“Son una expresión del pasado. No han entendido lo que pasa en la Argentina”, señaló el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando este diario lo consultó por el pedido de una “amnistía general” que un grupo nostálgico de la dictadura formuló el jueves pasado en la plaza San Martín. El pedido de una consulta popular, que la autodenominada Asociación de Víctimas del Terrorismo de Argentina realizó en un acto en el que homenajearon a militares que fallecieron en el ataque al Regimiento 29 de Formosa en 1975, no desvela al Gobierno. “Es jurídicamente inviable”, concluyó Fernández en diálogo con Página/12.

Palabras más, palabras menos, los dichos de Fernández fueron coincidentes con las definiciones que a primera hora de la mañana había entregado el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “No hay amnistía que valga. Aquel que tenga responsabilidad, tiene que pagar por ello”, opinó el ministro del Interior.

El presidente Néstor Kirchner, desde la localidad chubutense de Tecka, donde inauguró ayer un gasoducto, se pronunció por que “no haya más impunidad” y “que haya memoria”. Kirchner expresó también su apoyo a la movilización de los organismos de derechos humanos por la desaparición del testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

En la Rosada, repiten que el Presidente no le dio mayor importancia a la movida en la que un ecléctico grupo integrado por ex carapintadas, ex simpatizantes de la dictadura y familiares de militares y civiles fallecidos por acciones guerrilleras, reivindicaron el terrorismo de Estado.

El pedido de una “amnistía”, formulado por José María Sacheri, titular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aparece a los ojos de los funcionarios nacionales como “una enorme negación del actual momento político”. Para demostrarlo, destacan que luego de que se anularan por inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, aparece como descabellado el pedido de un perdón presidencial.

Momentos antes de ingresar al Teatro Colón en Mar del Plata, el ministro del Interior, sostuvo: “Coincido con una de las premisas que el presidente Néstor Kirchner le formuló al pueblo argentino; tratar de encontrar justicia para todos. Siempre abogué por eso. Entonces, no hay amnistía que valga”. Para el ministro del Interior fue un logro que tanto la manifestación de los procesistas, como la de los grupos de izquierda que se concentraron para repudiarlos, se hubiera realizado sin incidentes. En otra línea de análisis, en la Rosada destacaban ayer que pese a que la marcha en la que se reclamó la aparición de Jorge Julio López se preparó en poco tiempo, fue masiva. En contraste, recordaban que la concentración de los procesistas no logró reunir a más de 2500 personas.

A pesar de que el Gobierno minimizó la movida de la plaza San Martín, sus principales referentes no dejaron pasar por alto las cosas que allí se dijeron. Tampoco los discursos en los que se reivindicó el terrorismo de Estado, como el que esta semana formuló el ex dictador Reynaldo Bignone. La ministra de Defensa, Nilda Garré, no dudó en calificarlo de “marginal”, a la vez que prometió que en los próximos días habrá novedades sobre la investigación disciplinaria que se le instruye (ver aparte).

“El genocidio no prescribe, ni es amnistiable”, opinó ayer la titular de Abuelas de plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al criticar los dichos en la Plaza San Martín. Carlotto diferenció el derecho de esos grupos a manifestarse, del retrógrado contenido de su mensaje.