Dos días después de lanzar la campaña “500 mil caras por la Justicia”, los familiares de las víctimas del choque de TBA se encontraron con la noticia del decreto 793, por el que el Gobierno canceló el contrato de concesión del ferrocarril Sarmiento y el Mitre a Trenes de Buenos Aires. El sentido mayoritario de los familiares fue dar respaldo a la decisión de Cristina Kirchner. Consideraron que debe ser el “primer paso” en dirección a que los ferrocarriles funcionen “para que la gente viaje como debe viajar”. Y marcaron la vigencia del reclamo de justicia y la sanción a los responsables, sean empresarios o funcionarios estatales.

“La decisión la tomó el Poder Ejecutivo y nosotros esperamos, como el resto de la sociedad, que este sea un punto de inicio –dijo a Página/12 María Luján, la mamá de Lucas Menghini Rey– hacia una transformación estructural, profunda de los servicios concesionados.”

El apoyo a la medida presidencial no limita ni implica una modificación de las pretensiones del grueso de los familiares: “Esta decisión y el apoyo a este primer paso –prosiguió María Luján– no deslinda ningún tipo de responsabilidad a todos los que la tienen. Me refiero a los empresarios de TBA y a los funcionarios estatales. Son dos cuestiones paralelas”.

Respecto de la conformación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) –constituida por las empresas Metrovías y Ferrovías, quienes se harán cargo del servicio–, la madre de Lucas sostuvo que, más allá de quienes detentaran la responsabilidad del funcionamiento, “tenemos que tener servicios de transporte dignos, seguros, tienen que ser confiables. No soy quién para decir qué empresa sea la conveniente para hacerse cargo. Lo que creo es que la empresa que sea tiene que brindar el servicio como corresponde”.

“Nosotros tenemos claro –agregó– que TBA es responsable en parte, que la otra parte de la responsabilidad le compete a los organismos del Estado. Porque sea quien fuere que quede a cargo de los trenes, los organismos de control tienen que controlar.”

Ayer, los familiares se reunían en Morón, donde se realizaba un recital para recoger adhesiones a la campaña “500 mil caras por Justicia”. “Tiene mucha repercusión entre la gente –aseguró María Luján–. El objetivo de nuestra campaña es demostrar que somos medio millón de personas las que ponemos la cara y no que se trate de un problema de 51 familias los que reclamamos justicia.”

Para Angel Cerriccio, padre de Matías y suegro de Natalia, la decisión de apartar a TBA de la concesión “es una decisión que era lógico que se tomara. Los trenes seguían exactamente en el mismo estado en que estaban cuando ocurrió el accidente. En ese estado son una bomba de tiempo. Los trenes andan igual o peor. Nosotros estuvimos el 22 (se refiere al acto de lanzamiento de la campaña ‘500 mil caras...’, en Once). En el andén 4 ni siquiera estaban los muros de contención. Los trenes seguían estando de la misma manera, en un estado deplorable. Los obreros seguían protestando por las condiciones en que estaban. Por eso me parece que es lógica la decisión”.

“Lo de Metrovías y Ferrovías –agregó– debe ser una solución provisoria. Porque el problema es de fondo, hay que hacer un cambio total, es todo obsoleto, no sólo los coches; también las vías, las señales. En una reunión que tuvimos con la Presidenta, le dijimos todo esto y nos dijo que cuando tuviera las pruebas iba a determinar si quitaba o no la concesión. Bueno, lo hizo y bastante rápido. Tengo cuatro hijos más, mi señora cada tanto viaja. No quiero que les pase nada.”

Por su parte, Vanesa Toledo, hija de Graciela Díaz, sostuvo que la decisión tomada por Cristina Fernández “es un gran primer paso, aunque hay mucho por hacer. Le sumo todos los méritos a lo que estamos haciendo. Porque estoy convencida de que no hubiese pasado si no nos hubiéramos movido. Estoy totalmente convencida de eso”. Y agregó que “en la conferencia de prensa (en la que fue anunciada la decisión presidencial –ver aparte–) se pusieron en un papel de víctimas, de estafados, y no me parece que sea así. Desde el 2008 tenían las herramientas legales para tomar la decisión que tomaron ahora. En lo personal, yo estoy contenta por lo que provocó la decisión del Gobierno, porque no van a seguir cobrando a costa de nuestras vidas”. Y aclaró que “para nosotros no es un borrón y cuenta nueva. Empresarios y funcionarios tienen una gran responsabilidad”.