El 28 de diciembre, mientras el país se conmovía con el secuestro de Luis Gerez, un preso en la cárcel de Bahía Blanca llamó al fiscal general y copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, y le informó que en el área de control de la Unidad personal del Servicio Penitenciario Bonaerense se estaba golpeando, lastimando y maltratando psicológicamente a otro detenido. Cañón había conocido a la víctima el 24 de marzo, durante un acto en la cárcel de La Plata, la U9. Terminada la ceremonia el otro presidente de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, preguntó si alguien quería hacer alguna pregunta. El detenido Walter Carrillo dio un paso adelante y dijo que además de recordar a los 30.000 desaparecidos de la dictadura “deberíamos acordarnos todos también de que hoy hay 25.000 compañeros desaparecidos de la mesa de sus hogares que son rehenes del aparato de la Justicia”, que “encubre los asesinatos y las torturas, como pasó con los chicos de la Unidad Nº 28 de Magdalena, porque no importa por qué estaban detenidos, fueron asesinados, y de los 36 chicos que murieron, 33 sólo estaban procesados”. Agregó que el personal del Servicio Penitenciario “hace un legajo de tu vida, de tu personalidad, te inventan un personaje con características de agresividad, de inconformista, etc., de esta manera te despersonalizan, haciéndote creer lo que ellos dicen que sos, te hacen olvidar de que sos un hijo, un padre, así te olvidás de lo que es vivir en libertad, aprendés a ser un preso (que no es lo mismo que estar preso), te institucionalizan. Cuando querés estudiar, el sistema penitenciario te impone muchas trabas, burocráticas algunas y otras haciendo que otros internos te peleen, para que no te otorguen el permiso. Así te mantienen con la mente dormida, dormido para que no te des cuenta en el mundo en que vivís. Para eso también te dan psicofármacos”. Carrillo dijo que “en los penales muchas personas quieren cambiar y trabajan muy duro, porque saben que otra vida es posible, y necesitan otra oportunidad para vivir cerca de la familia, para volver a vivir. Para eso necesitamos la ayuda de los demás, de los que están afuera”. Carrillo es uno de los colaboradores de La Cantora, una radio creada hace once años por la profesora de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata Azucena Racosta y mantenida por internos en distintas cárceles, objeto predilecto de la persecución penitenciaria porque cuestiona su poder absoluto sobre la vida y la muerte. La mayoría de sus colaboradores que recuperaron la libertad no reincidieron, consiguieron empleos, formaron familias, iniciaron estudios universitarios y permanecieron en contacto con quienes quedaron del otro lado del muro. Son el mal ejemplo a extirpar.

Cañón se comunicó con la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, donde supo que el Servicio Penitenciario había informado que Carrillo se “autolesionó”, dato curioso aun para la mitología del SPB, ya que ese día le concederían la libertad condicional. Cuando Cañón solicitó que fuera revisado por un médico ajeno al Servicio Penitenciario, como requieren los protocolos internacionales contra la tortura, la Cámara respondió que era tarde, porque ya había recuperado la libertad. Carrillo se presentó solo en la Fiscalía General Federal y contó que se había desmayado por los golpes. Cañón fotografió sus lesiones evidentes y lo envió a un hospital público. El dictamen emitido luego de tomarle varias radiografías y una tomografía dice que tenía politraumatismo traumático de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de muñecas, escoriaciones varias en arco superciliar izquierdo y torso y parrilla costal, de lo que Cañón informó a la Cámara Penal y a la Suprema Corte de Justicia provincial. El 5 de enero, Carrillo volvió a la fiscalía general y dijo que lo estaban siguiendo tres personas que conocía del SPB, de las cuales identificó a uno, de apellido Galandrini. Muy asustado, dijo que temía aparecer tirado en un zanjón. Cañón le dio su número de celular, al que Carrillo llamó el miércoles 10. Contó que al llegar a su casa fue golpeado por personas de civil que dijeron ser de la policía bonaerense y le quitaron su documento de identidad. Cañón envió al Secretario de la Fiscalía, Gabriel Jarque y al letrado de la Unidad de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos, Abel Córdoba. En la puerta de la casa encontraron una camioneta Chevrolet, tipo LUV, chapa CVD 647, de color bordó, con tres personas en su interior. Según la reconstrucción que pudieron hacer sus tripulantes eran los sargentos Héctor Gustavo Potes y Fabián José Sconte y la oficial Natalia Belén Valenzuela. Potes dijo que abordaron a Carrillo “porque no sabían quién era” (sic). Después de cachearlo intentaron abrirle o quitarle la riñonera y la billetera, y como se negó le dieron una trompada en la boca e intentaron subirlo a la camioneta. Carrillo corrió y se encerró en su casa. Luego de insistir, el secretario Jarque consiguió que le devolvieran el documento a Carrillo, cuyas lesiones en el labio fueron constatadas luego en el servicio de emergencias del Hospital Municipal. Pero la Dirección de Investigaciones denunció de oficio a Carrillo por “resistencia a la autoridad” y aportó como testigo de que la policía lo había tratado con corrección a una ex cuñada de Carrillo, que habló de él con ostensible hostilidad. La fiscal María Paula Pojomovsky abrió una investigación preliminar. Si esa causa prosperara, la libertad condicional de Carrillo sería revocada. Con la no casual ayuda de la policía, el Servicio Penitenciario podría terminar entonces el trabajo iniciado y escarmentar a quienes se atreven a pensar con una lógica distinta a la del individualismo y la sumisión. Una muerte anunciada que aún es tiempo de evitar.