El juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas, elevó a juicio oral y público dos causas por violaciones a los derechos humanos con media docena de imputados, entre los que sobresalen el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex gobernador tucumano durante la dictadura, Antonio Domingo Bussi. Ambos represores fueron condenados a reclusión perpetua en agosto del año pasado por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, aunque sólo Menéndez pasa sus días en una cárcel: Bussi goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena, en las afueras de San Miguel.

En el primer expediente, el magistrado determinó la existencia de un centro clandestino en la Jefatura de Policía, a diez cuadras de la Plaza Independencia. La importancia de esta causa radica en que es la primera vez que la Justicia tucumana centraliza en una acusación sobre un centro de detención un conjunto de desapariciones forzadas y torturas (alcanza a veinte víctimas en total) y no casos aislados. Además de Bussi y Menéndez, los imputados son el ex jefe de policía teniente coronel Albino Mario Alberto Zimmermann, el ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la policía comisario Roberto “El Tuerto” Albornoz, el ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería general Alberto Luis Cattáneo y tres ex policías: los hermanos Luis y Carlos De Cándido y María Elena Guerra. La ex jefatura funcionó como centro clandestino entre 1975 y 1983 y actualmente es sede del Ministerio de Educación provincial.

La segunda causa es por el fusilamiento de cinco militantes montoneros el 20 de mayo de 1976 en una casa del barrio Esteban Echeverría, a 30 cuadras del centro de la capital tucumana. Según el comunicado difundido por el Ejército y publicado en diarios de la provincia, efectivos militares y policías “abatieron” en un “enfrentamiento” a “una célula” conformada por María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, la mayoría de ellos oriundos de Santa Fe.

La versión oficial quedó desvirtuada por los propios informes de los forenses de la policía: determinaron que las muertes se produjeron por múltiples impactos de bala y explosivos, y que los cuerpos evidenciaban estallido de cráneo por disparos efectuados a corta distancia. Quienes deberán rendir cuentas por violación de domicilio, homicidios calificados y asociación ilícita son, en este caso, Menéndez, Zimmermann, Cattáneo y Albornoz. La elevación a juicio había sido solicitada en mayo pasado por el fiscal federal Emilio Ferrer. Bussi aún no fue procesado en esta causa, conocida como “Niklison”, porque no se presentó a la indagatoria, argumentando problemas de salud. Pero si ese acto procesal se concreta antes de que el Tribunal fije fecha de inicio de las audiencias, el dictador tucumano también deberá rendir cuentas por los cinco crímenes.