“Expresamos nuestro enérgico repudio frente a las denuncias realizadas contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc”, manifestaron conjuntamente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Madres-Línea Fundadora.

Los organismos de derechos humanos explicaron que “esta clase de designaciones”, objetadas judicialmente por el senador Mario Cimadevilla, “constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado”. En este sentido, destacaron la creación de “equipos de trabajo específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio por los crímenes ocurridos en la ESMA o en Campo de Mayo”, los cuales, según la denuncia, “deberían desmontarse”. El CELS, Abuelas, Familiares, H.I.J.O.S. y Madres Línea Fundadora creen que de esa forma se comprometerían seriamente los juicios en marcha e incluso los ya concluidos.

Para los organismos de derechos humanos “la denuncia interesada para atacar estas facultades legales encierra, en realidad, una mirada conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General en particular” y que “por medio de una denuncia penal y de una campaña mediática que pretende maximizarla, se intenta disciplinar y frenar procesos de cambio profundos en la administración de la Justicia”.

Las cinco agrupaciones señalaron que los nombramientos realizados por la procuradora “se ajustan a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a fenómenos sociales y criminales específicos” como delitos “complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad que hasta ahora no han tenido respuesta, como son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.

“Reafirmamos que estas decisiones deben ser sólo el inicio de un proceso de cambio estructural –concluyeron– y de una transformación más general del sistema judicial para que las prisiones dejen de estar pobladas de personas pobres y vulnerables.”