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Principios fundamentales en conflicto serán debatidos en la Asamblea General de la OEA, que se inicia hoy en Fort Lauderdale, a pocos kilómetros de Miami, con una reunión reservada de cancilleres. A la sesión inaugural que tendrá lugar mañana asistirá el presidente George W. Bush. Su gobierno preparó un borrador de Declaración de Florida. Sus objetivos son imponer su propia agenda de seguridad y establecer mecanismos de monitoreo permanente de la democracia, con el propósito apenas disimulado de deslegitimar a los gobiernos de Hugo Chávez y de Fidel Castro. El Grupo Aladi (integrado por México, la Argentina y los demás países de Sudamérica) tratará de alcanzar una solución de consenso que, sin confrontar con Estados Unidos, modere algunos aspectos de esta ofensiva y deseche los más intrusivos.
Cada palabra puede convertirse así en un territorio en disputa. La pretensión estadounidense es “ampliar” la Carta Democrática, adoptada en Lima el 11 de septiembre de 2001, por impresionante coincidencia el mismo día en que el delicado equilibrio entre el principio de la soberanía nacional y los de la democracia y los derechos humanos fueron puestos en tensión. Si algo aprendió de su historia, la Argentina no puede convalidar la desestabilización de Venezuela por parte de Estados Unidos (que hace apenas dos años apoyó allí un golpe de Estado similar a la “Revolución Libertadora” que hace 50 años derrocó a Juan D.Perón y abrió el ciclo de la violencia y la ilegitimidad en la Argentina), pero tampoco la manipulación de la Justicia y el sometimiento de la prensa que intenta Chávez. Cualquier opción excluyente entre esos términos tendría un alto precio. Eludir el tipo de polarizaciones drásticas de las décadas de 1950, 1960 y 1970 debería constituir así un urgente objetivo nacional.
El 30 de abril, el ministro chileno José Miguel Insulza se comprometió a adoptar como secretario general de la OEA algunos de los puntos de interés en la agenda de Estados Unidos. Simultáneamente el mexicano Luis Derbez anunció el retiro de su candidatura, que tenía el apoyo de Estados Unidos, mientras Insulza contaba con el de Sudamérica. En una primera ronda habían empatado en 17 votos. Como parte de una ostensible negociación conducida por Condoleezza Rice, Insulza sostuvo que las autoridades democráticamente electas debían ejercer su mandato de manera también democrática o “responder ante la OEA”. Como instrumentos mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la participación de la sociedad civil, lo cual es inobjetable. También dijo que el Consejo Permanente (formado por todos los embajadores) debía tener un rol más activo “para anticipar las crisis” y propuso el establecimiento de “una Comisión Permanente”.
Medios de prensa de Estados Unidos que suelen reflejar las posiciones de su cancillería habían reclamado la creación de un equivalente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano que expropió los poderes teóricos de la Asamblea General y, como efecto colateral, convirtió a la Comisión de Derechos Humanos en un escenario de confrontación política. Esta pretensión norteamericana es inaceptable para países como la Argentina y Brasil, a los que les convendría postergar por unos días su litigio sobre la banca en el Consejo de Seguridad de la ONU para defender en conjunto a la OEA. Insulza también se comprometió a promover “un examen permanente de las condiciones en que se desenvuelven los procesos democráticos” y a “recibir las preocupaciones de la sociedad civil” de todos los países miembros, inclusive Cuba, “donde todos queremos promover un progreso importante en materia de democracia y derechos humanos”. También planteó “el apoyo a la pacificación en Colombia” y “los problemas más candentes de inseguridad”, y la aplicación de los mecanismos interamericanos para “la transparencia en la adquisición de armamentos y para regular el tráfico de armas pequeñas y ligeras en la región”. Sin dejar casi nada librado a la imaginación, esto alude a los disidentes cubanos y a la adquisición de cien mil fusiles rusos por parte de Venezuela, inquietud que el ministro de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld planteó a sus colegas de Brasil y la Argentina durante su reciente visita y Bush a Insulza durante un encuentro en Washington. El proyecto de Declaración de Florida dice que “estamos (sic) comprometidos en una campaña mundial contra el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas internacionales” que amenazan la democracia. Sostiene que los líderes que no respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, el estado de derecho y la separación de poderes “deberán ser responsabilizados”. Pero también menciona “el debido respeto al principio de no intervención”. Por último formula una serie de recomendaciones. Entre ellas, que el Consejo Permanente “desarrolle un proceso para evaluar, según corresponda, las situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso institucional, democrático o político de un estado miembro, o el legítimo ejercicio del poder”, y “tratar las amenazas a la democracia en forma oportuna, anticipándose a las crisis”. También propone “la creación de redes hemisféricas de cooperación para combatir las pandillas, el tráfico de drogas, la corrupción”, etc. La mayor contrariedad para Estados Unidos fue la detención en Miami por funcionarios de su propio departamento de Seguridad Nacional del cubanovenezolano Luis Posada Carriles, de 77 años, quien en 1976 hizo explotar en vuelo un avión de la aerolínea nacional de Cuba con 73 pasajeros civiles a bordo. Posada escapó de una cárcel de Venezuela, cuyo gobierno solicita su extradición, e intenta conseguir asilo en Estados Unidos. La prensa liberal estadounidense ha señalado que el caso pone a prueba la sinceridad del compromiso de Bush en la denominada guerra contra el terrorismo. Dentro de los estrechos márgenes que la radicalización de posiciones permite, el Grupo Aladi intentará abrir un período de reflexión que, basado en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos consagrado en la Carta de la OEA, conduzca a alguna forma de reglamentación pero no de “mejoramiento” ni de “ampliación” de la Carta Democrática. En cualquier caso, el episodio siguiente transcurrirá en noviembre, durante la cumbre presidencial de Mar del Plata. Continuará.