El relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank William La Rue, afirmó ayer que la ley de medios “fue un enorme paso para América latina y para la democratización de los medios”. La ley sancionada en 2009 “sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales”, sostuvo La Rue, quien dijo desconocer “cómo se han aplicado e implementado las políticas” posteriores a la sanción de la ley y evitó opinar sobre el proceso de audiencias públicas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos objetados por el Grupo Clarín.

El activista guatemalteco dialogó con la prensa en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA luego de disertar ante alumnos de la Maestría en Servicios de Comunicación Audiovisual, actividad que compartió con la defensora del Público, la periodista Cynthia Ottaviano.

“Mantengo mi posición sobre la ley: creo que la Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado”, aseveró el relator de la ONU, y consignó que en su país, Guatemala, las radios comunitarias no están siquiera mencionadas en la ley. “No quiero pronunciarme sobre lo que está en discusión en la Corte porque, como relatores, no debemos interferir”, explicó. “La ley es excelente; claro que toda ley puede ser mejorada en el futuro”, agregó. “Lo que no sé es cómo se han aplicado e implementado las políticas”, afirmó, y dijo estar “fascinado por lo que se está discutiendo” en torno de la ley de medios.

Luego de finalizar su disertación en el auditorio de la facultad ubicada en el barrio porteño de Constitución, el relator anticipó que en el informe que presentará en octubre a la Asamblea General de la ONU pondrá el acento en el derecho a la verdad. “El 25 de octubre presento un informe que es muy importante porque América latina marcó una tendencia –y, dentro de América latina, Argentina y Guatemala–, que es sobre el derecho a la verdad de las víctimas como un vínculo al derecho de acceso a la información, que es parte de la libertad de expresión”, planteó.

“El derecho a la verdad lo venimos discutiendo hace años, pero siempre lo hemos visto como parte del acceso a la Justicia, de la lucha contra la impunidad. Pero hoy le quiero agregar un elemento adicional que es que el derecho a la verdad también es el derecho de pedir información pública de violaciones (a los derechos humanos) tanto del pasado como del presente, por víctimas o por cualquier persona dentro del territorio nacional”, postuló el relator especial de la ONU.

En ese sentido, sostuvo que “saber por qué se violan los derechos humanos, quién lo ordenó, quién lo hizo y quién lo encubrió es una información fundamental para que una sociedad conozca su historia y pueda libremente definir su futuro”. La Rue se había expresado en términos similares durante la disertación, en la cual se refirió al contenido del informe que presentó en junio pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que puso el acento en “la vigilancia del Estado” a partir de la inquietud planteada por organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que se trataba de un tema “cada vez más difícil”.

“La democracia se mide por el respeto a los derechos humanos”, resumió La Rue, al tiempo que señaló que si bien el Estado debe resguardar la “seguridad nacional”, no lo debe hacer “en base a la arbitrariedad, sino en base a legislación democrática”. “Esta es la discusión que se está generando en el mundo de hoy”, planteó el relator, quien indicó que “la libertad de expresión es un derecho que es facilitador de otros” y postuló que “afectar ese derecho implica entonces afectar también otros”.

“El derecho a la privacidad y a la libertad de expresión son totalmente distintos pero deben entenderse vinculados. No podemos tener una libertad de expresión completa si no tenemos el derecho a la privacidad en las comunicaciones”, aseveró. En esa línea, señaló que si bien “la seguridad nacional es una obligación legítima del Estado, ésta debe ser ejercida en forma democrática y no basada en los excesos o las arbitrariedades”. “Así empezó el fascismo”, recordó La Rue cuando hizo referencia a la “vigilancia ilegal”. Agregó que “si se permite que se ejerza ese monitoreo a sectores de la población” se abren las puertas a una “diferenciación de los derechos humanos”, algo que consideró violatorio de los derechos humanos e inaceptable. Por ese motivo, destacó la necesidad de que los Estados avancen en la definición de “leyes que regulen la seguridad nacional dentro del balance de las leyes democráticas”. La Rue adelantó que tras su paso por Buenos Aires visitará Uruguay, invitado por el presidente José “Pepe” Mujica.