La Legislatura porteña tiene un proyecto contra la trata de personas desde hace casi dos años y, según la oposición porteña, el macrismo lo tiene cajoneado. Así como se reavivó la discusión de la ley de la trata en el Congreso nacional, en la ciudad algunos legisladores recordaron las leyes que están pendientes y que plantean modificaciones en el código de habilitaciones y en el de contravenciones. Desde el PRO, se defienden y recuerdan que el jueves pasado se aprobó una ley que prohíbe los volantes y la publicidad de oferta sexual. El macrismo promete que las otras iniciativas se tratarán en las primeras sesiones del año próximo.

Tras la absolución de los imputados en el caso de Marita Verón, no fueron pocos los que recordaron el video de backstage de Mauricio Macri en el que bromeaba sobre poner “un prostíbulo, una tintorería” en Constitución. También hubo quienes rememoraron el veto de Macri a la creación de una Oficina contra la Trata de Personas, del que informó este diario. Se trataba de un organismo integrado por los tres poderes y, curiosamente, la autora de la ley era legisladora del PRO. Tras vetarla en 2010, Macri la reemplazó por un Comité contra la Trata que no tenía presupuesto asignado y que contaba con funciones más reducidas.

Ese veto se conoció luego de la denuncia de Lorena Martins del presunto financiamiento de una red de proxenetismo a la campaña de Macri, que luego no fue investigada por la Justicia. Martins había hecho pública una serie de fotos de Macri con Gabriel Conde, ex dueño del prostíbulo Shampoo. La imagen fue tomada en Cancún, donde Martins asegura que su padre tiene otra red de prostíbulos. Incluso aseguró que la foto, en la que aparecían Macri y Juliana Awada, fue sacada en el prostíbulo Mix.

Desde 2008, la ciudad tiene una ley que obliga al Gobierno a dar asistencia a las víctimas de trata y a favorecer la detección de casos. Luego de la denuncia de Martins, la Agencia de Control Gubernamental sufrió diversas críticas de la oposición porteña por las inspecciones a prostíbulos. Desde la gestión PRO, respondieron que eso era competencia nacional y judicial, y que ellos no estaban facultados para clausurarlos.

Con la idea de revertir esa situación, el jefe del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, presentó dos proyectos hace más de un año y medio. En uno de ellos, que modificaba el código de habilitaciones, prohibía la difusión callejera de la oferta sexual y determinaba que caducarán automáticamente las habilitaciones de un local en el que se compruebe que se ejerce el proxenetismo. El otro proyecto de ley modificaba el código de contravenciones y endurecía las penas del código contravencional: las lleva a dos años de inhabilitación y a multas de cinco mil pesos o trabajos comunitarios por hasta 90 días. De años previos, había un proyecto de la ex legisladora de la Coalición Cívica-ARI Diana Maffía que iba en la misma dirección, pero nunca llegó al recinto.

Los proyectos de Raffo, tampoco. Según señalaron, nunca fueron tratados en la Comisión de Desarrollo Económico ni en la Comisión de Justicia, que conduce el radical PRO Martín Ocampo, ni en la de Asuntos Constitucionales que dirige el peronista macrista Helio Rebot. “Sería esencial para nuestra ciudad poder avanzar hacia esas normas, que incluyen agravantes para las agencias de turismo que ofrezcan turismo sexual. En las habilitaciones, el principal objetivo es avanzar en la derogación de la figura de alternadora, que encubre la legalización por parte de la ciudad de la explotación de la prostitución ajena”, advirtió Raffo.

“Creo que es un proyecto que contribuiría en mucho a que no haya un doble discurso. La Nación vota todo a favor de las leyes de trata y en Ciudad de Buenos Aires, a la vista de todos, están abiertos los prostíbulos, regenteando prostitutas”, cuestionó Fernando Sánchez, jefe de bloque de la CC-ARI. “Eso es lo que casi habilita el código de habilitaciones porteño. Tenemos un proyecto y no lo quisieron tratar en los últimos dos años. La ciudad ha hecho poco para evitar esto. Las políticas contra la trata de personas han sido muy pobres”, dijo.

Ocampo, en tanto, respondió que la semana que pasó se aprobó una iniciativa de la macrista Gabriela Seijo, en la que se prohíben los volantes o pegatinas que promocionen la oferta sexual y que prevé multas de más de 50 mil pesos. “Siempre estamos predispuestos a tratar cualquier propuesta que ayude a combatir la trata”, destacó Ocampo. En el PRO ven algunos problemas técnicos en los proyectos, pero –de todas formas– se comprometieron a tratarlos en las primeras sesiones del años próximo. En tanto, Sánchez presentó un pedido de informes –aprobado el 15 de noviembre– para que la gestión PRO explique cuántas inspecciones hicieron en locales en los que había prostíbulos y cuántas terminaron en clausuras. Hasta ahora, no tuvo respuesta.