En una suerte de remake de la historia de Spartacus, el Consejo de la Magistratura resolvió citar al juez federal Norberto Oyarbide a dar explicaciones, como sospechoso, por un caso derivado de aquel escándalo que lo vinculó con una supuesta trama de protección de prostíbulos. La decisión fue tomada en base a un pedido de desafuero presentado por un juez que llamó a Oyarbide varias veces a indagatoria, en una causa por calumnias e injurias, pero nunca consiguió que se presentara. Los faltazos son, según los consejeros de la Comisión de Acusación, “una conducta incompatible con el decoro y la dignidad” de un magistrado. Su Señoría fue convocado para el 9 de mayo.

Oyarbide ya atravesó un juicio político cuando el mecanismo de enjuiciamiento todavía estaba en manos del Congreso. En 1998 fue denunciado por amenazar de muerte al recepcionista de un restaurante y por ordenar un presunto atentado contra Luciano Garbellano, un personaje que trabajaba en el prostíbulo Spartacus, donde el juez habría sido filmado. Luego fue acusado de enriquecimiento ilícito y cohecho. Tres jueces pidieron su remoción. La Cámara de Diputados le imputó mal desempeño y posibles delitos, pero el 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo entero se conmovía por el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el Senado, con el voto del PJ, lo absolvió y volvió a su cargo.

Esta vez Oyarbide no es cuestionado por los mismos hechos de entonces, pero sí por derivaciones. Todo empezó con una denuncia que él mismo presentó contra el abogado Luis Darritchon, a quien acusó de pedirle 150 mil dólares en nombre de Garbellano a cambio de no difundir el famoso video de Spartacus. La Justicia sobreseyó a Darritchon, quien falleció en 1998. Sus familiares, entonces, iniciaron una causa contra el magistrado por calumnias e injurias.

El juez correccional Néstor Costabel citó a Oyarbide a indagatoria varias veces, pero nunca se presentó. Como ahora lo protegen los fueros, las normas impiden que sea llevado a declarar por la fuerza. Por eso Costabel lo declaró rebelde y terminó denunciándolo ante el Consejo de la Magistratura. En la Comisión de Acusación le tocó instruir el caso al consejero Beinusz Szmukler, quien propuso a sus pares citarlo a declarar con una fórmula que es casi equivalente a una indagatoria. La iniciativa tuvo el apoyo de los consejeros Carlos Kunkel, Marcela Rodríguez, Federico Storani y Luis Pereira Duarte. Todos coincidieron en que su reticencia a ir ante el juez es impropia de un magistrado y merece ser explicada ante el cuerpo. La cita para Oyarbide es en dos semanas, pero algunos dudan de que se presente.