Sin ningún tipo de comentarios y con una presentación de sólo un párrafo, el suspendido juez Carlos Liporace decidió presentar su renuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional. Popularizado por su intervención en el caso de las narcovalijas de la empresa aérea Southern Winds (SW), el juez dejó su cargo presionado por la suspensión y el juicio político ordenado el último 9 de marzo por el Consejo de la Magistratura. Aunque el Gobierno aún no se expidió sobre su renuncia, ayer pidió sus antecedentes para evaluarlos. Según voceros del Ministerio de Justicia, Liporace invocó “razones de salud” para presentar su renuncia.

El caso SW complicó la ya difícil situación judicial de Liporace. Hasta el narcoescándalo de febrero de 2005, protagonizado por la empresa de los hermanos Juan y Christian Maggio, Liporace tenía en trámite un pedido de juicio político presentado por los integrantes de la Sala B de la Cámara de Apelaciones del fuero penal económico.

El tribunal formado por Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos promovió aquella denuncia contra Liporace por un reintegro de unos siete millones de dólares a favor de la Curtiembre Yoma SA. Liporace devolvió a la curtiembre el dinero que permanecía embargado por la AFIP en reclamo de deudas pendientes. Tiempo más adelante, su intervención en el caso SW provocó la segunda denuncia de los camaristas. Nuevamente los integrantes de la Sala B lo cuestionaron con dureza por demorar el expediente de los Maggio y lo instaron a realizar una serie de medidas que apuntaban hacia los directivos de la empresa. A criterio de los camaristas, Liporace nunca cumplió con las medidas exigidas. A pedido de la fiscalía luego fue apartado del caso que en este momento se encamina al juicio oral.

El último mes de marzo el Consejo de la Magistratura ordenó su suspensión en base a esas dos intervenciones. En el caso de las narcovalijas consideró que Liporace participó “deliberadamente en el encubrimiento de la verdad”. En el caso del dinero de los Yoma, en cambio, el Consejo lo suspendió por “consumar una defraudación que él mismo debía investigar”. Con estas bases, el Consejo envió su expediente al juicio político “por mal desempeño”, una instancia prevista para el próximo mes de septiembre.

Los dos expedientes no son las únicas denuncias que pesan actualmente contra el juez. A pesar de la suspensión vigente, la semana pasada la Sala B de la Cámara Penal volvió a cargar contra el magistrado. Esta vez presentó una acusación por la prescripción de una causa por contrabando por la “probable inacción” del juez. Esa causa también ahora está en manos del Consejo.

“No quiero hablar del tema”, respondió escuetamente el magistrado ayer frente a uno de los periodistas que intentó conocer algún otro detalle de su renuncia. De acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, el suspendido juez presentó un escrito de un párrafo de extensión ante el Ministerio de Justicia. Con la brevedad de una despedida, allí expuso que su alejamiento obedecía a razones de salud.

Ayer mismo el Gobierno envió al Consejo un pedido de informes para conocer las acusaciones que pesan en contra de Liporace y decidir si aceptan o rechazan su pedido. Si el Presidente acepta su renuncia, Liporace queda inmediatamente libre de sospechas y sin juicio político. Si por el contrario la rechaza o evita pronunciarse, el juicio político sigue adelante. Hasta ahora, en general, el Ejecutivo ha optado por dejar correr el tiempo y no expedirse sobre las renuncias de jueces. Lo hizo, por ejemplo, en los casos de Juan José Galeano, Ricardo Lona y Tomás Inda. Recién firmó la aceptación una vez concluido el jury.

Aún no se sabe, sin embargo, qué postura adoptarán con Liporace. Voceros del Ministerio de Justicia consultados por este diario advirtieron que la decisión aún no está definida. Y aclararon que el Gobierno se pronunciará luego de evaluar el informe del Consejo de la Magistratura que tiene el carácter no vinculante.