Domingo, 15 de agosto de 2010 | Hoy
EL MUNDO › ESCENARIO
Por Santiago O’Donnell
Para un candidato de derecha haciendo campaña en medio de una recesión, cuando gobierna un presidente negro con nombre musulmán pegarles a los inmigrantes ilegales puede ser una tentación irresistible. De cara a las legislativas de noviembre, las leyes de mano dura para controlar la frontera están a la orden del día en Estados Unidos. La semana pasada se anunció con bombos y platillos la propuesta del ministro de Justicia de Florida, Bill McCollum, precandidato a gobernador por el Partido Republicano él, que permite la detención de presuntos indocumentados por portación de cara.
McCollum la vendió como una versión mejorada, o sea más dura, de la ley que pasó hace un par de meses el estado de Arizona, a la que el gobierno de Obama logró atemperar sus aristas más agresivas con un fallo de la Justicia federal. Entre las mejoras citadas por McCollum, su propuesta haría que la condición de ilegal se considerara como agravante a la hora de juzgar otros crímenes.
¿Suena bien, no? Suena bien en esta etapa. Se vienen internas en el Partido Republicano. No importa que hace tres meses otra iniciativa de un senador estatal, muy parecida a la de McCollum, ni siquiera alcanzara estado parlamentario en la Legislatura de Florida. Nadie se enteró porque ese senador no estaba en campaña.
McCollum tiene un rival de fuste en la interna republicana, un empresario llamado Bill Scott, que lo corre por derecha. Scott había apoyado la ley de Arizona, la misma que McCollum había criticado por excesiva antes de darse vuelta como un panqueque cuando Scott empezó a trepar en las encuestas.
Florida es un reflejo de lo que está pasando en el resto del país. Según el New York Times, este año la derecha de la derecha, dominada por el movimiento libertario Tea Party, se impone en las primarias republicanas. “En Colorado y Connecticut, en Florida y Kentucky, los candidatos preferidos por los líderes republicanos en Washington no sobrevivieron a desafíos desde adentro de su propio partido”, informa el diario.
La tendencia impacta en la agenda política y social. “Los republicanos están eligiendo candidatos más preocupados por imponer un estricta doctrina social que con hacer crecer a la economía”, disparó el senador Robert Menendez, jefe de campaña de los demócratas.
En este contexto, los diez millones de inmigrantes que viven sin documentos en los Estados Unidos parecen blanco fácil.
Arizona es un buen ejemplo. La ley fue presentada por un candidato Tea Party y fue firmada por la gobernadora Jan Brewer, que enfrenta a un rival de ultraderecha en la interna camino a la reelección. Estados, condados y municipios de todo el país se han subido al tren.
En California, la precandidata republicana a gobernadora Meg Whitman, ex CEO de E-bay, cayó quince puntos en las encuestas desde que anunció su apoyo a la ley de Arizona. Obama también se subió al tren y esta semana consiguió una ley para reforzar los controles fronterizos con una partida de 600 millones de dólares. El apoyo del Capitolio fue casi unánime.
Un informe de la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales da cuenta de un alza en el sentimiento antiinmigrante. En los primeros tres meses del 2010 legisladores en 45 estados presentaron 1180 proyectos de ley y resoluciones sobre temas migratorios, y se aprobaron 107 leyes, comparadas con 222 en todo el 2009, señala el estudio. Además, varias encuestas nacionales señalan que poco más de la mitad de los estadounidenses apoya la emblemática ley de Arizona.
A esto hay que agregarle que a principios de este año Obama anunció que tras la aprobación de las reformas financiera y de salud, su próximo gran proyecto legislativo era la reforma migratoria. Obama viene en baja, con un índice de aprobación de alrededor del 40 por ciento, y las reformas migratorias nunca son populares.
La reforma migratoria básicamente consiste en blanquear a los ilegales a cambio de más recursos para frenar su entrada. Los estados fronterizos suelen apoyar, los demás votos hay que trabajarlos. Por eso las reformas migratorias sólo se consiguen con apoyo bipartidario. Casi todos los presidentes lo intentan pero muy pocos lo logran. El último fue Ronald Reagan en 1986, en el pico de su popularidad.
Se trata de una medida impopular pero a la larga necesaria, no sólo por la dignidad de los indocumentados y sus familias, sino para eliminar distorsiones en las economías regionales, sobre todo las de los estados fronterizos. Por eso son los empresarios de esas zonas quienes más reclaman el blanqueo.
Pero las políticas de Estado suelen chocar contra las necesidades de la política partidaria. Después de la paliza del 2008, los republicanos quedaron tan golpeados que les cuesta mucho capitalizar la malaria de Obama. Su problema es la Bushfobia: en las encuestas, la imagen del Partido Republicano es aún peor que la de Obama.
Por eso se viste de Tea Party y se aferra al odio antiinmigrante como tabla de salvación.
Pero la campaña xenófoba puede ser, a la larga, un arma de doble filo. A McCollum, sin ir más lejos, probablemente le cueste buena parte del apoyo cubanoamericano en noviembre, y ese voto siempre es crucial para ganar en Florida.
En Texas, tercer distrito del país y donde más pesa el voto latino, ni al político más conservador se le ocurriría proponer algo semejante. En California, el segundo distrito, sólo son electos los republicanos más moderados, cuando son electos. Como un tercio de su población es latina, y los latinos californianos votan cuatro a uno en favor de los demócratas, lo que vende en una interna republicana puede suele ser veneno en una elección general.
En Nueva York, el primer distrito, y en los estados con base industrial pasa algo parecido. El clima va variando según la temporada electoral. Una cosa es la primaria, otra la general, una cosa es la legislativa, otra la presidencial.
En un país donde el voto latino se multiplica por migración y tasa de natalidad, superando ampliamente a los demás grupos étnicos, en un país donde el voto latino ya alcanzó un peso decisivo en los tres principales distritos electorales, apostar a su exclusión en el mediano plazo puede resultar suicida.
Pero nunca es un buen momento para una reforma migratoria y menos ahora. La lectura de los republicanos no es descabellada: en plena crisis de empleo el gobierno propone extender derechos laborales a millones de trabajadores informales, inflando la oferta justo cuando la demanda es más escasa. Por eso Obama silba bajito y mira al piso mientras patea la reforma para después de las elecciones.
Aunque a veces cuesta percibirlo desde este rincón del mundo, el tema no es menor para buena parte de América latina. Es más: la reforma migratoria es la principal promesa de Obama a la región. O, dicho de otra manera, es la principal demanda que la región le hace al presidente estadounidense. El reclamo excede cualquier consideración altruista en el terreno de los derechos humanos para adentrarse en la víscera más sensible que tienen los gobernantes de la región.
La cuenta es sencilla. El blanqueo de ilegales mejora la situación económica de millones de inmigrantes. Esos inmigrantes mandan plata a sus países. Mucha plata.
Según el BID, el año pasado América latina recibió 58.800 millones de dólares en concepto de remesas. En México las remesas son la segunda fuente de ingresos del país, detrás de la venta de petróleo y delante de la industria turística. En Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador las remesas representan más del 10 por ciento del PBI.
Las remesas, que venían castigadas por la crisis económica, sufrieron un nuevo golpe con la furia antiinmigrante. “Inevitablemente las políticas migratorias en Estados Unidos, como ya sucede en otras economías avanzadas, tenderán a ser más selectivas y estrictas, una tendencia que seguramente modificará el fenómeno de las remesas”, alerta Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.
De ahí la importancia de una reforma migratoria para compensar las leyes de mano dura en la frontera. Para México, Centroamérica y el Caribe, lo que está en juego con la promesa de Obama es la viabilidad de sus economías.
Por eso el proyecto de ley anunciado en Florida puede ser nada más que eso: una flor ida, arrastrada por la ola antiinmigrante hacia un destino incierto. Apenas una flor marchita navegando a contracorriente del flujo incesante que emana de la historia de los pueblos.
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