Los tiempos parlamentarios que determinarán la suerte de Martín Pérez Redrado al frente del Banco Central ya comenzaron a correr. Las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados eligieron ayer a sus autoridades –el kirchnerista Gustavo Marconato y el lilito Alfonso Prat Gay, respectivamente– y habilitaron la conformación de la comisión parlamentaria que emitirá un “consejo” no vinculante sobre la decisión del Gobierno de eyectar al presidente del Central. Sin pérdida de tiempo, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta al vicepresidente Julio Cobos para que convoque el martes de la semana entrante a la comisión asesora, que deliberará a puertas cerradas y en secreto sobre los motivos que generaron la remoción de Redrado.

El Gobierno ya había salido a denunciar “el daño” que le producía a la economía del país la resistencia de Redrado a abandonar la presidencia del BCRA. Por eso, la Presidenta no dudó en solicitarle a Cobos que convoque para el martes próximo, a las diez horas, a la “comisión asesora” parlamentaria que establece la carta orgánica del Central, después que Diputados designó a dos de los cinco miembros que tendrá la misma. El segundo párrafo de la carta invoca el artículo 3 del reglamento de funcionamiento de la comisión y el reglamento de la Cámara de Senadores, que establece un plazo de 48 horas para la convocatoria. Desde el Ejecutivo también giraron copias de la misiva a Marconato y Prat Gay.

Por la tarde, en el Congreso todos respetaron los acuerdos previos y, a pesar de algunas escaramuzas, no hubo lugar para las sorpresas. La reunión parlamentaria comenzó apenas con quince minutos de retraso y asistencia casi perfecta: 47 de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda. Oficialistas y opositores recordaron lo pactado en la sesión preparatoria del 3 de diciembre para definir el reparto de los cargos en la comisión: Marconato como presidente; el radical Giubergia, vice primero, y el concertacionista Hugo Prieto como vice segundo. Lo mismo pasó en Finanzas, con sólo un ausente de sus 31 miembros: la presidencia para Prat Gay, la vice primera para el aliado kirchnerista Carlos Heller y la vice segunda para el ahora peronista disidente Walter Agosto.

Durante el debate, el conglomerado opositor pidió que el Gobierno derogue el DNU por el cual echó al presidente del Central, insistió en que el Congreso trate el decreto que crea el Fondo del Bicentenario para pagar deuda externa con reservas del Central y dejó abierta la duda sobre la legitimidad de la integración de la comisión especial sin la participación de los senadores. El oficialismo, en cambio, volvió a cerrar la posibilidad de sesionar durante el receso y afirmó que la comisión asesora tiene quórum para pronunciarse sobre la remoción de Redrado, aunque recordó que la resolución legislativa no es vinculante. Por lo que la suerte final de Redrado quedará en manos del Ejecutivo.

Al término de los encuentros, ya con las designaciones de Marconato y Prat Gay, se ratificaron algunas certezas pero también se generaron otras dudas. El diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, pidió que el presidente de Presupuesto lleve a la comisión especial una resolución de “toda la comisión porque su representación es institucional”. Una postura que respaldó el peronista disidente Eduardo Amadeo, con el apoyo de casi todo el arco opositor.

Pero Marconato le salió al cruce. “No voy a la comisión especial como presidente de la comisión de Presupuesto sino como representante del Frente para la Victoria, que me designó para presidirla, y porque voy a ser su único representante en la comisión especial”, dijo el oficialista santafesino. “Hay que atenerse al reglamento de la comisión porque sus reuniones son sumarias, cerradas y secretas”, continuó Marconato antes de soltar una respuesta política: “No me imagino a Cobos ni a Prat Gay –los otros dos integrantes– consultando a todos para adoptar su posición”.

Durante la reunión de la comisión de Finanzas, nadie hizo una propuesta similar a Prat Gay. Pero el diputado de la Coalición Cívica se hizo eco de las dudas que planteó el juecista cordobés Gumersindo Alonso: “Habrá que analizar la legitimidad de la conformación si no la integran los senadores”, repetía Prat Gay ante las cámaras de TV, mientras los legisladores kirchneristas insistían en que “con tres de los cinco miembros, la comisión tiene quórum para reunirse y expedirse sobre el tema”. Las diferencias entre oficialistas y opositores en el Senado postergaron hasta el 23 de febrero la integración y las presidencias de sus comisiones legislativas, por lo que los senadores quedaron marginados de integrar esta comisión especial en la que también tiene asignados dos asientos.

Prat Gay también se sumó al reclamo del resto de la oposición para que la Presidenta derogue el DNU que desplazó a Redrado. “El consejo que debe emitir la comisión debe ser previo a la decisión de echar al presidente del Banco Central, por lo cual no tiene sentido pronunciarnos, como establece la carta orgánica de la propia entidad, si ya está tomada la decisión”, afirmó y dejó en claro que se tomará todo el tiempo necesario para adoptar una resolución en una comisión que “no tiene plazos”.

En la lista que el diputado porteño prepara para invitar a declarar en la comisión figuran desde ministros, especialistas económicos y jurídicos, miembros del directorio del Central y, por supuesto, Redrado para que haga su descargo. Aunque Prat Gay tampoco reniega de su postura –similar a la de Redrado– sobre la intangibilidad de las reservas del Central, como también lo plantea su carta orgánica diseñada por Domingo Cavallo para garantizar la ya derogada ley de convertibilidad.

En el kirchnerismo, en cambio, buscarán apurar los tiempos y toman recaudos. Intentarán acotar el procedimiento a la experiencia del funcionamiento que tuvo la comisión cuando el gobierno de Fernando de la Rúa removió al también díscolo Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. En tanto, antes de que la misiva de la Presidenta llegara al Senado, el titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, ya había dejado en el despacho de Cobos la comunicación formal de la designación de los diputados que integran la comisión especial.