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El cisma de Elisa Carrió del Acuerdo Cívico y Social también abrió grietas en el entramado parlamentario del Grupo A, que ahora todos tratan de apuntalar para que no se desmorone. Desde la Coalición Cívica hasta el radicalismo, pasando por el socialismo y el GEN, afirman que la ruptura de la alianza electoral “no tendría que afectar el trabajo legislativo”, aunque tampoco ocultan sus discrepancias en varios de los temas que el grueso de la oposición fijó como prioridades en el Congreso. Las opiniones divergentes de las cuatro fuerzas en proyectos como la eliminación de las retenciones, la implementación del 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en las jubilaciones, el impuesto al cheque y la reestructuración de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) podrían profundizarse si el ACyS finalmente se quiebra.

“Los grandes acuerdos parlamentarios se van a mantener”, afirmaron a Página/12 desde la propia CC. La postura optimista sobre el futuro trabajo legislativo con sus ex socios electorales se afirma en que “nadie está dispuesto a pagar el costo político de romper” el entramado opositor en el Congreso. “Si no pasó con el macrismo, a pesar de que el resto de las fuerzas anti K en el Congreso Nacional se opusieron al autojuzgamiento de (Mauricio) Macri en la Legislatura porteña, por qué va a pasar ahora”, fundamentan algunas de las principales espadas parlamentarias de Lilita para ahuyentar el fantasma de la ruptura del Grupo A y tener que cargar con los costos.

Las ácidas críticas de Carrió a los principales referentes del ACyS (los radicales Ricardo Alfonsín y Julio Cobos, al gobernador socialistas Hermes Binner y a Margarita Stolbizer del GEN) desataron viejos y nuevos cuestionamientos hacia Lilita entre los diputados de esas fuerzas políticas, pese al esfuerzo de la mayoría de ellos por mantenerlos en la intimidad y no trasladarlos al ámbito del trabajo parlamentario. Pero serían pocos los dispuestos a mantener el mismo comportamiento si la CC emprende su propio camino electoral.

Los cívicos estiman que el resto de las bancadas en Diputados “no puede prescindir de Lilita”, a quien consideran “la artífice” de la estrategia opositora en el Parlamento. El argumento de mayor peso, de todos modos, es que sin el aporte de los 19 legisladores de la CC cualquier iniciativa de la oposición iría a parar a saco roto.

Carrió jugó fuerte a favor de la eliminación de las retenciones a todos los cereales y oleaginosas salvo para la soja, a la que propone bajar diez puntos la alícuota (de 35 a 25 por ciento), contradiciendo a sus socios políticos y parlamentarios, que buscan un acuerdo para segmentarlas. Tampoco comparte la insistencia de la UCR para coparticipar toda la recaudación del impuesto al cheque. No sólo porque lo considera un impuesto distorsivo, sino porque su prioridad son los aumentos de las jubilaciones y de la Asignación Universal a la Niñez. Además de admitir, sólo por lo bajo, que los aumentos que proponen en el ámbito social y la eliminación de las retenciones dejarían en un delicado equilibrio económico para el próximo gobierno, que imaginan no K.

“Las diferencias políticas no tienen por qué reflejarse en el ámbito parlamentario”, repiten los diputados de la UCR. “La CC y la UCR van a seguir trabajando igual que antes. Se ha hecho un gran esfuerzo para imponer una agenda parlamentaria este año y tengo la certeza de que se va a cumplir”, sostuvo ante este diario la radical Silvana Giúdici, que junto a la cívica Patricia Bullrich se han convertido en las coordinadoras de toda la táctica opositora en Diputados.

Los radicales, sin embargo, tendrán que rever el tándem que forjaron con la CC a la hora de definir prioridades y estrategias, de la que habitualmente participan el PJ disidente y el PRO, mientras sus otros socios del ACyS –socialistas y GEN– muchas veces son convocados para sumarse a lo ya resuelto. Ahora, los diputados de Margarita Stolbizer y el PS –los más vapuleados por Carrió– reclamarán otra actitud de sus socios radicales.

Para los socialistas el tema agropecuario no es menor, en especial para la provincia que gobiernan: Santa Fe. Pero no están dispuestos a arriar sus banderas. Insisten en soledad con su proyecto de mantener y segmentar las retenciones para “favorecer a los pequeños y medianos productores”. Mientras, la CC quiere eliminarlas y la UCR busca una fórmula para limar sus diferencias internas, que consistiría segmentarlas en un solo escalón y reducirlas gradualmente hasta que desaparezcan. El GEN se inclinaría por esta última opción.

El PS tampoco coincide con la propuesta del Grupo A para quitarle una serie de atribuciones a la Oncca. Los socialistas quieren mantener una participación reguladora del Estado en el comercio agropecuario y desechan la visión –impuesta por la CC– de asociar el Estado al manejo que el gobierno K imprimió a la Oncca.

Las jubilaciones son otro punto de discordia en el Grupo A y en el ACyS. Los radicales se encolumnaron junto a Carrió y el núcleo duro opositor en afirmar que la Anses tiene dinero suficiente para llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. En cambio, el PS y el GEN se sumaron a la iniciativa de Proyecto Sur de reimplantar los aportes patronales a las grandes empresas que redujo el menemismo en los ’90. Consideran una “irresponsabilidad” desfinanciar al Estado y el sistema provisional sin sumar otros recursos para sostener los aumentos. Para la mayoría de los radicales, “la irresponsabilidad es aumentar la presión tributaria sobre las empresas”.

Las diferencias dentro del ACyS nunca desaparecieron y el alejamiento de Carrió y la CC sólo las harán más visibles. El cisma en el ACyS también pondrá a prueba la estrategia parlamentaria del Grupo A, que apostaba a limitar al Gobierno desde el Congreso a lo largo de este año antes de que el calendario electoral complicara la convivencia del heterogéneo entramado. Pero 2011 ya se instaló entre las fuerzas políticas opositoras.