EL PAíS › MARCELO GARCIA BERRO Y ADOLFO VILLATE, FISCALES DEL JURY CONTRA CAMPAGNOLI

“No sólo hay mal desempeño, podría haber delitos”

Los acusadores esperan un veredicto este miércoles y uno “que esté en línea con lo que pedimos” por lo contundente de las pruebas presentadas. Y avisan que puede haber causas ulteriores por los actos del acusado.

 Por Raúl Kollmann

“En principio, el veredicto se conocerá el miércoles y consideramos que la resolución estará en línea con lo que pedimos: la destitución del fiscal José María Campagnoli. Las irregularidades fueron claramente comprobadas.” Los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate, que actúan en el jury contra Campagnoli, señalaron, paso a paso, las imputaciones contra el fiscal y cómo fueron demostradas en las audiencias. Además, mencionaron los elementos que indican que su accionar no se produjo en un solo expediente judicial, sino que “hay maniobras que se repiten”. Las gravísimas acusaciones sobre las fotos sacadas en forma ilegal y usadas para inducir reconocimientos quedaron fuera de este jury de enjuiciamiento: hoy en día son motivo de otra investigación que tendrá sus propias conclusiones y que podría llevar a un nuevo sumario y a una evaluación de si corresponde otro jury en caso de estar Campagnoli todavía en funciones.

En la tarde del feriado del viernes, García Berro y Villate trabajaban intensamente en el alegato que expondrán el martes ante el Jurado de Enjuiciamiento. Al día siguiente, de acuerdo con la agenda que hizo trascender el tribunal, se daría a conocer el veredicto.

–Varios medios hablaron de juicio amañado, tramposo, que Campagnoli fue sometido a una persecución. ¿Creen que fue un juicio en el que se respetaron las garantías? ¿Creen que fue transparente?

–Es totalmente transparente –señala Marcelo García Berro–. Es un juicio en el que se respeta el derecho de defensa y quien preside lo está haciendo bien. No tenemos ninguna objeción pese a que el tribunal ha sido adverso en muchos de nuestros planteos. Categóricamente ha sido un proceso en el que se respetaron todas las garantías.

–¿Cuáles fueron las acusaciones? ¿Pudieron probarlas?

–La más conocida es la flagrante modificación del objeto de una investigación –explica Adolfo Villate–. Es clarísimo. Campagnoli tenía una causa en la que Federico Elaskar estaba imputado por administración fraudulenta de la financiera SGI, es decir que se había quedado con dinero de la empresa en la que trabajaba. Y de buenas a primeras, de ser imputado, Campagnoli lo pasó considerar una víctima de otro delito, el de extorsión. Lo notable es que ni se investigó la administración fraudulenta ni tampoco la extorsión. Se usó esta última imputación como pretexto para investigar otro delito distinto, el de lavado de dinero. Y Campagnoli sabía que era incompetente. El propio juez de esa causa declaró la incompetencia y se la pasó al juez federal Sebastián Casanello. Campagnoli hizo una investigación paralela, superpuesta a la causa de Casanello. Esto está totalmente probado.

–Hay otro hecho muy serio –agrega García Berro–. Se presentó ante el fiscal Guillermo Marijuán una persona que dice haber sido amenazada de muerte por un integrante de SGI. Marijuán le pasa la denuncia al juez Casanello porque todo tenía que ver con la misma investigación que ya tenía el juzgado federal. En el marco de una autorización del magistrado para que Campagnoli mire los contenidos de la causa, el fiscal sacó fotocopias e hizo una denuncia, como si fuera propia, por amenazas, virtualmente robándole el caso a Casanello. Y hay un elemento que le da mayor gravedad. La víctima de la amenaza había pedido y obtenido el status de testigo protegido, o sea Campagnoli robó un caso en el cual había una persona al que un juez otorgó la protección. Acá no sólo hay abuso de autoridad o mal desempeño, aquí podría haber delito.

–¿Para ustedes todo esto quedó probado?

–Sin ninguna duda –afirma Villate–. Pero tenemos otros aspectos de la acusación. Está totalmente probada la divulgación de las causas a través de medios de comunicación, frustrando medidas de prueba. Por ejemplo, allanamientos ordenados por la jueza María Gabriela Lanz fueron filtrados antes de que se concretaran. Y eso obviamente frustró las medidas.

–Hay otro elemento que quedó probado –completa García Berro–. En el marco de una causa civil, circuló un dictamen de Campagnoli antes de que éste fuera presentado en la causa. Fue firmado por el fiscal el 22 de mayo de 2013 y presentado ante la jueza Lanz al día siguiente. Pero circuló desde antes.

–¿Estuvo en poder del abogado Hernán Frisone del estudio Sáenz Valiente, que es el estudio del Grupo Clarín?

–Estuvo en esas manos –asiente García Berro–. Está claro que es un borrador porque en lo que después se presentó hay correcciones menores, como errores de tipeo o repeticiones de palabras muy seguidas. Y ese borrador que se hizo circular previamente no tenía firma. De manera que, le insisto, quedó probado que el fiscal hizo circular un borrador antes de presentarlo en la causa.

–Permítame resumirlo de otra manera. Abogados del estudio del Grupo Clarín tenían un borrador de lo que después fue un dictamen del fiscal. ¿Se lo escribieron los abogados del Grupo Clarín? ¿Se los pasó antes de presentarlo para que lo corrigieran? ¿Se los filtró para que lo difundieran?

–No, nos pronunciamos sobre eso. Lo que comprobamos es que el borrador de un dictamen del fiscal Campagnoli, todavía sin su firma y sin pequeñas correcciones que se le hicieron después, circuló por otras manos.

–Esto los lleva a concluir que no hay un comportamiento aislado sino irregularidades habituales.

–Desde ya no hay hechos aislados –analiza Villate–. Hay un accionar doloso y lo hizo en más de una ocasión. No sabemos si calificarlo de habitual, pero nos encontramos con maniobras de las mismas características que pudieron haber sido realizadas más veces.

–Pidieron la incorporación de tres nuevos testigos y el tribunal lo rechazó. ¿Por qué les importaban?

–Nos importaban porque mostraban un accionar –explica García Berro–. Son aspectos disciplinarios, manejos administrativos, pero que iban a dejar patente que, por ejemplo, Campagnoli pretendía investigar secuestros extorsivos, algo que es competencia de la justicia federal. La fiscal que reemplazó a Campagnoli, Cristina Caamaño, una empleada, Lucía Orsetti o la secretaria letrada María de los Angeles Gutiérrez permitían percibir casos en los que existía un ocultamiento de pruebas a las defensas. Reitero que todo eso mostraba un accionar.

–¿Qué sucede con las fotos sacadas de forma clandestina y exhibidas a víctimas de delitos para inducir a reconocimientos ilegales? Como publicó Página/12 se trató de hechos gravísimos en los que se marcaba a familiares que no habían cometido ningún delito y se exhibía hasta a bebés.

–No, eso es parte de otra investigación que se está haciendo –redondea Villate–. No se está tratando en este juicio. Seguramente cuando se terminen de realizar todas las medidas se determinará si corresponde un sumario y luego un jury.

–En la semana que empieza este lunes estarán los alegatos y el veredicto. ¿Cuál es la expectativa de ustedes?

–Nosotros creemos que quedó todo más que probado –completan García Berro y Villate–. De manera que esperamos una resolución favorable, sin dudas. Esto es lo que solicitamos, la destitución del fiscal Campagnoli. Y lo que más recalcamos es que ha sido un proceso con todas las garantías.

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