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Los presidentes de las Cámaras nacionales y federales del país estaban cómodamente sentados en un salón señorial, como suelen serlo los que ocupan parte del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Su doble puerta es de material noble: bastó entornar una de sus hojas para que entraran sus señorías de a dos o tres. De pronto, se abrieron las dos puertas de par en par e ingresó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, flanqueado de modo solemne por integrantes de Ceremonial. Los magistrados se pusieron de pie, casi en actitud marcial. Coreografía extraña en un estamento del Estado republicano, no tan exótica en un poder que gusta mostrarse aristocrático, en la jerga y en los ritos.

Los jueces integran la Junta Nacional de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales. “La Junta”, que así la llamaremos en lo sucesivo, no es un organismo previsto en la Constitución ni en ninguna ley. No posee, por ende, facultades judiciales específicas. La creó Lorenzetti y sus prácticas versan sobre cuestiones de ordenamiento interno (Superintendencia, en jerga), también sobre la relación con las Obras Sociales. Suele reunirse una vez al mes, la Corte se hace cargo de los pasajes de los jueces asentados en el interior. Su presidente es Gustavo Hornos, que también lo es de la Cámara Federal de Casación Penal.

Hornos le entregó a Lorenzetti una carta firmada por amplia mayoría de los miembros de la Junta, no por todos. La misiva es conocida por el lector asiduo de los diarios, por lo que diremos lo mínimo. Presentaba una serie de reclamos y críticas respecto de los proyectos para “Democratizar la Justicia” enviados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso. Lorenzetti la recibió, prometió estudiarla, luego le habló a la concurrencia.

Elogió al conjunto (incluyendo a la Corte) y se encargó de que colaboradores suyos les comunicaran la holgada situación presupuestaria del Máximo Tribunal y de su Obra Social. Sobre ésta, se comentó que su solvencia es tan grande que podría cubrir todos sus gastos por un año, aun sin recibir un peso en ese lapso.

Luego, la carta siguió un periplo y sufrió recortes, también divulgados en estos días. Lo interesante, el centro de esta nota, es que Lorenzetti mismo había redactado la carta que recibió, con pompa y circunstancia.

El Supremo se la envió a Hornos, quien la circuló entre sus pares como si fuera de su personal autoría. Luego se vio obligado a reconocer la fuente y a pedir reserva a los demás camaristas.

No es la primera vez que Lorenzetti, un político hábil y hasta florentino, apela a esa carambola. En su momento, Página/12 informó que junto a su colega Juan Carlos Maqueda fue el real escriba de una carta indignada suscripta (esa vez) por organismos representativos del Poder Judicial y un puñado de sellos de goma. Su texto indignado y desafiante se arrogaba la representación de todo el Poder Judicial. Eso motivó el nacimiento de “Justicia legítima”, un colectivo de jueces, secretarios, fiscales y defensores oficiales que no se vieron representados en la diatriba. Y entraron en escena con una solicitada en la que (a diferencia de la precocinada por Lorenzetti) firmaron con nombre y apellido.

Este tramo de la historia continúa y se permite alguna repetición, que es el episodio al que volvemos.

Las fuentes personales de esta columna son participantes en los hechos que ya reseñamos y que pidieron reserva de identidad. También permitieron acceso al material escrito: varios e-mails intercambiados entre los jueces. Por cierto, no de todos, lo que deja pendientes algunas circunstancias sobre las que no se trazan hipótesis ni reconstrucciones opinables. Entre el material ignoto están los intercambios entre los jueces Hornos y Lorenzetti.

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“Exceso de discreción”: Se sabe sin resquicio para dudas que Lorenzetti concibió el texto original. Lo revelan dos e-mails de Hornos, dirigidos a sus pares de la Junta.

Lo primero que hizo Hornos fue enviar un esbozo de carta sugerido para el debate de sus colegas. La forma de redacción sugería, inequívocamente, que el texto obedecía a su inspiración. Propuso un debate entre todos sobre su alcance y escritura definitiva. Como es de manual entre personas versadas, afectas a la escritura y de perfil alto, abundaron las propuestas de agregados y cambios. Las diferencias, explican dos de los concernidos, no eran tan amplias pero sí muy abundantes y exigentes. El tono general que primaba, según esos protagonistas, era de reclamar en términos más severos. Graciela Medina, presidenta de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, fue una de las más enardecidas. Cuasi unánimemente se exigía un encuentro colectivo con Lorenzetti el lunes 15 de abril.

Ante el acaloramiento imperante y creciente de los corresponsales, Hornos cursó otro correo electrónico general, fechado el sábado 13, dos días antes. Confesó que la carta era de Lorenzetti, que la idea era no retocarla. Que la reunión clamorosamente reclamada por las bases estaba fijada de antemano, para ese lunes, a las 19.30. O sea, sinceraba la conducción plena del presidente de la Corte, que antes había omitido consignar.

La información sustraída dista de ser una minucia. “G. H.”, que así firmó el e-mail, la explicó con mínimos circunloquios. Textualmente expresó, sin temor a la prosa rimada: “En la seguridad de que todos comprenden la trascendencia de la situación, quiero manifestarles que he cometido, tal vez, un exceso de discreción”. El púdicamente apodado “exceso de discreción” era falsear la autoría del proyecto de carta. Hornos encareció, unas líneas abajo: “Entiendan que aquella nota que califiqué como ‘sugerida’, me fue enviada con pedido expreso de ser circulada sin cambios, lo que así hice”.

Nadie en sus cabales podría dejar de percibir quién había sido el remitente. Por si hiciera falta, el correo agrega detalles de paliques previos con Lorenzetti. Hablando del cónclave con éste, por el que clamaban otras Señorías, confiesa que estaba pactado. “La reunión a la que ahora se viene haciendo referencia ya había sido convenida para el día lunes alrededor de las 19.30. Por otra parte, le expresé al Presidente CSJN el esfuerzo personal y funcional que muchos de ustedes hacen para estar aquí el lunes.”

Acaso esforzado por matizar las novedades, G. H. añadió: “Sin embargo, como somos nosotros los que vamos a firmar, coincido en mejorarla y corregirla”. Corregirla... ma non troppo, porque cerraba el párrafo convocando a la unanimidad “pero en lo posible respetando los puntos temáticos que en ese original se proponían. Por otra parte, tratándose de un texto con pluralidad de firmantes, debemos todos una concesión en procura del mejor acuerdo”.

Unas horas después, Hornos clausuró el debate que supuestamente había abierto, o mejor dicho entornado. Fue parco: “Comenzado ya el domingo y próximo el lunes (sic, la redundancia) parece estéril seguir criticando el documento que he circulado por pedido expreso de hacerlo sin cambio”.

El documento (ya se contó) llegó el lunes a manos de Lorenzetti, quien lo acogió como si fuera una novedad y prometió leerlo, lo que no le era necesario.

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Libaciones y cambio de barajas: El lunes 22, una semana después de la sobreactuada entrega de la carta consabida, todos los jueces mencionados se congregaron otra vez en la Ciudad Autónoma. Los pasajes, en esta ocasión, los sufragó la Asociación de Magistrados, a cuyo comedor fueron invitados a cenar. Lorenzetti participó de la tenida, donde se departió amablemente, en general. Hubo algunos amagos aislados de rezongo superados por la buena onda. La degustación de un buen menú, notables vinos y excelente champagne seguramente estimularon el consenso.

En el ínterin, Lorenzetti había barajado y dado de nuevo: cambió las cartas. Con fecha 18 de abril envió una suya y otra firmada sólo por Hornos al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Se suprimían reclamos centrales de los camaristas referidos a la elección popular de sus integrantes, a su composición y al régimen de mayorías.

El lunes 22, mientras los magistrados cenaban, Domínguez y el diputado Agustín Rossi se encontraron en la Casa Rosada con Cristina Kirchner y el secretario legal y técnico, Carlos Zaninni. Se decidió tener en cuenta los reclamos de la Corte y de las Cámaras y retocar el proyecto de reformas al Consejo de la Magistratura. Se dejó sin efecto la transferencia del manejo del personal y el presupuesto respectivo que venía detentando la Corte.

Y se admitió, respecto de la iniciativa para democratizar el ingreso al Poder Judicial, que los jueces pueden designar algunos de sus colaboradores directos. Todavía no se conoce cómo se traducirá esta modificación en el proyecto aprobado por Diputados, que está en órbita del Senado.

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Ya tengo el poder: La Corte mantuvo la caja, que es un recurso imprescindible para gobernar, tanto como una herramienta de poder. En el camino, lanzó el rumor de un amague de renuncia en bloque, algo bien extraño en un cuerpo que aúna siete individualidades muy poco proclives a la acción colectiva.

Con o sin renuncia virtual, el episodio fue un avance sobre el proyecto del Ejecutivo. Una demostración de poder, a la que el kirchnerismo decidió conceder.

Lejos estuvo del haber sido contubernio entre Lorenzetti y la presidenta Cristina, denunciado por la diputada Elisa Carrió.

El acuerdo, el aval de los demás supremos manifestado en otra carta, la lectura de los medios dominantes fortalecen a Lorenzetti como protagonista.

La jugada también tiene costos para él. El documento colegiado se sustituyó por uno firmado sólo por Hornos, con menos ítem. La tala del pliego de peticiones y el modo en que se cambió el sabó suscitaron la cólera de muchos integrantes de la Junta. Se sintieron usados, por decirlo con un eufemismo. Por ejemplo, el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Héctor Guisado, se enfadó de lo lindo: desbrozó lo escrito por Hornos, lo que sumó otro mail a las cadenas. Escribió: “pude advertir que, en el primer párrafo el Dr. Hornos invocaba su calidad de presidente de la Cámara de Casación Penal y de presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras y utilizaba el modo singular. Pero en los demás párrafos empleaba el modo plural (‘le agradecemos’, ‘vemos’, ‘queremos’ –tres veces–, ‘consideramos’ –dos veces–, y ‘no podemos’), con lo que se sugería que estaría hablando en representación de todos nosotros. Pero yo, al menos, no fui consultado ni informado acerca de esta nueva nota”. Hubo varias adhesiones. El juez Mariano Lozano, presidente de la Cámara Federal de General Roca, aconsejó desensillar hasta que aclarara: reconoció la falta de congruencia, se esperanzó “espero que haya alguna explicación a lo acontecido”. Y encareció a Sus Señorías que guardaran secreto.

Los magistrados no lo han hecho del todo. La bronca es extendida y hace más blanco en Lorenzetti, el numen de la maniobra, que en Hornos, a quien tampoco le ahorran denuestos. Con los elementos de que dispone este cronista no es posible explicar por qué Lorenzetti acortó el documento que él mismo propuso desde el vamos. Pueden urdirse especulaciones lógicas, que se evitan en esta nota.

La deriva de los hechos continuará, como otras tantas. Vamos a por una conclusión transitoria, sobre el eje de este artículo.

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Republicanos intermitentes: El cambio en las reformas mantuvo a la Corte en el control de la caja judicial. Es un dato relevante porque, en la mirada del cronista, es el único aspecto clavadamente inconstitucional del proyecto en cuestión.

El artículo 114, inciso 3, de la Carta Magna establece, sin dejar margen a dudas, que corresponde al Consejo: “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de Justicia”.

Cierto es que la Corte ejerce esa facultad desde hace años, sin que haya tronado el escarmiento ni hayan protestado jueces, legisladores, académicos o ONG inflamados de republicanismo. La costumbre aceptada, empero, no deroga la norma.

El argumento utilizado por la Corte (unánimemente) es la gobernabilidad. Aducen que el Consejo es un organismo colegiado (sotto voce añaden, con igual razón, que su “funcionamiento” es fatal), lo que conspira contra la ejecutividad de la labor. Llegaron a hablar de paralización de “la Justicia”.

Contraponer gobernabilidad versus legalidad es un razonamiento pragmático, acaso más parental al peronismo que al remilgado Poder Judicial. También viene al caso recordar que el Congreso, que es colegiado y conflictivo, administra sus recursos.

Lo ostensible es que hay un doble standard en la cultura política doméstica, respecto de las inconstitucionalidades. Las que aluden al campo propio se resignan en nombre de la eficiencia o de la costumbre. Las otras suscitan oleadas de indignación y clamores apocalípticos.

Algo similar acontece con los reclamos de transparencia, fair play y visibilidad con que tanto se interpela a otros poderes del Estado. Por lo visto, la “Justicia independiente”, empezando por su primera figura, juega entre bambalinas con cartas marcadas cuando viene a cuento.

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