La Corte Suprema deberá tratar la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que dispusieron los camaristas mendocinos Alfredo López Cuitiño, Julio Demetrio Petra y Otilio Roque Romano. El último está denunciado por haber encubierto delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal de Mendoza elevó la apelación del Gobierno al máximo tribunal. Ahora, Sus Señorías deberán fallar sobre las supuestas irregularidades en la sanción de la ley, que fue votada por 44 senadores de 60 y por 146 diputados contra 3 votos negativos. La oposición se había retirado de la sesión para intentar sentar un precedente en contra de la aplicación de la norma. Y el pedido de suspensión lo presentó un diputado cobista. Mañana se realizará una radio abierta frente a Tribunales para reclamar la vigencia de la nueva ley.

El viernes, la Cámara Federal de Mendoza concedió el recurso extraordinario que solicitó el gobierno nacional y elevó la causa a la Corte Suprema. La Cámara había confirmado el 26 de marzo la suspensión de la ley que dispuso la jueza cuyana Olga Pura de Arrabal. Lo hizo a instancias del cobista Enrique Thomas, quien había argumentado que se incurrió en presuntas irregularidades durante la sanción de la ley.

Uno de los jueces que firmaron el fallo, Otilio Romano, fue denunciado varios meses antes junto a otro camarista, Luis Miret, por organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura, que los acusaron de encubrir la represión ilegal, no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones. Los ex detenidos desaparecidos recordaron el “compromiso ideológico con la persecución sistemática de la población civil” de Romano, que era, en esa época, fiscal.

“Aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”, sostuvieron sobre la ley de medios los camaristas, que interpretaron que Thomas “fue privado de ejercer el derecho de intervención”. El diputado, que revista en el bloque de Peronismo Federal, arguyó que los dictámenes no cumplieron un plazo de siete días, y que el plenario de comisiones se hizo sin un texto impreso, aunque cada presidente de bloque tenía una copia. Además, sostuvo que la sesión empezó después de media hora de convocada.

A raíz del fallo hubo diversas protestas en distintos puntos del país. La más multitudinaria fue el 15 de abril, cuando miles de personas marcharon de Congreso a Tribunales. Mañana habrá otra actividad frente a Tribunales, donde se pedirá que se habilite la aplicación de la ley.

Al elevar la causa a la Corte Suprema, la Cámara Federal de Mendoza determinó que el caso “suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se cuestiona la violación a las reglas de procedimientos, la afectación del derecho de las minorías y su implicancia constitucional, que concluyó con la sanción por parte Honorable Congreso de la Nación, de una norma de carácter federal”.

Ante esta decisión, el presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Gabriel Mariotto, estimó que “era descabellado que una jueza impidiera a aplicación de una ley de la democracia”. “Esta es una Corte independiente que sin presiones va a poder fallar”, afirmó el funcionario. En el gobierno nacional argumentan que existe jurisprudencia a su favor: en 1994 la Corte Suprema había establecido que las cuestiones de interpretación de los reglamentos de las cámaras son competencia exclusiva del Congreso.

Por su parte, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, opinó que “cuestionar la libertad de expresión, en este gobierno, es algo que no se corresponde con la realidad”. El funcionario reclamó la aplicación inmediata de la ley, al igual que el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro. “Hemos visto que es un reclamo de la sociedad para que se implemente la ley”, concluyó.