En el tribunal, las fotos de los obreros desaparecidos por activismo en sus fábricas.
Imagen: Rafael Yohai.

El juicio de los obreros de Zona Norte entró esta semana en la etapa de alegatos. La fiscalía y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires pidieron penas de 9 a 25 años de prisión y perpetuas para el policía, los tres prefectos y los cuatro militares acusados, entre los que está el jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros. Sus 33 víctimas fueron trabajadores de astilleros navales y ceramistas, con lo que los alegatos los presentaron como un tipo específico de víctima, como trabajadores organizados. Rescataron sus luchas, la disputa con las direcciones de las fábricas y los sectores de la burocracia sindical, roles revisados durante el juicio desde la articulación con el Estado represivo. Como ninguno de los civiles llegó a ser juzgado, fiscales y querellas pidieron al tribunal que separe testimonios y documentos para impulsar la investigación pendiente sobre “propietarios, directivos, gerentes y todas las personas que han sido mencionadas en los testimonios obtenidos que hayan podido intervenir en los trágicos sucesos, cuya materialidad ha sido perfectamente demostrada en este juicio”, como pidió el fiscal Marcelo García Berro.

En esa misma línea hicieron su pedido las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, representadas por Ciro Annicchiarico y Paula Mañueco: “Pedimos expresamente al tribunal que tome los antecedentes y las piezas probatorias que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad concurrente de personal civil empresario de las empresas Astarsa, Mestrina, Lozadur, Cattáneo, en los delitos que fueron objeto del presente juicio”, dijeron. “De numerosas constancias y testimonios se han desprendido datos concretos que permiten concluir que empresarios y directivos civiles de las empresas fueron claros instigadores, cómplices o determinadores de los delitos que afectaron a esos trabajadores. Tales constancias se desprenden, de manera reiterada y concordante de la mayoría de los testimonios oídos en este juicio.”

Los alegatos del martes pasado se extendieron por doce días, de 9 a 21, y aún queda otra jornada prevista para el martes. En el juicio se investiga la responsabilidad por los secuestros y desaparición de 33 trabajadores de algunos de los principales centros fabriles de la zona norte, los astilleros de Astarsa y Mestrina y ceramistas de Lozadur y Cattaneo. Las víctimas fueron en su mayoría delegados y trabajadores cercanos a las comisiones internas. Los primeros desaparecidos a partir del golpe de 1976, y los segundos en 1977, luego de un año en el que continuaron con planes de lucha. En el proceso declararon antiguos trabajadores, sobrevivientes, familiares e investigadores. En los relatos hubo un acento que distinguió este tipo de persecución de la represión política, para subrayar aquí las persecuciones que en muchos casos se impulsaron desde las empresas sobre los trabajadores mas combativos y comprometidos y como respuesta a las luchas, demandas y conquistas laborales. Parte de esa persecución quedó documentada en legajos de la ex Dipba y libros de las empresas, que forman parte del juicio. En ese contexto, los alegatos no fueron iguales a otros. Las lecturas tradicionales en este tipo de tramos de los juicios, ancladas en los reglamentos secretos del Ejército y la estructura del aparato organizado de poder, necesitaron ahora contar el contexto de otra manera.

“Mucho énfasis se ha puesto (en estos años) en el tema de la violación a los derechos humanos y la persecución a los militantes políticos. Sin embargo, un aspecto muy puntual y central para entender la lógica del terrorismo de Estado es el accionar con respecto a los trabajadores”, leyó el fiscal de un texto de Sergio Wischñevsky publicado en Forjando, del Centro Jauretche. De ese texto tomó además otros párrafos: “La lucha contra la subversión funcionó más como una excusa legitimadora que como una realidad que sustentó la instalación de la dictadura. Lo que se buscó fue un cambio histórico más profundo: liquidar el cúmulo de conquistas laborales que distinguían a la Argentina del resto de los países latinoamericanos y dificultaban el establecimiento de pautas salariales y condiciones laborales acordes con las ambiciones del proyecto neoliberal en ciernes. Se atacó a las comisiones internas de fábrica y sus delegados, aunque no todos ellos fueran elementos radicalizados”.

Mas adelante, la fiscalía tomó tramos de un texto de Sabrina Ríos, de la Universidad General Sarmiento, que indica que “las ‘desapariciones’ de trabajadores y dirigentes asociados por el régimen militar a la actividad huelguística funcionaron como verdaderos disciplinadores del movimiento obrero, si bien en algunos casos constituyeron el móvil de protestas y conflictos laborales durante el período”. También sumó voces de Victoria Basualdo, Marcelo Ferreira como quien empieza a forjar un contexto histórico nutrido de un marco teórico, para fundar lo que en el juicio apareció sobremanera. “La participación de los trabajadores en las ganancias estaba en su pico más alto histórico alrededor del 50 por ciento”, se dijo. “El nivel de sindicalización de los trabajadores argentinos era uno de los más altos del mundo, y sin duda el más extendido de Latinoamérica. Este conjunto de conquistas sociales es el que se pretendió desarticular.”

De acá

Las secretarías de Derechos Humanos tomaron estas perspectivas, pero para reconstruir lo que sucedió dentro de las fábricas. Uno de los tramos más impactantes fueron las voces que durante el juicio hablaron de la complicidad de las empresas, y se rescataron en el petitorio final. Allí están los peritos, especialistas, pero sobre todo ex trabajadores.

María Rufina Gastón, por ejemplo, es la esposa de uno de los trabajadores de Astarsa. “Cuando los secuestradores se hicieron presentes en la planta lo hicieron con una lista de nombres y comenzaron a llamar en voz alta en presencia de personal jerárquico de la empresa. Llamaron a un tal Sosa, y uno de los trabajadores dio un paso al frente y dijo que él era Sosa, ante lo cual uno de los ejecutivos de la empresa intervino para decir: ‘No, ese no es el Sosa que buscan, el que buscan ya no trabaja más aquí’; con lo cual se puso en evidencia que era la empresa la que entregaba a los secuestradores listas de obreros para que fueran secuestrados.”

Carlos Morelli, ex trabajador de Astarsa entre 1971 y 1976, delegado y compañero de muchos de los desaparecidos, contó que “el 24 de marzo más de un camión ingresaron dentro de la fábrica, y un funcionario jefe de personal, con una lista, hacía que los fueran deteniendo al ingresar y los hacían subir a un camión. También recordó que había confusiones con algunos apellidos, y eran los directivos los que aclaraban a quién tenían que detener. Dijo que supieron, a partir de la infidencia de la secretaria de uno de los directivos, que la empresa estaba confeccionando una lista de obreros para pasársela a la comisaría cuando se produjera el golpe”.

Luis Fucks, otro ex trabajador de Astarsa, recordó que “el Ejército hizo un importante despliegue y materializó detenciones el mismo 24 de marzo, día del golpe. Ese día, el Ejército entró en la fábrica con listas de trabajadores proporcionadas por la empresa”. Fucks “sabe que había varias listas, y que la responsabilidad directa de los empresarios se puso de manifiesto, por ejemplo, por el hecho de que hubo confusiones con algunos apellidos, por tratarse de homónimos, y que eran los directivos los que hacían la aclaración acerca de quién era al que los militares debían llevarse y a quién no. Recordó que antes de irse de la empresa, en una oportunidad, el jefe de personal le dijo: ‘Ustedes están todos marcados, tarde o temprano se las van a dar’. En otra oportunidad, el empresario Federico Brown en una reunión tuvo una actitud amenazante, dándoles a entender a los delegados que tenía claro quiénes eran, que los conocía bien, y que se los querían sacar del medio”.

Ignacio Fleitas dijo “que el 24 de marzo de 1976 fue martes, que cuando ingresó con otros compañeros al astillero, a las seis menos cuarto de la mañana, en la entrada había un cabo primero del Ejército con una lista en la mano, pidiendo identificarse a los que iban entrando. Que esa mañana vio demorado en portería a un capataz, el gallego Sánchez, que lo dejaron demorado por error, y que los propios directivos aclararon que ese Sánchez no era el de la lista, que era otro. Igual pasó con un tal Deyé, un supervisor, que pudo haber sido Raúl Deyet”.

“Esas intervenciones civiles y empresariales –dijo Annicchiarico– fueron claramente determinantes para que los trabajadores afectados fueran victimizados, ya que de no haber mediado esos señalamientos y esas entregas de listas, tales victimizaciones no se habrían producido.” “Debemos decirlo de una vez por todas de manera clara: las corporaciones empresariales y sus dueños, cuya única lógica es el enriquecimiento a toda costa y sin límites éticos, fueron los ideólogos principales, los autores mediatos últimos, los verdaderos autores detrás de los autores, en muchos casos con terminales de decisión ubicadas fuera de las fronteras de nuestra patria.”

Antes de todo esto recordaron el paso de dos testimonios claves para la primera parte. Claudia Bellingeri, como perito de la ex Dipba y el historiador Federico Lorenz. Bellingieri recordó por ejemplo que dijo que “algunas denuncias fueron hechas por Mariano Quinteros, jefe de seguridad de la empresa Mestrina”. Lorenz fue importante como historiador para situar el contexto de los astilleros, el seguimiento de inteligencia y la burocracia sindical. De los archivos de la ex Dipba recordaron que recordó el valor que poseen los volantes políticos y gremiales que hay allí con descripción de las acciones de los trabajadores, pero también de los informes de las actividades represivas. Explicó que Inteligencia siguió de modo “muy minucioso a quienes consideraba máximos responsables de las organizaciones”, y extraía información de “buchones”. Y cuando le preguntaron de nuevo dijo que había dos tipos de “informantes”, trabajadores buchones o “fuente normalmente confiable del directorio de la empresa”. Como ejemplo habló de Jorge Rampoldi, un ex militante de la CNU, abogado y vinculado a grupos de choque de la zona norte. Tuvo un cargo en Astarsa mientras continuaba como asesor del SOIN (Sindicato de Obreros de la Industria Naval) e interventor del sindicato. “Los informes de Inteligencia sobre los trabajadores se hicieron notoriamente minuciosos para el período 1974/1975 –recordaron–: hablaban de ‘infiltrados marxistas’, de ‘infiltrados subversivos’, es decir desconociendo su clara adhesión peronista.”

En la sala, alguien levanta la foto de Francisco Pallaveccino, que acaba de caerse de una silla. Los pasillos son angostos. Las fotos se caen fácilmente cuando pasan los que llegan tarde. En unas sillas se sientan personas de carne y hueso, muchos familiares de los desaparecidos. En otras, están las fotos, muchos de los secuestrados-desaparecidos. Abajo de la foto de Pallaveccino se lee “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Delegado Sindical. Integrante de la Lista Marrón. Federación Ceramista Filial 2 de Villa Adelaina. Detenido Desaparecido, 3 de noviembre de 1977. Presente”.

Al lado, la de Ismael Notaliberto recupera parte de la historia que se escucha en la sala. “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Detenido Desaparecido, 2 de noviembre de 1977. Presente.” En la silla siguiente, hay otro de sus compañeros, Ramón Pablo Villanueva, delegado sindical. Y luego otro más.