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Un embajador en las Naciones Unidas le preguntó a su colega de la Argentina por qué ahora. “La pregunta es por qué no antes”, dijo Marita Perceval, que le respondió al embajador. Ambos hablaban de la votación en la ONU impulsada por el Grupo de los 77 más China para conseguir la redacción de un proyecto de marco legal sobre reestructuración de deudas soberanas que pueda ser aprobado en la Asamblea General de la ONU de 2015.

“El Grupo de los 77 lleva 12 años tratando de que la ONU avance en cuestiones relacionadas con la deuda soberana de los países”, dijo Perceval desde Nueva York en diálogo telefónico con Página/12. “Muchas veces, para rechazar iniciativas como ésta, nos dijeron que este tipo de temas tiene que salir por consenso, y que entonces no convenía votar. Pero también en asuntos de derechos humanos o de derechos sociales es frecuente el voto en lugar del consenso. Me niego a pensar que el voto sea un delito.”

La ONU aprobó buscar, textualmente, el “establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. El problema, según el documento votado a favor por 130 países, en contra por sólo 11 y con la abstención de 41 (muchos de los cuales participarán de la negociación del documento futuro), es la imprevisibilidad que da la falta de un marco y el peligro de los que llama “fondos de cobertura”, o sea fondos buitre. La meta consiste en “aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”.

Sea convención, protocolo u otro tipo de marco legal multilateral, la historia de la ONU permite saber a trazos gruesos cómo pinta el futuro:

- La base estará dada, según el punto 6, por “negociaciones intergubernamentales”. Nada impedirá acceder a la opinión de grupos de expertos o de organismos como el Fondo Monetario Internacional pero la clave son los representantes de los Estados.

- Para otros acuerdos legales, ese proceso llegó a durar entre dos y cinco años. El texto aprobado establece que antes de fin de año deben quedar estipuladas las modalidades concretas para llegar con todo listo a septiembre de 2015.

- El instrumento que se votará en 2015 implicará obligaciones legales precisas a los países que lo ratifiquen. No será una exhortación a negociar, como ocurrió con la resolución 2065 sobre las Malvinas, todavía vigente.

- Como es una norma que aspira a ser vinculante para quienes firmen, el proyecto deberá contener la cantidad mínima de ratificaciones necesarias para que las nuevas reglas entren en vigencia. En la Argentina, por ejemplo, es necesaria la aprobación de ambas cámaras del Congreso.

Si la secuencia se desarrolla de ese modo, parece evidente que con ratificación y todo el camino emprendido sobrepasará el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno y el oficialismo apostaron a que la aprobación de la necesidad de un marco legal fuera un contrapunto que enfrentara la negativa de la posición a respaldar el proyecto de ley de pago soberano. Funcionarios del Gobierno se quejaron de que los parlamentarios opositores no comprendían el apoyo mundial a la Argentina. La táctica del Gobierno fue presentar el punto como una moneda de dos caras. De un lado el voto en la ONU. Del otro, la Ley de Pago Soberano. En simetría, la crítica al voto en la ONU señaló lo obvio: una decisión de las Naciones Unidas hoy no resolverá ningún problema con los buitres mañana.

Sin embargo, la dinámica internacional excede las chicanas y aun los argumentos de un año preelectoral. Al anunciar su voto en contra del proyecto, la misión de Estados Unidos en la ONU dejó en claro de manera taxativa que la creación de un mecanismo regulatorio para la reestructuración de deuda “crearía incertidumbre en los mercados financieros” y aumentaría el costo de los préstamos. Para que no quedaran dudas de su posición, la representante Terri Robl se remitió al debate realizado en los comienzos de la década pasada, o sea justo el momento en que el G-77 inició su búsqueda de una regulación. Dijo que hoy hasta existen cláusulas de acción colectiva. Tal vez sea un mensaje a la Argentina: en su momento los negociadores de deuda del gobierno de Néstor Kirchner se privaron de apelar a cláusulas sobre mayorías y minorías supuestamente en procura de que la oferta de canje de 2005 fuese más convocante. Para Washington es mejor seguir trabajando sobre “este asunto técnicamente tan complejo en otros foros”, incluyendo el FMI y la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, ICMA en sus siglas en inglés. Son foros donde rige el predominio de los países desarrollados o directamente el de las grandes corporaciones financieras.

Que el discurso en la ONU no fuera pronunciado por la jefa de la misión, la influyente Samantha Powers, puede ser una forma de minimizar al G-77, no sólo votando en contra sino rebajando el nivel de la representación diplomática. Robl añadió un elemento más de presión: advirtió que el apuro insumirá muchos recursos de la ONU y será caro. Es un argumento que pareció regalar a los norteamericanos más conservadores la bandera de criticar a las Naciones Unidas como un organismo que Washington mantiene para que el resto de las naciones critique a Estados Unidos.

El ex director del Banco Central Arnaldo Bocco, uno de los economistas que sigue más de cerca el litigio con los fondos buitre, dijo a Página/12 que Estados Unidos emitió un mensaje de dureza para los que votaron a favor, incluso para los poderosos China y Rusia, y para algunos de los que se abstuvieron, como Francia, que es el mercado donde China y Rusia operan.

“Un instrumento legal multilateral sería una buena herramienta”, dijo Bocco. “Estados Unidos respondió de ese modo porque tal vez sienta que el G-77 más China es un grupo de países que puede constituirse en un desafío no sólo en cuestiones de deuda, sino en otros temas económicos y financieros.”

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