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Fernando “Pino” Solanas encabezó a un grupo de diputados que hicieron ayer una presentación ante la Justicia para reclamar la suspensión del canje de deuda anunciado por el Gobierno y pedir que se declare inconstitucional el decreto 1953 del año pasado, que faculta al Ministerio de Economía a renegociar la deuda con acreedores privados. En diálogo con Página/12, el cineasta explicó su idea: “Que no se pague a ningún acreedor que esté siendo investigado en la Justicia, y que el Congreso asuma su obligación constitucional de investigar el conjunto de la deuda pública”.

“Están hipotecando el futuro de la Argentina –denunció Solanas minutos después de presentarse ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Ernesto Martinelli–. Esto es una bomba de tiempo, al Gobierno que venga le va a estallar en las manos”. El titular de Proyecto Sur, junto a sus compañeros de bancada Alcira Argumedo, Claudio Lozano, Liliana Parada, Victoria Donda y Jorge Selser, y el abogado especialista en el tema Alejandro Olmos, se reunieron con el magistrado para darle una primera introducción a la medida cautelar de 82 carillas. La intención de esta demanda es que “hasta que el juez determine, el Poder Ejecutivo debe abstenerse de efectuar cualquier tipo de negociación” con los bonos.

“Tengo confianza porque es muy grosero lo que se intenta hacer”, confió Solanas a este diario. “Esperamos que se haga justicia –continuó–. Bajo ningún concepto la Argentina puede pagar, y menos con reservas.” En términos más jurídicos, el abogado Olmos detalló que “el elemento fundamental es que el Gobierno no puede afectar ningún fondo cuando la deuda está sospechada no sólo de ilegitimidad sino de ilegalidad y de delitos de acción publica”. La demanda se basa en tres causas que lleva adelante el juez federal Eduardo Martínez de Giorgi, en las que investiga el endeudamiento desde el retorno de la democracia, y en el fallo de Jorge Ballestero, en base a una denuncia del mismo Olmos, que decretó la ilegitimidad de la deuda externa contraída durante la última dictadura.

Pero el trámite no es tan sencillo: primero, el juez Martinelli debe decidir si habilita o no la feria para tratar la demanda, es decir, si considera que el asunto reviste urgencia. Luego deberá analizar si los diputados de Proyecto Sur tienen legitimidad para promover la medida cautelar, lo que es dudoso, puesto que el Congreso ya se expidió sobre el tema al aprobar la ley que destrabó el canje.

“Proponemos que no se pague a ningún acreedor que esté siendo investigado por la Justicia –detalló Solanas–, y que el Congreso asuma su obligación constitucional de investigar el conjunto de la deuda pública.” La iniciativa de Proyecto Sur incluye la conformación de una comisión bicameral con la participación de técnicos especialistas y pedir la supervisión del proceso por parte de La Haya.

Solanas sabe que en ésta no contará con el apoyo de otros sectores. “En general, sobre la política de endeudamiento de la Argentina, el centroderecha la ha venido acompañando durante los últimos treinta años –sostuvo–. Las grandes causas a veces son contra molinos de viento. No puede detenerse la defensa del interés de la Nación”, lanzó. Tras detallar que “hoy en día la deuda externa supera los 200 mil millones de dólares”, Solanas aseguró que “Néstor Kirchner perdió la enorme oportunidad que le brindaba la historia para investigar” la legitimidad del pasivo en 2005.

Informe: Nicolás Lantos.