El titular del gremio bancario, Juan José Zanola, no tuvo la misma suerte que su esposa, Paula Aballay, liberada la semana pasada por dos camaristas que estaban de turno en la feria judicial. El sindicalista ni siquiera consiguió la prisión domiciliaria, rechazada ayer por la Sala II de la Cámara Federal, que interviene desde un comienzo en la megacausa de los medicamentos. El tribunal reiteró que, si no cumple la detención en el penal de Marcos Paz, existe “peligro” de que “entorpezca el desarrollo de la pesquisa” y comprometa “seriamente” la “efectividad” de las medidas que todavía se están realizando. También rechazó la excarcelación de Susana Fionna, una subdirectora del Policlínico Bancario, y de María Victoria Berisso, mano derecha del empresario Néstor Lorenzo –también detenido–, dueño de la droguería San Javier.

Zanola está procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a comercializar y distribuir medicamentos adulterados, vencidos y robados (algunos por piratas del asfalto, otros sustraídos de programas de distribución gratuita del Ministerio de Salud), y cobrarle al Estado tratamientos costosísimos para pacientes oncológicos, hemofílicos y con VIH. La Sala II de la Cámara Federal ya había rechazado excarcelarlo por las chances de que obstaculice la investigación, ante todo teniendo en cuenta su liderazgo en la banda. Ayer, en respaldo al juez federal Norberto Oyarbide, los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah añadieron otros argumentos:

- Que tener más de 70 años (Zanola tiene 75) no significa que la prisión domiciliaria corresponde automáticamente. Concederla queda a criterio del juez de instrucción.

- Que según un informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense, en el penal donde está alojado, el dirigente bancario tiene todo lo que requiere para atender su “enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa” y su “insuficiencia cardíaca”.

- Que la liberación de su pareja, Aballay, también procesada por Oyarbide como organizadora de la asociación ilícita, con un papel fundamental dentro del Policlínico Bancario, “incrementa” el “riesgo” de que “obstaculice el esclarecimiento de los sucesos”.

En sus tres nuevas resoluciones, los camaristas deslizan un cuestionamiento a la decisión que tomaron sus colegas de la Sala I que estuvieron de turno la semana pasada –Eduardo Freiler y Jorge Ballestero– por haber liberado a Aballay, quien se había presentado pidiendo un procedimiento abreviado. La Sala II advierte que la mujer, “además de conformar” el “núcleo íntimo de convivencia” de Zanola, “está alcanzada prima facie con igual grado de responsabilidad en las maniobras que se investigan”. Su excarcelación, se despegan, “es absolutamente ajena a la actividad jurisdiccional de los suscriptos”. “La evaluación de riesgos procesales debe ser efectuada tras el debido estudio de las constancias reunidas y atendiendo a las particularidades de cada caso”, señalan.

Tal como era previsible, el beneficio conseguido por la mujer de Zanola sería reclamado en hilera por otros imputados invocando el criterio de los jueces de feria: Aballay ya había sido procesada, las pruebas estaban reunidas y por lo tanto no veían qué podía obstaculizar. Pero los tres jueces de la Sala II ayer reafirmaron su criterio original al confirmar la detención de Fiona y Berisso. Subrayaron que la investigación está “en pleno desarrollo, restando entre otros aspectos profundizar la pesquisa en orden al inicio de la cadena de comercialización de los medicamentos cuestionados, ya sea porque presentaban su contenido adulterado o porque habían sido desviados de su destino original, que era la entrega gratuita a los beneficiarios”. Y además, sostienen, aún no se ha determinado el “real alcance de las maniobras investigadas”.

La otra parte de la maniobra era el cobro, a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, de tratamientos y medicamentos inexistentes. Se armaban historias clínicas con troqueles falsos (el cuadradito con código de barras de las cajas de remedios) y recetas truchas. En el juzgado tienen una heladerita de telgopor llena de miles de troqueles apócrifos secuestrada en el Policlínico Bancario.

Fiona era, según la investigación de Oyarbide, quien secundaba en funciones a Aballay y varios testigos la señalaron como la responsable de la provisión de remedios a los afiliados. En un allanamiento en su oficina, en la caja fuerte se encontraron un remito correspondiente a remedios truchos y hasta una declaración testimonial de la causa. Berisso era secretaria de Lorenzo, y en su casa apareció importante documentación vinculada a la Droguería San Javier, implicada en un sinfín de maniobras con La Bancaria y se sospecha que también con otras obras sociales. De hecho, en la megainvestigación de Oyarbide aparecen señalados más de setenta sindicatos.

En los próximos días la Cámara tendrá que seguir resolviendo otros planteos de excarcelaciones ya rechazadas por Oyarbide, como las de Lorenzo y sus socios.