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Las actas de la Junta Militar halladas en las últimas semanas están ofreciendo nuevas claves de lectura sobre roles y distribución del poder en la dictadura. Aparecen con peso los secretarios generales de las Fuerzas Armadas, que son quienes firman las actas y hasta ahora no se los tenía en cuenta como parte de ese poder. Pero también muestran el poder de lobby que tuvieron algunos sectores empresarios en la discusión de anteproyectos de decretos y la influencia en muchos de esos proyectos de Alfredo Martínez de Hoz. Frente a ese universo, también está en análisis la evaluación de los datos que surgen de las quince actas que mencionan el caso Graiver o Papel Prensa.

Esta semana el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia Federal copias certificadas de las 15 actas que documentan datos sobre los que la Justicia aún no se expidió. Una importante es el vínculo entre “el caso Graiver” y “la causa Papel Prensa”. La defensa intenta decir que los dos temas son distintos para evitar que la “causa Papel Prensa” se investigue con el carácter de delito de “lesa humanidad” que ya posee la causa Graiver, por la sucesión de secuestros, tormentos y homicidios que padeció el grupo. Las querellas sostienen desde el hallazgo que uno de los datos más importantes que aportan las actas es justamente eso: que muestran que la Junta Militar trató los dos temas como uno solo, en continuado y en íntima relación. Página/12 trabaja en esta nota algunos ejemplos, pero además revisa otros datos que surgen de las actas. Entre ellos, uno muy importante: el aumento en la frecuencia de reuniones de la Junta Militar que coincide con el momento del secuestro del grupo Graiver. También, el frenesí que muestran las actas por impedir que el dinero de la venta ilegal de Papel Prensa vaya a integrar el patrimonio de los Graiver o el manifiesto interés de los dictadores por acelerar como sea lo que una y otra vez mencionan como “el proyecto”, e incluye la construcción de la planta de Papel Prensa, aun a costa de conceder todas las exenciones que pedían Clarín, La Nación y La Razón.

La burocracia

Uno de los datos que sorprendió a quienes hace años trabajan en Defensa en el análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas es el rol y el poder que según las actas parecen haber tenido los secretarios generales de cada una de las tres Fuerzas Armadas. Ellos son los que aparecen firmando las actas y como responsables de seguir cada uno de los temas tratados. En el organigrama, los secretarios generales eran los terceros en la línea de mando de las fuerzas. Y de acuerdo con lo que se lee en las actas aparecen, además, a partir de mayo de 1977 como secretarios generales de la Junta, de forma sucesiva y en turnos rotativos que duran un mes. Por ese lugar pasaron personajes importantes que ahora podrían empezar a ser investigados por estos temas. Fueron, entre otros, Jorge Carlos Olivera Rovere; Benito Reynaldo Bignone, por el Ejército; y Basilio Lami Dozo, por la Fuerza Aérea. Hombres que después ocuparon primeros cargos (Bignone y Lami Dozo) o retuvieron roles importantes.

Otro dato que muestra las actas es el peso de Alfredo Martínez de Hoz y el poder de lobby de sectores del empresariado. Entre el material que evaluaba la Junta están los expedientes con los anteproyectos de ley o decretos que emitía la Comisión Asesora Legislativa (CAL). La CAL trabajó muchos proyectos en base a propuestas que recibía de los distintos ministerios y, en general, objetaba aspectos de los proyectos. Pero cuando los proyectos eran de Economía, y en algunos temas específicos como expropiaciones de empresas o liquidaciones, primaba lo que decía el ministro.

Stella Segado es la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y está a cargo del análisis de las actas. “Lo que me parece que hay es una reiteración de ese hecho”, dice. “Lo que se va viendo son solicitudes del Ministerio de Economía a la CAL en relación con anteproyectos de decretos que tienen que ver, por ejemplo, con expropiación de distintas empresas, que van desde ingenios o azucareras como San Juan o Bella Vista hasta editoriales como Codex, que fueron expropiadas. Con esas solicitudes, la CAL hacía un asesoramiento. A veces ese asesoramiento era aceptado y otras veces no con indicación precisa de que se seguía la pauta tal cual venía del Ministerio de Economía.” Esto aparece, sobre todo, en los temas de expropiaciones o liquidaciones de empresas que pueden verse a la vez como un tema que creció como negocio en ese período promovido por la lógica financiera de Martínez de Hoz, la intervención del Banco Central y los bancos privados.

Otro dato en análisis es el rol del empresariado. La CAL cumplía la función de un órgano legislativo. La Junta o los ministerios pedían a la CAL que produjera anteproyectos. Como hacen las comisiones del Congreso, dice Segado. Luego citaban a los distintos actores con intereses en una ley para que se pronuncien. Los proyectos después volvían a las distintas áreas y así se abría un ida y vuelta hasta el decreto final. Lo que ocurría en el medio es que en algunos anteproyectos, como la Ley de Radiodifusión de la dictadura, se ve cómo la CAL toma e incorpora posiciones y objeciones tal cual las solicitaban algunas de las cámaras empresariales (Asociación Telerradiodifusoras Argentinas –ATA—) y Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) o el Episcopado.

Las Actas y Papel Prensa

En conjunto, las quince actas que se hallaron hasta ahora con alguna mención al tema Papel Prensa o Graiver se extienden desde el 15 de septiembre de 1976 (Acta 5) hasta el 29 de julio de 1980 (Acta 144). En sucesión muestran el seguimiento de la Junta sobre la trasferencia ilegal de Papel Prensa, el avance del “proyecto”, la situación de los “detenidos” del caso Graiver, la orden de que el dinero no ingrese a sus cuentas y el “blanqueo” de los secuestros.

Como se dijo, uno de los datos más importantes es que la Junta “no trata el apoderamiento de Papel Prensa y el caso Graiver como dos casos separados sino como un continuo”, señala uno de los impulsores de la causa. En las quince actas el “tema” aparece nombrado de distintas maneras. Se lo lee “Papel Prensa SA”, “caso Graiver” o “Arresto de familiares e implicados en la investigación por el caso Graiver”. Y hay pautas que indican que los dos temas para la Junta están imbricados.

El Acta 20 del 14 de abril de 1977, por ejemplo, habla de los dos temas a la vez: bajo el titulo de “Papel Prensa” habla de los Graiver y muestra la desesperación que tenía la Junta para que el dinero no pase a los familiares:

1. Papel Prensa SA:

1.1. Se resuelve revisar lo actuado, evitando que la suma correspondiente a las acciones ingrese al grupo Graiver o su sucesión y procurando no demorar la ejecución del proyecto.

1.2. Responsabilidad de Ejecución: secretarios generales (N.d.R.: de las Fuerzas Armadas)

Otro ejemplo de la “imbricación” de los temas entre muchos se ve en el Acta 23 del 26 de mayo de 1977, es decir, pocos días mas tarde.

2. Papel Prensa:

2.1. Se resuelve que el tema sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una “intervención preventiva”, en caso necesario.

Otro dato muy importante que surge de lo que hasta ahora se vio de las actas es el peso que tenía el tema para la Junta Militar. El ministro Agustín Rossi subrayó apenas dio a conocer el hallazgo que eso estaba marcado por la cantidad de veces que aparecía el tema en las 280 actas revisadas.

Ahora bien, una lectura detallada de las fechas dice todavía más. En principio, que hubo por lo menos un período en el que la Junta Militar trató el tema en todas las reuniones, dado que aparece mencionado en cada una de las actas que van del número 19 al 23. Es decir, hubo cinco reuniones continuas en las que se trató el tema. Por las fechas, además, se infiere que se aceleraron las frecuencias habituales de las reuniones: las cinco reuniones se hicieron en un breve período, entre el 6 de abril de 1977 (Acta 19) y el 3 de mayo de 1977 (Acta 23), es decir, hubo cinco reuniones en menos de un mes.

El dato no es menor y sugiere algunas lecturas. Primero que algo pasaba. Entre marzo y septiembre de 1976, sólo por citar un ejemplo, la Junta realizó sólo cinco reuniones. Otro elemento a tener en cuenta es que el período de las cinco reuniones coincide con el momento de los secuestros del grupo Graiver. Las numerosas caídas empezaron el 8 de marzo de 1977 y se extendieron hasta fines de abril de ese año. La primera acta de ese período es el 6 de abril. Durante ese tiempo la Junta emite por lo menos dos actas importantes: la 20 y la 21. La 20 del 14 de abril, y ya mencionada, impide que el dinero de la venta ingrese al patrimonio de los Graiver. Ahora bien, una vez asegurado el despojo en el acta siguiente que lleva el número 21 y es del 19 de abril blanquea las detenciones:

VI: Caso Graiver:

Se aprobó integrar el Consejo de Guerra Especial para el caso Graiver con personal militar de las tres Fuerzas Armadas.

Responsabilidad de Ejecución: Secretario de Turno.

Pablo Llonto es abogado de las causas de lesa humanidad y señala que es importante investigar qué pasaba entre las actas y los secuestros. “Se puede hacer una vinculación clara porque mientras estaban secuestrados y tratando de obtener información, eso indicaría que paralelamente la Junta estaba teniendo cinco reuniones. Evidentemente en esas reuniones se tocan temas a partir de información de inteligencia que provienen de los interrogatorios, esto es una deducción pero, como da cuenta de lo habitual en la dinámica represiva, es bastante sólida.”

Otro de las temas importantes surge en el Acta 31 del 21 de julio de 1977. Allí se inhabilita a una serie de empresas ligadas o vinculadas con el grupo Graiver, es decir fueron por el despojo total (ver imagen). El acta tiene un dato importante. Señala que es un “proyecto de resolución” que se lleva a cabo “en cumplimiento de una lista de personas jurídicas a las que corresponde aplicar la inhabilitación prevista en el artículo 2 del inciso E del acta el 18 de junio de 1976”. Ese dato es relevante porque estaría corriendo el inicio del momento del interés de la dictadura por el mundo de los Graiver a 1976: “Esto es un indicio que estaría diciendo que antes del accidente de Graiver, que es en agosto del ’76, la Junta estaba al tanto del tema y si es así quiere decir que Inteligencia, que era el cerebro de la represión, ya estaba atrás de los Graiver, y si es así ya estaba atrás de las empresas y si ya estaba atrás de las empresas, estaba atrás de Papel Prensa”.

En línea con esto es significativo además que estas 31 empresas fueron a parar a la Conarepa, el organismo creado por la dictadura para incautar propiedades. Solo Papel Prensa no lo hace.