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Edgardo Castro es inspector del gobierno porteño. Es el delegado general de la comisión interna de ATE en la Dirección General de Protección del Trabajo, que fue allanada esta semana por la Justicia para comprobar si su titular, Andrés Rodríguez, tiene título habilitante. Castro, por su parte, es ingeniero en seguridad ambiental y licenciado en higiene y seguridad del trabajo. En diálogo con Página/12, señala que “en la última auditoría, que se hizo hace un año y medio, indica que no existen manuales de procedimiento, faltan expedientes y marca una cantidad de irregularidades importantes que no sólo no se modificaron, sino que seguimos con la misma deficiencia operativa sustancial: sin manual, sin objetivos, sin protocolos. El único protocolo que existe lo hicimos los inspectores y hace cuatro meses que estamos esperando que el subsecretario lo firme o se digne a resolverlo”. El subsecretario de Trabajo es Miguel De Virgilis.

–¿Cómo se hace normalmente una inspección?

–Surge por alguna denuncia de algún trabajador, que puede ser anónima, o de algún gremio. Generalmente, la hacen gremios como la Uocra. Esto genera un trámite interno y se deriva una orden al inspector para que vaya al lugar. También puede ser por un operativo que indique un juez.

–¿Cómo se decide clausurar un lugar?

–Técnicamente, la ley nos habilita a clausurar. En el área de Higiene y Seguridad, aconsejamos gremialmente que se haga con la firma del director de Protección de Trabajo. Lo hacemos así para salvaguardar nuestra seguridad jurídica, porque somos trabajadores precarizados. No te olvides que estamos contratados, no tenemos la estabilidad del empleado público y esto va en contra de los convenios internacionales de la OIT.

–¿Cuántos de ustedes están con contrato?

–Salvo un caso, de los cerca de cien inspectores que trabajamos allí, todos estamos en forma precaria, bajo distintas formas de contrato: asistencia técnica, contrato de locación de servicios o decreto 948. En cualquier momento, nos pueden rescindir unilateralmente el contrato. Si le toco el timbre al primo de un funcionario importante y me dicen: “O te callás o te bajo el contrato”, estamos sonados. Es como si el juez que te juzga tiene un contrato por tres meses.

–¿El director de Protección del Trabajo tiene título habilitante?

–Es una discusión técnica y legal. Lo lógico sería que si yo tengo títulos universitarios que me habilitan a inspeccionar, mi superior también tenga conocimientos. Si no, cualquiera le puede vender un buzón.

–Pero en el medio hay un coordinador del área. ¿No tiene título en seguridad del trabajo?

–No. En mi caso, el coordinador es un arquitecto y no tiene ni los conocimientos básicos.

–¿Ni el director ni el coordinador tienen título habilitante?

–No, no. El director es contador. El subsecretario es abogado. De los inspectores para arriba, no tenemos técnicamente ningún asesoramiento. Ante la desgracia que pasó con la obra de Villa Urquiza, dada la gravedad del caso, no salió ninguna autoridad de la dirección de Protección del Trabajo a dar explicaciones. Nosotros trabajamos durante meses en un protocolo y en una estructura del organismo, que no la tiene, y se la propusimos a las autoridades. Hasta ahora, seguimos sin ningún tipo de respuesta.

–¿No hay disposiciones sobre cómo se distribuyen los cargos?

–No que yo sepa, porque si así fuera, podríamos asignar tareas concretas. Planteamos una estructura y funciones, además capacitaciones necesarias, porque ser inspector es una tarea delicada. Hasta ahora, la inspección está librada a los buenos oficios del inspector. No hay un protocolo de respuestas técnicas ante un acto, donde vos afectás intereses.

–¿Cómo se hicieron las inspecciones en la obra Villa Urquiza?

–No sé mucho más de lo que salió en los medios. El área de Obras es otra parte de la dirección.

–¿Presentaron estas denuncias de irregularidades ante el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera?

–Sí, también presentamos denuncias ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio del Trabajo. Presentamos infinidad de notas y documentos planteando estas deficiencias de cargos, protocolos y manual de procedimiento, que deja todo en manos de la arbitrariedad y la voluntad del funcionario. Han mandado a seis personas a hacer operativos a domicilios que no existen. Sacan a la calle inspectores con título habilitante, pero sin ninguna capacitación previa en el oficio.

–¿Qué respuesta tuvieron de las autoridades?

–De Virgilis jamás nos atendió formalmente como comisión interna. Sólo nos recibió en el caso de las amenazas que recibimos en el lavadero El Lucero. Pero nunca nos respondió nada. Además, tenemos tres problemas que nunca habían pasado antes en la dirección de Protección del Trabajo. Le enviamos dos cartas documento al ministro porque dos compañeras tuvieron un caso de acoso sexual por parte de Daniel Ranieri, un asesor del subsecretario de Trabajo en la parte de jurídicos. Para que dos chicas denuncien a su superior por acoso sexual es porque desbordó toda posibilidad de aceptación. No cualquier mujer hace una denuncia de acoso sexual en la Argentina, con la falta de garantías que hay. El ministro tampoco nos atendió, así que por este tema también le mandamos desde ATE una carta documento al ministro y al jefe de Gobierno.

–¿A Mauricio Macri?

–Sí. No sólo se nos planteó el tema del acoso sexual, sino que tuvimos un serio problema por un maltrato del subsecretario hacia uno de los inspectores: en medio de un conflicto gremial, el inspector contó que se lo llevó aparte, le dijo palabras absolutamente inadecuadas, lo insultó y le dijo que lo iba a echar. Le mandamos una nota, firmada por 60 inspectores, pidiéndole una entrevista para que no se repita esta situación. No nos contestó.

–Antes mencionó el caso del lavadero El Lucero, que ganó una licitación del Ministerio de Salud que está siendo investigada en la Justicia.

–Sí, allí nos abandonaron. La situación se puso muy violenta, porque los íbamos a clausurar. Llamamos a la base y nadie nos contestaba por los handies.

–¿Es normal que no contesten por el handy?

–Y no. Después, en las reuniones posteriores, le pedimos al subsecretario que inicie las acciones legales que corresponden por las agresiones, amenazas y porque se nos impidió la clausura. Nunca nos respondió, pese a que era su obligación como funcionario público iniciar acciones si los inspectores son apremiados. No hizo nada.