera especulativa de la que fue exponente permite la elección para la presidencia del mundo de un outsider como el senador Barack Hussein Obama, lo cual abre perspectivas interesantes para la Argentina, cuyos gobiernos de Néstor Kirchner y CFK fueron los primeros y los más radicales en cuestionar el funcionamiento del sistema surgido en 1944 en Bretton Woods. La votación del jueves comenzó a desactivar la bomba de tiempo que dejó el neoliberalismo en su retirada. Con el sistema que la semana próxima será derogado nadie cobraría por capitalización individual más que por el sistema de reparto y las mujeres estaban condenadas a cobrar menos que los hombres porque las tablas de cálculo financiero penalizaban la mayor expectativa de vida femenina.

Bloques

Como efecto no buscado pero consecuente con estas definiciones se asiste a un realineamiento político en los términos que el gobierno planteó en sus primeros años, no como la emergencia de nuevas coaliciones electorales sino como acuerdos en el Congreso, la sede de la soberanía popular que durante la presidencia de CFK ha adquirido un rol cada vez más determinante, con una calidad de funcionamiento que sólo de mala fe se puede negar. Quienes prefieren llamarlo la escribanía del gobierno o fruncir el ceño por el nivel de algunas intervenciones harían bien en ver u oír alguna sesión del más antiguo y prestigioso parlamento del mundo, donde los jefes de las bancadas se llaman látigos y tienen facultades para separar del bloque a aquellos legisladores que se oponen a las decisiones del partido por el que fueron electos. Sólo el pintoresco cruce entre María América González y Patricia Bullrich se aproximó a la intensidad de los debates en Westminster.

El Frente para la Victoria emerge de esta coyuntura como el eje organizador de una amplia coalición que se extiende hacia la izquierda, abarcadora del socialismo, el SI, el Encuentro Social y Popular, los radicales del Consenso Federal y los monobloques de Miguel Bonasso y Claudio Lozano. Para lograrlo aceptó una negociación política en la que introdujo varias modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Las más importantes:

- Inclusión en su texto del consejo consultivo del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que ya administra casi 25.000 millones de pesos. Lo integrarán representantes de los jubilados y pensionados, de la CGT y la CTA, de la Cámara de la Construcción, de la Unión Industrial y de las Cámaras de bancos.

- Reglamentación legal sobre el destino de los fondos. Como no se trata de dinero sino de posiciones de las AFJP, se respetó el reglamento vigente para no crear un desbarajuste a las empresas nacionales en las que se invirtieron. En cambio se prohibieron las inversiones en el exterior.

- Los fondos sólo podrán destinarse al pago de los beneficios previsionales. El excedente se invertirá en la economía real, en procura de un círculo virtuoso, creador de empleo y sustentabilidad del propio sistema.

- Se garantizará el empleo a los trabajadores de las AFJP.

Lo que queda de la UCR, la Coalición Cívica Libertadora y el Pro macrista asumen un sesgo de centro derecha cada vez mejor definido. Esto tampoco implica que vayan a coincidir en alguna boleta electoral. Por el contrario, no es imposible que en el próximo turno vuelvan a reunirse al menos en Santa Fe las fuerzas que responden a Elisa Carrió y a Rubén Giustiniani, pero cuando se trata de decidir sobre cuestiones de fondo, el apego de los socialistas a sus principios históricos limita el zigzagueo oportunista de la chaqueña, que sigue el dictado de otras voces. Su afirmación de que los fondos previsionales caerán en manos de una banda de ladrones hace descender al nivel de una letrina el debate político y agravia no sólo al gobierno sino al conjunto del electorado. No es una paradoja menor que al mismo tiempo el kirchnerismo se encierre en el círculo más reducido del justicialismo tradicional y en el cierre de listas bonaerenses no haya dejado espacios provinciales a quienes llegaron el año pasado por medio de las colectoras, como los intendentes del conurbano Francisco Gutiérrez, Darío Díaz Pérez y Darío Giustozzi, limitados a competir ahora por la conducción justicialista de sus respectivos municipios, mientras los barones del conurbano, como Mario Ishii, Raúl Othacehe o Alberto Descalzo consolidan su control del aparato apolítico, aideológico y amoral que construyeron bajo el duhaldismo hoy en disolución. La construcción de un sistema político menos contradictorio sigue siendo un horizonte lejano.

Ideologías

Esta descripción de la realidad resultará sin duda chocante a quienes consumen y reproducen las representaciones ideológicas de las alarmadas clases dominantes, que van desde las lamentaciones por la propiedad privada y la seguridad jurídica de la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense, la Asociación Católica de Dirigentes de Empresas, la Unión Industrial o la Asociación Empresaria AEA, hasta los clamores de la Coalición Cívica Libertadora por un presunto saqueo o los vaticinios de derrumbe del gobierno en las columnas políticas de La Nación. En un caso son advertencias amenazadoras y en otro expresión de deseos desvinculada de cualquier objetividad. Todos ellos preferirían respuestas a la crisis parecidas a la del gobierno menguante de George W. Bush, que echó mano a los fondos públicos para auxiliar a las entidades financieras y también a ciertas empresas industriales, mientras se rematan las viviendas de trabajadores y pequeños empresarios. Aquí, en cambio, el gobierno asume su responsabilidad como garante de última instancia de los ingresos de los más vulnerables y su principal inquietud es reducir al mínimo la destrucción de empleos. Hasta un analista tan liberal como Natalio Botana reconoció “lo que este gobierno ha hecho en materia previsional, sobre todo en relación con el haber mínimo”, en una columna disonante con las habituales de La Nación. Para decirlo con más precisión, habría que retrotraerse a 1955, cuando el derrocamiento de Juan D. Perón puso las cajas jubilatorias en las ávidas manos de gobiernos menos incapaces que indiferentes a la suerte de los trabajadores activos y, con más razón, retirados. La idea del saqueo que intenta instalarse desde esas trincheras es indigna de la calidad intelectual de algun@s de sus emisores y no soporta el cotejo con la realidad. Lo mismo vale para la presunta afectación de la propiedad privada, el desconocimiento de la seguridad jurídica, la intangibilidad de los recursos, la afectación del mercado de capitales o el apuro con que se trató la ley.

- La seguridad jurídica. El sistema creado durante la primera presidencia de Carlos Menem por su ministro de Economía Domingo Cavallo tuvo el mismo origen que su derogación ahora: una ley del Congreso. Pero mientras aquel régimen contrariaba las disposiciones constitucionales votadas por unanimidad en la Convención de 1957, éste las realiza. La incorporación de los trabajadores al sistema de capitalización no fue voluntaria, ya que para permanecer en el de reparto era necesario formularlo por escrito en un lapso fulminante. Luego del reclutamiento inicial la fuente de incorporación de ocho de cada diez afiliados a las gerenciadoras privadas fueron los denominados indecisos. El único derecho adquirido de los trabajadores es la percepción de un haber digno en el momento de la jubilación. Los catorce años transcurridos desde la creación de las primeras administradoras muestran que ninguna de ellas está en condiciones de satisfacerlo. El Estado debió acudir para subsanar esta incapacidad, tanto mediante el otorgamiento de una prestación a quienes por falta de empleo estable o de aportes suficientes no tenían ninguna, como mediante el pago de un suplemento a los mínimos provistos por las entidades financieras. Al desarmar el andamiaje financiero que pesaba sobre los recursos previsionales todos los jubilados mejorarán sus ingresos.

- La propiedad privada. Durante los tres lustros de vigencia del sistema que el Senado terminará de modificar esta semana las AFJP manejaron los fondos propiedad de los trabajadores como si fueran propios. Cobraron por la administración de este mercado cautivo comisiones extravagantes, incomparables con las que sus bancos accionistas perciben por la gestión de las cajas de ahorro o las cuentas corrientes voluntarias. Incluso obtuvieron un decreto del gobierno de la Alianza que les permitió entrar a los fondos individuales para cobrarse las comisiones cuando sus titulares no tenían ingresos sobre los cuales aportar. Los beneficios por comisiones superaron los veinte mil millones de pesos, a pesar de que las inversiones que realizaron con esos fondos no fueron las mejores. Durante los años en que el criterio de egoísmo intergeneracional de Cavallo redujo los aportes de los trabajadores del 11 al 5 por ciento, la mitad de esos aportes se fueron en comisiones. En el promedio de vida del sistema ascendieron a un tercio de los aportes. Recién cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma al Congreso las empresas gerenciadoras ofrecieron reducirlas en forma sustancial, tardío pero categórico reconocimiento de la práctica abusiva con que lucraron a expensas de sus empobrecidos clientes.

- La intangibilidad. Este reclamo de pura demagogia tiene alto impacto entre las personas que menos conocen de cuestiones económicas. Su aplicación estricta implicaría guardar todos los billetes aportados en una caja de seguridad, que recién se abriría en el momento de la jubilación de cada titular. Ni siquiera con la ayuda del INDEC/Moreno se evitaría la depreciación de esos recursos. Aplicar esos fondos a inversiones productivas es parte de un círculo virtuoso creador de riqueza y empleo, que la oposición demoniza como un robo.

- El mercado de capitales. La creación del sistema privado y la rebaja de las contribuciones patronales desfinanciaron al Estado, que fue el principal tomador de fondos a interés de las AFJP. Nunca el Estado fue tan bobo. Cedió ingresos propios que administraba a bajo costo y para cubrir el déficit subsecuente tomó esos mismos recursos en préstamo a altas tasas. Según los años, de cada 10 pesos recaudados entre 6 y 8 pesos se prestaron al Estado. Las empresas dicen que lo hicieron obligadas por el Estado, pero nunca se las oyó reclamar con la energía que ponen ahora. Otras colocaciones fueron realizadas en el exterior, sin tomar recaudos que impidieran situaciones expropiatorias como las que plantea ahora la justicia de Nueva York, que ha congelado fondos de los jubilados argentinos para pagar a los especuladores que invirtieron en los denominados fondos buitre.

- El apuro. La oposición empresarial, política y periodística señala que un sistema de previsión social no puede modificarse de apuro, sino como consecuencia de una larga deliberación en la que todas las opiniones sean escuchadas. Este razonamiento, admisible en tiempos normales, no soporta el análisis en situaciones de catástrofe como las que atraviesa hoy el mundo. Menos tiempo necesitó Henry Paulson para negarse a socorrer a Lehman Brothers, con lo que precipitó la corrida, y el Congreso de los Estados Unidos para tratar el programa de rescate de los bancos por 700.000 millones de dólares. Qué la respuesta rápida se considere meritoria en un caso y no en otro sólo depende de quiénes son los beneficiarios en cada uno. Por otra parte, la discusión acerca del sistema jubilatorio no llevó un mes, sino quince años, desde que el menemismo abrió esa caja de Pandora.