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La tarea de Guido “Kibo” Carlotto al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cargo que asumirá esta semana, será múltiple: a los desafíos intrínsecos de afrontar ese rol en el distrito más grande de la Argentina se le suman la necesidad de poner al día un despacho que viene de una gestión cuestionada por organismos y sectores del kirchnerismo y también una coyuntura política en la que su labor en la secretaría se ve salpicada por los conflictos entre el gobernador Daniel Scioli y el vice Gabriel Mariotto. En diálogo con Página/12 se definió como “militante del proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner”, aunque aclaró que “las decisiones las toma el gobernador” e hizo énfasis en avanzar con los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura, pero sin descuidar los derechos humanos de segunda y tercera generación: “Hoy, derechos humanos es derecho a la inclusión”, definió.

–Usted llega a este cargo en el medio de una situación política particular, con recelos entre el gobernador y el ala más kirchnerista del gobierno provincial...

–Yo asumo este rol porque Scioli me lo propuso. Yo ya era asesor de él en la materia de derechos humanos antes de esto. El gobernador decidió darme esta responsabilidad y que un hombre como él te confíe el manejo de una estructura tan importante para el proyecto nacional como son los derechos humanos, y encima en una provincia que representa a la mitad del país, bueno, es un cargo de una jerarquía muy importante. De todas formas hablé por teléfono con gente cercana a la Presidenta para consultarle antes de aceptar, porque yo pertenezco al kirchnerismo y quería saber si ella estaba de acuerdo con que yo asumiera esto. Tengo el apoyo de la Presidenta, el de Daniel Scioli y el de Gabriel Mariotto, con quien también hablé.

–La gestión anterior concluyó entre denuncias por episodios dudosos y quejas de los empleados que trabajan en ella, ¿qué hará al respecto?

–Ese es un tema que está en la Justicia. No corresponde que yo investigue, sobre todo teniendo cosas tan importantes que resolver. Hay una investigación en curso, hay un imputado, es un tema prácticamente esclarecido. Yo no vengo aquí como inspector o gendarme de nada. Lo de los aprietes, algo en lo que Sara no estuvo involucrada, sino que se le fue de las manos, es algo que por supuesto no va volver a suceder bajo mi gestión. Sí es verdad que por cuestiones particulares hubo una serie de problemas con los empleados de la secretaría, pero ya he hablado con algunos de ellos y las vamos a solucionar; tienen que ver con algunas condiciones de trabajo. Hay que entender que la gente que labura en la secretaría está ligada a temas muy sensibles en los que se involucran. Es un valor agregado que tiene y que a la hora de trabajar acá hay que considerarlo.

–¿Cuáles serán las prioridades durante los primeros meses de su gestión?

–Hay dos temas principalmente: estamos en pleno proceso en los juicios de lesa humanidad, donde la Secretaría de Derechos Humanos es querellante. Tenemos que intensificar el trabajo en ese sentido. Y, por otro lado, están los derechos humanos hoy, los de segunda y tercera generación. Quienes venimos del peronismo, que fuimos los primeros en incluir estos derechos en una Constitución, en el ’49, también tenemos que prestarle atención a eso. Hoy derechos humanos es derecho a la inclusión social.

–La provincia de Buenos Aires fue el lugar donde sucedieron algunos casos resonantes en los últimos años, como las desapariciones de Julio López y el asesinato de Luciano Arruga o el gatillo fácil en José León Suárez. ¿Puede hacer algo desde la secretaría para que se esclarezcan?

–Nosotros no podemos avanzar sobre otro poder independiente que es la Justicia. Sí podemos pedir ser parte querellante y contribuir al rápido esclarecimiento de las causas. También estamos muy interesados en prevenir que casos como esos se repitan y en eso sí podemos intervenir, buscando el fondo del problema: la formación y la educación de los agentes de la policía de Buenos Aires.

–Desde que se creó la Comisión Provincial de la Memoria hay un roce permanente, ya que a veces tienen tareas superpuestas. ¿Cuál será la relación?

–La relación es excelente. La tuve siendo senador provincial y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Justicialista de La Plata. Lo que sí creo que va a haber que articular mejor porque tocamos los mismos temas y ahí creo que es donde hay que articular en lugar de competir, porque la competencia en este tema lleva a peores resultados. La idea es formar una mesa de diálogo con la Comisión Provincial de la Memoria y con el Comité contra la Tortura para empezar a atacar todos juntos la problemática que compartimos. Yo vengo a sumar, a juntar voluntades y a llevar adelante una política de derechos humanos en la provincia de la cual el gobierno y todos los ciudadanos se sientan orgullosos.

–¿Y con los organismos de derechos humanos?

–La idea es que haya plena participación de los organismos, a la manera que ellos elijan, porque cada uno tiene sus particularidades, en la elaboración de las políticas de la secretaría. Ellos son gente de mucha experiencia y es lógico que uno quiera rodearse de aquellos que saben incluso más que uno, así que vamos a cooperar con todos.

–¿Qué va a hacer con las denuncias respecto de abusos policiales y violencia en las cárceles que afectan al ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal?

–He tenido algunos diálogos con Casal en presencia de Scioli. Hemos llegado a un acuerdo y la secretaría para empezar a atacar este tema. En esto, Casal y el gobernador estuvieron totalmente de acuerdo. Va a haber un diálogo constante y trataremos de entre los tres alcanzar soluciones. Las políticas de seguridad son decisiones que toma el gobernador. Obviamente que hay sectores muy críticos a la política de Casal, pero en la medida que uno sepa escuchar y buscar consensos yo creo que no va a haber inconvenientes. No creo que haya complicaciones en ese sentido.

–¿Qué relación tendrán con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también está comenzando una nueva etapa?

–Vamos a coordinar todas las políticas. Tuve una charla con el ministro de Justicia, Julio Alak, con quien me une una amistad. Nos vamos a juntar la semana que viene para empezar a coordinar. No va a haber inconveniente y creo que vamos a hacer cosas muy buenas junto a quien tenga que llevar adelante esa política a partir de ahora.

–¿Cuál será el rol de la militancia en el trabajo en la secretaría? ¿Habrá colaboración con espacios políticos?

–No se trata de salir a repartir cargos porque no estamos para eso. Pero sí incorporarlos a la coordinación política porque estos sectores son vitales. Los vamos a convocar porque tienen muchas propuestas, muchas inquietudes y conocen el territorio al que debemos llegar con nuestras políticas.