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Ni la ciudad quedó paralizada ni el país se convirtió en un sistema solar que giraba alrededor de él: por primera vez desde que surgió como fenómeno social, en marzo del 2004, Juan Carlos Blumberg reveló un pobre poder de convocatoria. Con el antecedentes de haber atraído a 50 mil personas, su acto en Plaza Lavalle del jueves último no superó las tres mil personas. Es una cifra lógica si se tiene en cuenta que la Argentina, en el 2004, registró una tasa de solo seis homicidios cada cien mil habitantes, que bajan a cuatro en el caso de la Capital Federal.
En el 2004, Blumberg encarnó el miedo a la inseguridad. Por un momento pareció también que se transformaría en la corrección conservadora de un proceso que había incluido, por ejemplo, la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema.
En un sentido fue una corrección. Apurados por Blumberg, los legisladores endurecieron el Código Penal en tiempo record, sin pensar en consecuencias ni desproporciones.
En otro sentido, esa corrección se agotó. El Poder Ejecutivo primero designó a Elena Highton en la Corte Suprema –que aparecía como más moderada que Zaffaroni, aunque ahora los laicos de la Iglesia Católica la acusan de abortista–, pero luego insistió en una línea similar a la de Zaffaroni con Carmen Argibay. Y no pagó costos por ese nombramiento. O, quién sabe, los pagó pero no fueron intolerables ni le provocaron una crisis.
En la última marcha, Blumberg repitió sus argumentos simplistas.
Criticó la impunidad y mezcló datos sin relación entre sí. Mencionó, por ejemplo, la impunidad en el caso Amia, algo evidente luego de casi 11 años sin ningún culpable condenado, sin siquiera un sospechoso, pero no registró que el fallo del tribunal oral número tres denunciando el armado de una causa con encubrimiento del Poder Ejecutivo es un avance respecto de la impunidad. También nombró la liberación de Chabán, cuando es otro tipo de debate. El fallo de María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone es discutible. Los jueces dicen por un lado que es inconstitucional automatizar el rechazo a una excarcelación sea cual fuese la pena. Esa es su provocación teórica, que daría para un seminario. Y afirman por otro lado que Chabán ni entorpecerá el futuro de la causa ni se fugará. Ese es el costado discrecional –y por lo tanto más polémico– y el que resultó más irritante para el argentino promedio. Sin embargo, Chabán afronta un cargo grave, homicidio con dolo eventual, y nadie le dio la libertad. Puede haber impunidad en el futuro, y aun fuga una vez que quede excarcelado, pero la Justicia funcionó en el caso Cromañón, donde hasta procesó a una funcionaria, la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin, por homicidio culposo. Ya hay 22 procesados entre los que controlaban Cromañón, los funcionarios porteños y Callejeros. Si los cargos están justificados o no es un tema del futuro, sobre todo cuando el juez Julio Lucini eleve su instrucción a los tribunales orales, encargados de sentenciar.
El problema para Blumberg fue el propio Gobierno.
Aunque no interfirió con la Justicia, a tal punto que Bruzzone y Garrigós repitieron esta semana con el jefe de seguridad de Cromañón el criterio utilizado con Chabán, el presidente Néstor Kirchner buscó sintonizar con el odio público hacia los jueces. Calificó el fallo de “bofetada” y dijo que iba contra “la moral de los argentinos”. Luego, quizá reparando en que un Presidente se ocupa de la ley pero no de la moral privada, afirmó a Página/12 que en verdad le había molestado “la sensación de injusticia”. Un dato por definición subjetivo, pero en este caso popular.
El segundo problema generado por el Gobierno a Blumberg es la excelente relación personal que mantienen con él el mismo Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Los tres lo reciben con frecuencia y elogian en público lo que definen como “espíritu democrático” del padre de Axel Blumberg. Juan Carlos Blumberg así tiene más dificultades para encarar un ataque directo al Gobierno. El abrazo del oso abriga, pero también asfixia.
Su único reclamo suele ser que el Gobierno no aprobó el paquete que, improvisadamente, envió el año pasado en medio de la Ola Blumberg, cuando todavía Gustavo Beliz era ministro de Justicia.
Lo dijo en Plaza Lavalle, mientras hablaba de los jueces “abolicionistas”. Para Blumberg, se trata de un modo de criticar a los jueces garantistas. Es un adjetivo incomprensible salvo para los teóricos del Derecho, que ahora lo usan como instrumento solo analítico para imaginar un mundo sin cárceles y sin penas. Zaffaroni, más bien, acostumbra ceñirse a la teoría realista del Derecho de los penalistas alemanes. En público solo se definió como abolicionista doctrinario el director nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini. Aunque como recuerdan en la intimidad algunos jueces hablando de otros, en este país hay un abolicionismo práctico, porque en general nunca se llega a ninguna condena.
El hecho interesante es que no solo Blumberg habla de abolicionismo. También usa la palabra Mauricio Macri, el candidato de Compromiso para el Cambio que comparte con el duhaldismo parte de su equipo de seguridad, financiado por el empresario Francisco de Narváez en Las Cañitas.
Eduardo Duhalde intentó negociar con Blumberg una candidatura en la provincia de Buenos Aires, pero Blumberg no aceptó la invitación de ir contra Cristina Kirchner.
¿La inseguridad ya no es tema? Es siempre una percepción latente y puede resultar activada. Con un límite: incluso cuando funciona como sensación térmica y no responde con exactitud a los números, tampoco es un indicador absolutamente independiente.
Según las estadísticas oficiales, en el 2004 se produjo un descenso del 11 por ciento en los robos respecto del 2003.
Hay un reparo posible, porque a menudo queda en cuestión la estadística en sombras formada por la gente que fue robada pero no hizo la denuncia por desidia o desconfianza de la policía.
Por eso la estadística más confiable es la de homicidios. Es improbable que la muerte de una persona producida por otra quede fuera de los números oficiales.
El 2004 muestra una baja en homicidios del 21 por ciento respecto de 2003.
Las muertes no accidentales se miden por la cantidad producida por cada cien mil habitantes.
Brasil tiene una tasa alta: 23 homicidios cada cien mil personas. San Pablo, 37 cada cien mil habitantes.
Colombia ostenta una todavía más elevada, con 65 cada cien mil.
Venezuela está en el medio, con 33, aunque en Caracas la cifra trepa a 70 homicidios cada cien mil habitantes, lo mismo que en la capital mexicana.
En el Reino Unido mueren por homicidio solo dos personas cada cien mil. En Francia menos: 1,7. En Japón, 0,5. Y en los Estados Unidos, 6, una cifra alta para el mundo desarrollado.
El número de la Argentina es 6 cada cien mil. Una de las cifras más reducidas de América.
Y el de la Ciudad de Buenos Aires, de 4, casi la décima parte de San Pablo.
Más allá del crecimiento económico, la novedad entre los primeros y los últimos meses del 2004 es la verticalización de las fuerzas de seguridad y la coordinación entre las tres federales (Policía, Prefectura y Gendarmería) y la bonaerense, donde además Carlos Arslanian creó una policía Buenos Aires II. El Ejecutivo cambió las cúpulas en la Policía y la Gendarmería. La última, a cargo de Pedro Pasteris, es la modificación más reciente de las tres y tiene aún una asignatura pendiente: la reincorporación de los oficiales y suboficiales echados por la anterior conducción porque, como en el caso del comandante Pablo Silveyra y los suboficiales Alejandro Cerque-tti y José Rojas, denunciaron contrabando o tráfico de drogas.
El Ministerio del Interior coordina una cuarta fuerza específica, la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria a cargo de Marcelo Saín, que reemplazó a la corrupta Policía Aeronáutica Nacional del caso Southern Winds.
El caso SW dejó al descubierto la existencia de una quinta fuerza. Es la policía aduanera, a cargo de Daniel Santana, que al revés de las cuatro fuerzas anteriores parece dotada de una autonomía de hecho: actuó fuera de las zonas de jurisdicción de la Aduana. Un camarista que pidió reserva de identidad dijo a Página/12 que una de las actividades que la Justicia investiga fue la cercanía estrecha con el juez en lo penal económico Carlos Liporace, apartado por irregularidades en la causa de las narcovalijas a España.