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La trata de personas es un desafío fundamental y de crucial importancia en el área de los derechos humanos y la aplicación de la ley. Todos los días hombres, mujeres y niños son obligados a trabajar en lugares donde son explotados a cambio de una paga miserable, en obras en construcción, prostíbulos, hogares privados y en el campo. Privados de sus derechos humanos, muchas de las víctimas son objeto de amenazas contra su persona y familia, violencia, horribles condiciones de vida y lugares de trabajo peligrosos.

El comercio esclavo actual es la tercera industria criminal en el mundo y la de mayor crecimiento, ya que ha sido un delito de altas ganancias y bajo riesgo. Hasta ahora. En todo el mundo, los gobiernos y ciudadanos preocupados con esta cuestión están respondiendo al llamado de la conciencia para ponerle fin a la degradación de hombres, mujeres y niños. Están dando pasos concretos para reducir esta práctica horrible y para ayudar a cientos de miles de personas que son sus víctimas.

Esta semana, los gobiernos de Argentina y Uruguay copatrocinan la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la OEA. El encuentro es una oportunidad para la región de unirse para que cada país pueda aprender de los otros y desarrollar un marco de referencia dentro del cual abordar desafíos comunes en la lucha contra la trata de personas, incluyendo el trabajo forzado, dentro de nuestras fronteras y en toda la región. El encuentro es un ejemplo del creciente compromiso de la comunidad internacional de atacar frontalmente la trata de personas. Desde mi llegada a la Argentina, hemos incrementado sustancialmente la cooperación bilateral y multilateral para combatir este flagelo.

Los estados-miembro de la OEA han demostrado gran liderazgo en la lucha contra este crimen. La mayoría de los países de la región han ratificado el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y muchos han sancionado legislación anti-trata que dispone protección a todas las víctimas, ya sean extranjeras o locales, menores o adultos, hombres o mujeres. La toma de conciencia oficial y pública del problema (incluso sobre los delitos de trabajo forzado) está creciendo. En toda América latina y el Caribe, los procesamientos por trata de personas aumentan gradualmente. Por ejemplo, en 2007 hubo 409 procesamientos y 110 condenas. Esto representa más del doble de los esfuerzos conjuntos desde 2005.

Con todo, hay todavía mucho trabajo que hacer. Tristemente, la extendida corrupción oficial a través de América latina y el Caribe dificulta la imposición de duras condenas contra las redes criminales involucradas. En países donde la prostitución es legal, muchas autoridades judiciales desestiman potenciales casos de la explotación sexual y no investigan más allá para comprobar si los proxenetas y/o dueños de burdeles utilizaron fuerza, fraude o coerción para mantener a víctimas adultas en estado de esclavitud sexual. O si los niños, que no están facultados a brindar su consentimiento a su propia explotación conforme al derecho internacional, son víctimas de explotación con fines comerciales.

En los países donde los fiscales han logrado progresos, los procesamientos se han centrado en el tráfico de menores para explotación sexual con fines comerciales así como en el procesamiento de “clientes” que buscan sexo comercial con niños. Existen considerablemente menos procesamientos de casos de trata de personas para el fin de la explotación sexual que involucren adultos, así como también de delitos que involucren trabajo forzado y servidumbre doméstica. En muchos países latinoamericanos el trabajo forzado o el trabajo infantil constituyen un delito administrativo, no un delito penal, cuya sanción a menudo no se torna exigible. El turismo sexual también es un problema y es una cuestión que debe abordarse desde todos los ángulos: ponerle fin tanto a la demanda local como de turistas y ponerle fin a la oferta. Finalmente, la asistencia a la víctima provista por los gobiernos de la región está dirigida con abrumadora preponderancia a menores, y hay pocos o ningún servicio disponible para adultos. Si bien la región ha progresado en el tema durante la última década, debemos reforzar la coordinación regional y continuar desarrollando nuestros programas y políticas nacionales de prevención, protección y procesamiento legal.

Como democracias comprometidas con la defensa de la dignidad humana, los estados-miembro de la OEA están trabajando juntos para asegurar que esta forma moderna de esclavitud no persista durante el siglo XXI. EE.UU. se enorgullece de ser parte de esta iniciativa. Juntos, podemos ponerle fin a este delito horrible y degradante persiguiendo a aquellos que lucran con el sufrimiento humano. Juntos podemos restablecer la dignidad de las mujeres y niños prostituidos, del trabajador doméstico golpeado, del trabajador agrícola atrapado y del trabajador textil explotado.

* Embajador de los Estados Unidos en Argentina.