Lula dio marcha atrás con la comisión de la verdad, ante el planteo de las Fuerzas Armadas y del ministro de Defensa del Brasil, un civil convertido en vocero de la corporación, como ocurría antes aquí con los titulares de ese cargo. En Uruguay, la votación plebiscitaria contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado volvió a quedar unos puntos por debajo del 50 por ciento. Aquí, en cambio, debió renunciar el ministro Abel Parentini, que fustigó el enjuiciamiento de los jefes de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina y fue desautorizado por su propio partido el asesor de Maurizio Macri, Diego Guelar, quien dice haber sido montonero pero es más conocido por el vaciamiento del Banco del Oeste. La legisladora del PRO, Laura Alonso, la juventud partidaria y hasta Jorge, el primo inteligente de Macri, dijeron que la impunidad no era la política del partido que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Argentina y Chile constituyen así la vanguardia regional en el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad, declarado obligatorio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Chile ese avance está amenazado por el candidato de la derecha, el empresario Sebastián Piñera. Durante una reunión con retirados de las Fuerzas Armadas, dijo que los juicios no podían arrastrarse para siempre, pero esa opinión no figura en su programa electoral, que sólo incluye en el rubro defensa mejoras provisionales y de salud para militares y policías. En la Argentina la Corte Suprema de Justicia declaró que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni su persecución caduca por el mero paso del tiempo.