La Oficina Anticorrupción instó ayer al subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D’Elía, a no intervenir en los casos en donde se vean involucradas las entidades que promueven la ocupación de terrenos con las que estuvo vinculado antes de asumir su cargo. Así lo resolvió el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien advirtió que si el piquetero actuara en alguno de esos reclamos se podría estar violando la Ley de Etica Pública.

La Oficina Anticorrupción realizó la recomendación a D’Elía tras analizar las declaraciones juradas patrimoniales del piquetero, en las que demostró que, antes de asumir como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, había sido miembro de la Asociación Civil por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat y de la Cooperativa USO Ltda. Además, fue recientemente presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat.

De acuerdo con el dictamen de la OA, de los estatutos de las entidades se desprende que su cometido “resulta ser coincidente en lo sustancial con la competencia asignada a la Subsecretaría de Tierras de Hábitat Social”. No obstante, se admitió que esas entidades promueven sólo el interés por sus asociados, mientras que, desde la función pública, D’Elía debe responder por ellos y por todos los ciudadanos que se encuentren en “situación de desamparo”.

En consecuencia, Ortiz de Rozas resolvió que por “estar o haber estado vinculado con entidades u organismos privados con los que podría tener relación en el ejercicio de su función pública, se obliga al funcionario a excusarse respecto de dichos asuntos”. Así, aquellas gestiones en las cuales se vean mencionadas las agrupaciones con las que D’Elía tuvo vinculación tendrían que ser analizadas o resueltas por el superior del piquetero.

Es que, de acuerdo con el dictamen, “la excusación del señor subsecretario en los asuntos vinculados a las asociaciones o asociados con los que estuvo o está vinculado no significará un detrimento o menoscabo para éstos, por cuanto sólo implica que otro funcionario, de superior jerarquía, pasaría a intervenir y resolver sobre esos mismos asuntos, y la política social del Gobierno las alcanzaría del mismo modo que a las restantes entidades no comprendidas en las causas de excusación”.

Según se justificó, con esta decisión se busca evitar un “conflicto de intereses” y se “tiende a prevenir el tipo de discriminación que podría producirse si un funcionario participa en decisiones relativas a entidades con las que tiene una vinculación especial, a las que podría favorecer en modo diferente que a otras que le son ajenas”.