Eva Orifici tiene 57 años y estuvo desaparecida durante dos meses en 1976. Fue maestra toda su vida, al igual que su marido, y siempre participó en el sindicato que agrupa a los docentes en la provincia de Buenos Aires, Suteba. Tiene dos hijos, Martín, de 33, y Marcos que tiene 22. Manuel Gonçalves tiene 30, su identidad recuperada y una hija pequeña. A los dos los une el hecho de haber pesado para que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti no asumiera su banca de diputado, ella a través de su testimonio y él como convocante de testigos –entre ellos Luis Gerez– para que declararan en el Congreso. El secuestro de este hombre hizo que ambos sintieran de cerca la amenaza. De hecho, Orifici tiene custodia desde que le dejaron un mensaje intimidatorio luego de la desaparición de Jorge Julio López. Pero ninguno de los dos piensa en cambiar de rumbo. “La intención es meternos miedo, pero lo único que van a lograr es que el pedido de justicia se redoble”, dice Manuel

Eva vive en Del Viso junto a su marido, Raúl Alberto Marcino, con quien formó parte del listado de personas desaparecidas en la última dictadura. “Nos secuestraron a los dos el 29 de marzo de 1976. En aquella época vivíamos en Escobar, a dos cuadras de la comisaría. Nos llevaron en un celular hasta el patio trasero, donde el represor Luis Patti tomaba parte del registro de trabajo. Ahí estuvimos con Enrique Tomanelli, Gastón Gonçalvez, y el periodista de Escobar Tilo Wenner, que todavía siguen desaparecidos.”

Manuel recuperó su identidad hace unos años a través de las Abuelas de Plaza de Mayo y con ella a su familia biológica. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a su papá, enterrado como NN en el cementerio de Escobar. De la desaparición de Gastón José Gonçalvez está acusado Patti. “Es muy doloroso lo que pasó con Luis (Gerez), porque yo lo fui a buscar para que testifique en el Congreso. Recuerdo bien que salió temblando después de declarar, lo que me causó mucha culpa, pero enseguida se acercó, me abrazó y me dijo que me agradecía por haberle dado la oportunidad de contar lo que le había pasado.”

Los dos por separado se detienen a pensar cuando se les pregunta si les produce miedo lo que está sucediendo con los secuestros de los testigos en causas de derechos humanos, pero no dudan en su respuesta. “La preocupación más vale que la tenemos, pero el acompañamiento de los compañeros y de la familia es lo que nos mantiene firmes. El impacto es muy grande porque estamos reviviendo la historia 30 años después. Pero nosotros ya declaramos e hicimos lo que teníamos que hacer”, dice Eva con firmeza. Manuel va aún más allá, “por supuesto que lo que está pasando está directamente ligado con la intención de meternos miedo, pero lo único que van a lograr es que el pedido de justicia se redoble”.

La sensación de que aún quedan activas estructuras ligadas a la represión, cuyos integrantes se resisten a ir a juicio, hace que la sensación de exposición de los testigos de las causas sobre el terrorismo de Estado se potencie. “Ya pasamos por dos situaciones de gravedad. El 8 de julio fuimos a reconocer el centro clandestino de detención de Campana, el campo del Tiro Federal, y al día siguiente, para mostrarnos que conocían nuestros movimientos, entraron en nuestra casa y nos robaron todo, hasta los documentos. Después, en octubre, sufrimos una amenaza más directa. Estábamos en la casa de gobernación bonaerense junto a un grupo de compañeros por el caso de Jorge Julio López, cuando llamaron a casa y nos dejaron un mensaje intimidatorio”, cuenta Eva con cierto desconsuelo.

Los involucrados en esos procesos debaten sobre el tipo de protección que el Estado debería brindarles. La discusión está signada por el hecho de que serían protegidos por la misma institución que los secuestró y torturó durante la dictadura. “La policía en la puerta de tu casa es algo que los testigos no ven con buenos ojos, sobre todo porque son parte de la fuerza contra la que tienen que testificar. Nosotros tuvimos algunas reuniones entre los que estamos impulsando la causa y nos pusimos de acuerdo con el gobierno bonaerense para que cuando aparezcan las pulseras de protección, todos las vamos a usar”, asegura Manuel.

Orifici relata que “cuando recibimos la amenaza, al día siguiente nos comunicamos con la secretaría de Derechos Humanos, y fuimos a hacer la denuncia a la UFI 2. El fiscal nos puso custodia. Nos asignaron un patrullero con dos agentes de la Policía frente a casa durante las 24 horas. Se cumplió durante un tiempo. Después quedó un policía, y más tarde él mismo hacía un rondín cada tanto. La Policía Bonaerense nos planteó que tenían mucho trabajo, así que nos ofrecieron custodia dinámica: una parte de la custodia se hacía cargo la comisaría de la zona, y parte el cuerpo de custodia de personas de San Isidro”. Eva detalla indignada que tuvo que ir a quejarse porque “yo fui directora de escuela durante 15 años y sé que para cada designación tiene que haber una documentación. No puede ser que venga cualquier persona disfrazada de policía y me diga muy suelto `yo soy su custodia’. Nosotros no tenemos por qué ir a pedir una mejor protección. El Estado tiene la obligación de cubrir nuestra seguridad”.

Gonçalvesz propone con claridad que “el problema está en los tiempos que se toma la Justicia para avanzar con estas causas. Nosotros ya pasamos por dos juzgados federales y dos Cámaras y viene para largo. Se les otorga un margen de acción demasiado extenso”. Y advierte lo que puede suceder en zonas más desprotegidas del país. “Lo que más nos preocupa es que si pasa esto con las causas de la provincia de Buenos Aires, no queremos ni imaginarnos lo que sucederá si alguna familia se presenta en Salta o algún otro lugar del interior”.

Informe: Julián Bruschtein.