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Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.

El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.

González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.

Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.

Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.