[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Con la imagen de los candidatos como principal emblema de la campaña electoral, las propuestas quedaron reducidas a consignas ideadas por publicistas y las plataformas electorales –que antes definían las posturas de partidos políticos frente a los aspectos centrales de la vida política– se transformaron en una formalidad que exige la Justicia y que pocos conocen. Página/12 rescató “las plataformas” publicadas en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación para saber cuáles son las propuestas que los distintos frentes electorales de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires llevarán al Parlamento.

No todos tomaron por igual la elaboración de una plataforma electoral para presentarla como un compromiso político ante los ciudadanos. El bonaerense Frente Justicialista para la Victoria (FJV) eligió una declaración general de principios con escasas precisiones, mientras el frente kirchnerista de la ciudad (Encuentro Popular para la Victoria-EPV) plantea propuestas que antes no estaban en los planes del oficialismo. El PRO hace una extensa lista de reclamos al Estado nacional pero omite cualquier mención a la reclamada implementación de la Ley de Comunas, mientras que la plataforma que firma con sus socios del peronismo anti K en la provincia (Unión-PRO) plantea propuestas que el propio Mauricio Macri vetó en su gestión.

El Acuerdo Cívico y Social (ACyS) que conforman la CC, la UCR, el GEN, el cobismo y el PS prefirió hacer una propuesta general para ambos distritos con ejes en la reforma y la conformación de los organismos de control sobre el Estado. El Frente Es Posible (FEP) de los hermanos Rodríguez Saá, se quedó en 2007 o se adelantó a 2011, ya que su plataforma es un largo listado de temas que “llevaremos adelante” cuando lleguen el gobierno, aunque se trata de una elección parlamentaria. Los frentes de izquierda se pusieron de acuerdo en sus respectivas plataformas con ejes en las demandas laborales y de los sectores sociales “desprotegidos”.

Otros frentes electorales, en cambio, presentaron plataformas “provisorias”, como Proyecto Sur (P. Sur) –Fernando “Pino” Solanas– que formó la semana pasada una comisión que redactará la propuesta final, o el bonaerense Nuevo Encuentro (NE) –Martín Sabbatella– que todavía trabaja en una plataforma sobre diez puntos centrales. Algunos, como el nuevo reagrupamiento que lleva al ex subcomisario Luis Patti, preso por delitos de lesa humanidad, ni siquiera la presentaron.

Derechos humanos: Casi todas las plataformas hacen referencia a la reafirmación o profundización de la política de derechos humanos, salvo el marginal Partido Popular por la Reconstrucción que propone una ley de “reconciliación nacional” y el “indulto” a todos los procesados por delitos de lesa humanidad. El PRO plantea como definición de principios que “el auténtico fundamento de la sociedad es el respeto a la persona humana y a la familia”.

Trabajo: El kirchnerismo propone “solvencia fiscal para el desarrollo de la obra pública” que genere empleo, además de estimular “créditos para la producción” que incluya a pymes y cooperativas que promuevan “la reinserción laboral” de quienes perciben planes sociales. El ACyS propone “desahogar” la rentabilidad empresaria para provocar “la reactivación y el desarrollo productivo”, y “estimular la expansión de servicios informáticos”. El bonaerense NE plantea “promover las pymes que generan mayor cantidad de empleo” y una “reforma tributaria en la que aporten más los contribuyentes de mayor capacidad económica y que desaliente el capital ocioso y especulativo”. Unión-PRO quiere “un régimen de desgravación impositiva para quienes amplíen su planta laboral” y “aumentar y extender los subsidios de desempleo”. El PRO no dedica ni una línea al tema laboral. El PS porteño, ACyS, el PO, los frentes de izquierda (PTS, MAS e IS; MST, MIJD e IU) reclaman “aumentos salariales” y sumados a P. Sur y NE proponen el libre ejercicio de la “democracia sindical”.

Ayuda social: P. Sur, NE, ACyS y el PS porteño proponen la “universalización” de subsidios a la niñez y de la ayuda social. De Narváez quiere un “ingreso de inclusión familiar” por dos años y el PRO una “política de hambre cero” con el “mantenimiento de los programas de emergencia”. El bonaerense FJPV quiere implemetar desde el Estado y junto a las ONG “una red que garantice la comida en cada hogar” y el porteño EPV que “la asistencia a población más vulnerable debe garantizar condiciones de vida razonables”.

Educación: Aquí casi todos coinciden en que el Estado debe “garantizar el acceso a la educación”. El ACyS sólo plantea “una ley de educación superior que promueva el pluralismo, la investigación y, especialmente, el vínculo de las universidades con la sociedad y el mundo del trabajo”. Con vocación de cartógrafo, De Narváez propone “un mapa de educación urgente” para luchar contra la deserción escolar y “garantizar” el cumplimiento del ciclo lectivo de 180 días de clase. El FJPV quiere implementar “un sistema de becas para evitar que ningún alumno deba abandonar sus estudios” y también “garantizar un mínimo de 220 días de clases efectivos” anuales. El PRO quiere alcanzar “la capacitación y jerarquización salarial” de los docentes, con quienes se enfrentó duramente por su lucha salarial. NE, “la creación de mayor cantidad de escuelas y jardines” de acuerdo a la densidad poblacional. Para P. Sur el presupuesto educativo debe alcanzar “el 30 por ciento del presupuesto” de la ciudad, mientras que para el PS porteño el presupuesto nacional debe alcanzar el “6 por ciento” del PBI.

Salud: El kirchnerismo sostiene una “reforma al sistema de salud con eje en el hospital público” y el “fortalecimiento de salas de primeros auxilios” para “descompimir la tarea de los grandes centros de salud”. Unión-PRO quiere implementar “un laboratorio público para la producción de medicamentos y vacunas”, algo que Mauricio Macri vetó en la ciudad a pesar que la ley similar tenía el apoyo unánime de la Legislatura porteña. El FCyS propone la “extensión del seguro de salud a los desempleados y la mejora de los servicios públicos”. NE propone el “nombramiento real y efectivo de personal necesario para la cobertura de la totalidad de los servicios” en los hospitales públicos.

Seguridad: La campaña de De Narváez ha hecho de la seguridad el principal eje de su campaña, pero su plataforma no va más allá de las propuestas que comparte la mayoría de los partidos, incluso el oficialismo desde sus medidas de gobierno. Como novedad, el empresario alienta la inclusión de la cuestionada seguridad privada a la prevención con “la creación de canales necesarios para que la seguridad pública y la privada estén en permanente contacto y así mejorar la detección temprana de delitos y su sanción”, además la “oralización” de todas las etapas de la Justicia penal. El PRO reclama a la Nación la reforma de la ley Cafiero para que la ciudad “pueda contar con instituciones (Justicia y Policía) propias”. El ACyS, en tanto, pide la reforma de ley orgánica de la Policía Federal para transformarla en una especie de FBI argentino. P. Sur y NE destacan en sus plataformas “el combate a la corrupción policial” y la conformación de “una nueva policía” en sus respectivos distritos.

Retenciones: Sin mayores detalles, el grueso de la oposición propone la reducción y segmentación de las retenciones. Unión-PRO plantea “impulsar la revisión integral de las políticas de retenciones, disminuyendo gradualmente las alícuotas y segmentando el tributo por cultivos, escalas y regiones”. Rodríguez Saá propone “la reducción progresiva hasta su eliminación de las retenciones a las exportaciones”. El ACyS alienta “reducir y segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias sin que ello comprometa la solvencia fiscal”. La izquierda va desde la segmentación que cargue el grueso del gravamen a los “pooles sojeros” hasta la “reforma agraria”. P. Sur y NE, pese a que se pronunciaron públicamente a favor de la movilidad y segmentación de las retenciones, no tienen el tema como eje de su plataforma. El oficialismo plantea la “creación de un ente” que regule exportaciones y mercado interno en la actividad agropecuaria. El PRO ni siquiera menciona el tema, que fue uno de sus estandartes contra el oficialismo en el Congreso.