A través de una solicitada publicada ayer en la edición de The Wall Street Journal, firmada por Presidencia de la Nación, el Gobierno planteó que “Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005, pero se vio obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos de tomar el caso”. Se refiere a la demanda de los fondos buitre para el cobro de los bonos en default desde el año 2001 por afuera del canje de deuda, lanzado en 2005, cuyos vencimientos de pago a efectuarse en un banco de Nueva York se encuentran amenazados de embargo por dicho magistrado.

La solicitada repasa los antecedentes del caso, desde el default del año 2001, “el más grande en la historia financiera del mundo”, por más de 100 mil millones de dólares. “Décadas de sobreendeudamiento dejaron al país con una deuda de una magnitud superior al 160 por ciento de su producto bruto interno, una tasa de desempleo del 25 por ciento y más del 50 por ciento de su población sumida en la pobreza”.

Describe luego los pasos que se fueron dando a partir de 2003 “con el objetivo de restablecer la normalidad en las relaciones financieras internacionales del país”, incluyendo los compromisos con los organismos multilaterales. “Sin dudas, el problema más complejo fue alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de bonos de la deuda en default desde 2001, por un monto total de 81 mil millones de dólares. Pero Argentina tuvo éxito en ese aspecto”, a través del acuerdo para el canje voluntario de bonos.

“El 7 por ciento de los acreedores no aceptaron el canje. Los fondos buitre que obtuvieron un fallo a su favor no son acreedores originales de la Argentina. Compraron fondos por un precio obscenamente bajo con el único propósito de impulsar juicios contra el país y obtener grandes beneficios. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, en 2008 pagó 48,7 millones de dólares por bonos en default. El fallo del juez Griesa ahora ordena que se le deben pagar 832 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 1608 por ciento en sólo seis años”, explica luego la misma publicación.

Más adelante, repasa las instancias judiciales que siguió la causa, con la apelación de la resolución del magistrado de Nueva York, para luego advertir que el cumplimiento del fallo de Griesa “empujaría al país a un nuevo default”, ya que ordena el pago 1500 millones de dólares a los fondos buitre que, de hacerse efectivo, obligaría al país a pagar “en el corto plazo unos 15 mil millones de dólares”, que es el monto que representa “el total de los bonos en default que no entraron al canje”. Dicha cifra, destaca la información oficial, “es más del 50 por ciento de las reservas en moneda extranjera del país”.

“Si los fondos buitre reciben el pago, los otros tenedores de bonos de deuda (que entraron al canje) podrían demandar un tratamiento igual, lo que representaría un costo superior a los 120 mil millones de dólares. Si Argentina, por otro lado, no le paga a los fondos buitre, el fallo del juez Griesa le prohíbe al país pagarle al 92,4 por ciento de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración”. Resume de inmediato señalando “en otras palabras: pagarle a los fondos buitre es el camino del default y si no se les paga, la orden del juez Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas de cobrar su deuda reestructurada en 2005 y 2010”.

Señala el informe del gobierno argentino publicado como solicitada en The Wall Street Journal que “los fondos buitre han invertido millones de dólares en lobby y en propaganda, para hacerle creer al mundo entero que la Argentina no paga sus deudas y se rehúsa a negociar. Sin embargo, precisamente desde 2003, la salida del default fue negociando y pagando”.

Tras mencionar a las distintas organizaciones y gobiernos de países que hicieron conocer sus críticas contra el fallo, el informe concluye que “este fallo pretende empujar a la Argentina hacia una situación delicada, pero también a cualquier otro país que decida reestructurar su deuda en el futuro (...). Como no hay un marco legal que regule el default de un país soberano, este precedente significaría que, incluso, si se logra el 99,9 por ciento de aceptación de un acuerdo, el 0,1 por ciento de los acreedores podría invalidar el resto de la reestructuración”.

Finaliza expresando que “la voluntad es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones justas y equitativas de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que ha afectado, afecta y afectará al pueblo de la Argentina debido a la voracidad de un minúsculo grupo de especuladores”.

El original del texto publicado ayer en el principal periódico financiero de Estados Unidos.