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Pese a la explosión mediática, la causa por el intercambio con Venezuela, el fideicomiso y la supuesta embajada paralela está muy cerca de quedar en nada, esencialmente por inexistencia de delito. Fuentes muy cercanas al juzgado que está a cargo de Julián Ercolini le confirmaron a Página/12 que en el expediente no apareció hasta el momento ninguna prueba de la existencia de una irregularidad. Respecto del retiro de 90 millones de dólares del fideicomiso, en el juzgado sostienen que la responsabilidad era de los funcionarios venezolanos, por lo cual no hay delito por parte de los argentinos. Sobre la embajada paralela ni siquiera hay una denuncia y, de haberla, tampoco sería ilícito en sí mismo: “Puede haber coimas en una embajada oficial o en cualquier lado”. Respecto de la exportación de maquinaria y la intervención de la trader Palmat, por ahora las evidencias demuestran que el uso de una trader es normal y que las operaciones se facturaron en blanco. Es el transfondo por el cual el Departamento de Justicia no aceptó enviar información sobre las cuentas de Palmat. Está pendiente todavía una profundización sobre las compras de combustible, pero tampoco en esa materia apareció ningún ilícito hasta el momento.

La denuncia formulada por el ex embajador Eduardo Sadous no fue respaldada por ninguno de los testimonios que se recabaron en la causa judicial. El único que, en cierta manera, intentó sumarse a los dichos del diplomático fue el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, ahora dirigente del Peronismo Federal. Pero con un doble problema: en su momento firmó un dictamen señalando que no había ninguna irregularidad y ahora –en su declaración judicial– no pudo aportar ningún elemento de prueba.

La espectacularidad mediática no se condice –lo ven así en el juzgado– con lo que hay en el expediente. El segundo de la embajada argentina en Caracas, Alberto Alvarez Tufillo, negó que Sadous le haya comentado alguna vez la existencia de quejas empresarias por supuestas coimas. Tampoco el propio Sadous hizo en aquella época la denuncia sobre un hecho tan grave, algo que podría haber concretado a través de los cables confidenciales de la Cancillería. El empresario Eduardo Cavagnah, señalado por Sadous como uno de los quejosos, no sólo desmintió ante el juez Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita que alguien le haya pedido coimas sino que negó también presiones del secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, con el que –según aseguró bajo juramento– no habló nunca ni conoció personalmente.

Fideicomiso

La Coalición Cívica le dio el puntapié inicial a la denuncia señalando que habían desaparecido 90 millones de dólares de un fideicomiso que ni siquiera está claro que se haya constituido. En cualquier caso, se trataba de fondos originados en los pagos de la Argentina de combustible comprado a Venezuela.

Para el juzgado este tema está terminado. El entonces canciller Rafael Bielsa –instruido por el presidente Néstor Kirchner– hizo el reclamo correspondiente y el dinero fue restituido por Venezuela. En cualquier caso, cerca del juez Ercolini afirman que al dinero del fideicomiso sólo tenían acceso los hombres del gobierno venezolano, de manera que no hay delito que involucre a ningún funcionario argentino.

Embajada paralela

Según afirman en el juzgado, no existe ni siquiera una denuncia respecto del funcionamiento de una llamada embajada paralela. El tema apareció muy mediatizado, pero no existe en el plano judicial. “Para el expediente, lo importante es si se cometió un delito o no se cometió. Dentro de la embajada o fuera de ella. Si el embajador estaba al tanto de todo lo que pasaba o había parte que estaba fuera de su dominio, no cambia las cosas. Eso no es delito. Lo que es delito es el cobro de una coima, por ejemplo. Y eso será delito aunque se haga dentro de la embajada. La llamada embajada paralela no se investiga en la causa. No hay nada que investigar”, dijeron en Comodoro Py.

Maquinaria

Despejado el humo de lo mediático y lo político, centralmente quedaron en la causa las sospechas deslizadas por Sadous respecto de las exportaciones de maquinaria. No es que el diplomático haya aportado alguna evidencia, sino que contó –con cinco años de atraso– que hubo algún empresario que se quejó porque los obligaban a pagar una alta comisión y que de esa comisión saldría una comisión. También sostuvo que el Ministerio de Planificación digitaba quién podía exportar y quién no, mientras que después de concretada la operación, también digitaba a quién se le pagaba y a quién no.

Sadous señaló al empresario Eduardo Cavagnah, cuyo testimonio resultó importante ya que no concretó ninguna exportación y por lo tanto podía estar furioso porque se quedó fuera del negocio. Lo concreto es que Cavagnah desmintió a Sadous: sostuvo que nadie le pidió coima y que tampoco era cierto que haya dicho que una exportación de vacas quedó en manos de un hombre ligado al ex secretario de Agricultura, Javier De Urquiza.

Comisiones en blanco

Para el juzgado es importante el hecho de que la trader Palmat haya facturado la comisión del 15 por ciento que le cobró a todos los exportadores. La empresa, con sedes en Miami, Caracas y con una filial en la Argentina, Asotrade, extendió facturas por sus trabajos a las 39 empresas que mandaron la maquinaria a Venezuela en lo que fue la mayor exportación de la historia de la industria metalmecánica. Según señaló el ex presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), se enviaron a Venezuela unos 500 tractores, más de 240 cosechadoras y muchas otras maquinarias, totalizando casi 300 millones de dólares. Si las operaciones de Palmat hubieran sido en negro, habría una evidencia de cierta importancia respecto de la licitud del acuerdo entre los fabricantes y la trader. Por otra parte, no sólo hubo facturas sino que los pagos se cursaron en forma oficial, a través de giros bancarios. Venezuela le giró el dinero a cada uno de los fabricantes por el monto total de la exportación, y cada fabricante le giró a Palmat, desde la Argentina, a través de transferencias bancarias, el monto de la comisión.

La duda sobre la comisión

Hasta el momento, los tres empresarios que declararon en la causa judicial –José María Alustiza, actual presidente de Cafma, y los ex presidentes de la entidad, Rosana María Negrini y Jorge Médica– señalaron que la comisión que les cobró Palmat era razonable, incluso dentro de los parámetros que se estila pagar en operaciones realizadas en la Argentina. Todos insistieron en que, además, no se trató de un 15 por ciento sobre la exportación, sino sobre el valor en la fábrica, lo que terminaba redondeando menos de un diez por ciento.

Desde el punto de vista judicial, tiene su importancia la mirada sobre el conjunto de la operación. Se trató de una exportación muy importante, a precios convenientes y con un representante en Venezuela -–Palmat– que se hacía cargo de un aval que se necesitó para cobrar un 30 por ciento de adelanto –todos los fabricantes recibieron ese dinero– y luego fue clave en la gestión de la cobranza. En Comodoro Py sostienen que hasta el momento no hay ninguna evidencia de que la comisión fuera excesiva o que Palmat no prestara servicios a cambio.

Argentinos y brasileños

Los integrantes de Cafma rechazan la versión de que Palmat fuera una imposición de funcionarios venezolanos o argentinos. Según declararon en el expediente, en la feria de maquinaria de Barinas se presentaron las dos traders, la venezolana-norteamericana-argentina Palmat y la brasileña Cotia. El ex presidente de la Cafma, Médica, incluso mencionó el nombre y apellido del representante de Cotia que los abordó en Barinas: Juan Manuel Fayen. Médica aportará la tarjeta que Fayen le entregó en la exposición de maquinaria.

Los hombres de Cafma sostienen que se inclinaron por Palmat porque uno de los fabricantes, Cosechadoras Gherardi, ya había exportado a Venezuela utilizando a la trader. Eso ocurrió en 2001 y Palmat le cobró a Gherardi el 15 por ciento, pero incluso sobre un valor mayor, el valor FOB de la maquinaria. La segunda razón fue que Palmat no era una empresa brasileña, ya que justamente se competía en la exportación de maquinarias con empresas brasileñas. Por último, Médica señaló que Cotia les dijo que la comisión estaría entre el 15 y el 20 por ciento.

También declaró en la causa judicial la representante de Iveco, la fábrica de camiones que es propiedad de FIAT. La gerente Carolina Bula señaló que exportaron camiones a Venezuela a través de su propia trader, llamada Fiat Argentina, división SADI, pero que hubo momentos en que hicieron operaciones a través de Madero Trading, otra trader que también usaron los fabricantes de maquinaria.

Una iniciativa del fiscal Pollicita y del juez Ercolini fue pedirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre el movimiento en las cuentas de Palmat en Miami. Los norteamericanos respondieron esta semana que no enviarán esa información a menos que se les señale la existencia de un delito (ver aparte). En Comodoro Py creen que las chances de que Estados Unidos proporcione los datos son mínimas.

Lo que viene

En las próximas semanas van a declarar en la causa los integrantes del estudio de abogados de Córdoba, Kesman y Parino, que fueron comisionados por Cafma para que estudiaran y redactaran los contratos que se firmaron con Palmat. Cada una de las 39 empresas que vendieron a Venezuela firmaron su propio contrato con Palmat, pero la Cámara le pidió un dictamen a ese estudio de abogados.

También declararía ante el juez y el fiscal un ejecutivo de la brasileña Cotia. En un diálogo con el diario La Nación, un funcionario de la trader dijo que nunca los contactaron por la exportación de maquinaria agrícola argentina. Hasta ese momento no estaba en el expediente el nombre de Juan Manuel Fayen, el integrante de Cotia que –según Médica– los contactó en Barinas.

Por último, hay otro aspecto del comercio con Venezuela en estudio: la compra de combustibles. Todos coinciden en que el gasoil del país caribeño era de baja calidad. Lo señaló, por ejemplo, el canciller Rafael Bielsa a este diario hace varios meses. El argumento por el que igual se compró ese combustible es que la urgencia era grande, el gasoil permitía abastecer las centrales termoeléctricas y Venezuela lo enviaba rápido y sin garantías previas. Ese aspecto del intercambio sigue siendo analizado por Ercolini y Pollicita.

El resumen que hacen en Comodoro Py es que, hasta el momento, no apareció ningún indicio de delito. Ni respecto del fideicomiso ni de la supuesta embajada paralela ni en las comisiones de Palmat ni en la compra de combustible. El intercambio con Venezuela produce mucho ruido, pero ninguna nuez –al menos por ahora– en el terreno judicial.