Llegó tres días después de la renuncia del ex gobernador Sergio Acevedo. Su visita a esta ciudad del norte de Santa Cruz aún convulsionada por el crimen del policía Jorge Sayago y las detenciones posteriores que ordenó la Justicia, se esperaba con ansiedad y cierta inquietud.

Ansiedad, por parte de los familiares y compañeros de los 18 presos que denunciaron apremios ilegales y estuvieron casi dos semanas refugiados en la Iglesia. Inquietud, entre la dirigencia política y judicial que temió una denuncia pública por violación a los derechos humanos en la provincia. Pero Hebe de Bonafini se manejó con mucho equilibrio, sin evitar cuestionamientos y críticas. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se reunió primero con las esposas y compañeros de los detenidos, luego fue a Pico Truncado a visitar a un preso. Hoy irá a Caleta Olivia, donde está recluido otro grupo de petroleros supuestamente involucrados en el crimen. “Los presos recibieron presiones para que se acusen entre ellos, bajo la amenaza de procesarlos bajo cargos más graves”, alertó Bonafini. Era una denuncia muy grave, dirigida inequívocamente a la jueza que investiga el caso, Graciela Ruata de Leone.

Previsora, también se preocupó por separar su visita a Las Heras de la renuncia de Acevedo, dos hechos que fueron vinculados por la prensa. “Si el Presidente quería sacarlo por todo lo que había pasado en la provincia, lo echaba y punto. No necesitaba de mí para eso”, argumentó.

Vestida con un pullover verde chillón y el infaltable pañuelo, Bonafini llegó a la puerta de la Iglesia junto con Sergio Schoklender. Eran las dos de la tarde, y en la puerta había poca gente. La mayoría de los petroleros, vecinos de Las Heras y esposas de detenidos aguardaban en un salón de la escuela de oficios de la parroquia. Todavía se veían rastros de la semana y media que habían permanecido en la Iglesia, por temor: colchones y frazadas estaban doblados al lado de imágenes de santos y retratos de monjas. La reunión comenzó con un clima algo tenso. Los anfitriones tenían demandas de máxima, como que el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Carlos Sancho, y los funcionarios del gobierno nacional se presentaran en Las Heras para escuchar sus denuncias en el lugar de los hechos. Bonafini, quizá defraudando algunas expectativas, se ofreció como mediadora. “Si estuviera en mis manos, les daría ya la libertad a los compañeros. Vengo a ver en qué puedo ayudar”, dijo.

Junto a los familiares había abogados de organismos de derechos humanos y miembros de partidos de izquierda. También víctimas de otros casos policiales que quedaron impunes en Las Heras. Bonafini comentó que el jueves había hablado con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que los delegados pudieran hacer sus denuncias ante el Ejecutivo. “Todo comenzó con un llamado de Osvaldo Bayer. Me avisó que el cura (el párroco Luis Bicego) le había pedido una intermediación. Por eso hablé con los ministros y decidí venir acá”, contó Bonafini a Página/12. Su idea, en contraste con la opinión de los familiares, era que había que aceptar el ofrecimiento de las autoridades, de que un grupo viajara a Río Gallegos o a Buenos Aires para contar con detalle las denuncias.

Las esposas de los detenidos, asesoradas por la abogada Claudia Ferrero, de APEL, vinculada al Partido Obrero, insistieron con que Sancho debía trasladarse en forma inmediata a Las Heras. Luego redactaron una carta, con la intención de que Bonafini se la entregara al vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial. “La opinión de las Madres es que hay que ir a los lugares donde atienden. También les propuse que vinieran conmigo a ver al intendente y ellos dijeron que no”, dijo. Luego de la reunión con los familiares, la titular de Madres de Plaza de Mayo se fue a Pico Truncado, a 60 kilómetros, donde visitó a uno de los 18 detenidos, José Rosales. “Tenés que mantenerte íntegro, tus hijos te necesitan”, le dijo. El viernes, la jueza había ordenado la liberación del preso número 19, Ramón Alcides Miranda.

Luego de visitar al preso, Bonafini habló con Página/12. Entonces cuestionó con palabras muy duras a la magistrada y también al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. También criticó al presidente Néstor Kirchner por usar la palabra “excesos” para describir los abusos y golpes que sufrieron los primeros cinco detenidos del caso. “Que paren con la represión. No puede haber veinte detenidos. Los presos fueron torturados y las familias están desesperadas porque al no trabajar, no cobran. El ministro Tomada tendría que cumplir con lo que prometió, el reencuadramiento sindical de los que están en la Uocra bajo el convenio petrolero”, acusó.

–¿Qué piensa de que Kirchner haya reconocido excesos en los procedimientos de la policía? –le preguntó este diario.

–Tardó mucho en reconocerlo, porque las primeras denuncias fueron el 27 de febrero (la presentó el propio jefe de policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque, quien denunció que hubo vejámenes y golpes en el traslado a Puerto Deseado de los primeros cinco detenidos). La tortura no es un exceso, es un delito. Se equivocó en eso, pero al mismo tiempo fue valiente en decir que hubo excesos. Si hay una denuncia penal eso significa que hay un delito –respondió Bonafini.

Luego se refirió a que otro de los puntos polémicos de la investigación es la solidez de las pruebas con las que la jueza ordenó las detenciones. La abogada Ferrero denunció que a sus ocho defendidos, todos trabajadores de la empresa Indus, se los detuvo por un solo testimonio. Bonafini, quien no ocultó sus diferencias con la letrada, también hizo fuertes críticas. “Los presos recibieron denuncias y presiones para que se acusen entre ellos, bajo la amenaza de procesarlos bajo cargos más graves.” Horas antes, la jueza Ruata de Leone había difundido un comunicado en el que reconocía que había tres denuncias en trámite por apremios ilegales.