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“Todos se acomodan para la foto de los anuncios, inclusive Felipe. Después, cumplimos lo prometido y se hacen los distraídos. A la hora de cobrar, se anotan. A la de pagar...”. Quien habla lo hace a metros del despacho de Felisa Miceli y hace referencia al entredicho del aumento a los docentes. “El aumento era un dato, el importe es una sorpresa. No nos consultan, Kirchner no dialoga con Solá, nos tiran el fardo”, replican en importantes despachos de La Plata. Tires y aflojes, renuncia del ministro de Economía provincial Gerardo Otero y el advenimiento de su sucesor, apellidado Fernández. Carlos es su nombre de pila, Carlitos lo motejan renunciando a la originalidad. Los modos con que se agregó otro Fernández a la vasta galería de ministros tocayos también detonan polémicas a un lado y otro de la avenida General Paz.

El entredicho tiene su comidilla de palacio, también se inscribe en dos problemas mayores. Uno es el reparto de los ingresos públicos (que es como decir de poder) entre la nación y las provincias. El otro es la restauración del sistema educativo nacional, menudo desquicio heredado de tiempos idos.

Transferir a las provincias las funciones sociales del Estado (sin el correlativo traslado de recursos) fue una de las acciones más salvajes del gobierno menemista. Ese típico engendro del cerebro de Cavallo debilitó la acción gremial de los docentes –que supo tener su clímax en la Marcha Blanca durante el gobierno de Alfonsín– y multiplicó las desigualdades entre las provincias.

La reacción sindical, la contraofensiva, demoró pero llegó. Fue necesario que se hiciera palpable el feroz impacto regresivo en los desempeños de la educación pública, un pilar de la movilidad social.

La resistencia docente fue central para llegar a las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación, aprobadas por el actual Congreso, con mayorías aplastantes. Una ley puede derogarse con otra, pero una regresión así no sería sencilla para ningún gobierno futuro. La institucionalidad no es un antídoto infalible pero sí les complica la vida a los que, eventualmente, quieran girar el timón.

La mayor injerencia del Estado nacional mestizó la discusión salarial. El piso lo estipula la nación, las escalas se dirimen con las provincias. Es un sistema enmarañado dada la evidente asimetría de recursos entre las provincias.

Buenos Aires, desprovista en tiempos sucesivos de varios puntos de la coparticipación y luego del Fondo del Conurbano que emparchó el consiguiente agujero, es una damnificada de manual.

El palacio

Todos tienen una parte de razón en la polémica que se sintetiza en el primer párrafo. Contra lo que ha dicho la oposición y se han hecho eco muchos medios, el aumento general a principios de año no es un conejo salido de la galera para embellecer al candidato Daniel Filmus. Cuando nadie soñaba que llegaría a esta condición hubo mejoras salariales para el nivel inicial, 710 pesos en 2005, 840 pesos en 2006. La Casa Rosada tiene razón en ese punto, pero Solá la tiene en rezongar por la unilateralidad del Gobierno.

El primer aumento fue absorbido por la provincia con relativa facilidad pero en 2005 anticipó el tire y afloje del actual, como un calco. Broncas añejas resucitaron en estos meses.

Metiéndose de lleno en las cuitas de palacio, el gobernador aduce que se anotició del aumento horas antes del anuncio en el Salón Blanco. “Felipe venía desde fin del año pasado tratando de hablar con Kirchner sobre ese tema, sobre la basura y sobre la reforma penal. Nunca fue atendido. Miceli lo ‘dormía’ a Otero”, confidencian en La Plata.

La queja se extiende al tramo ulterior, en el que tampoco hubo palique con el Presidente aunque, surge de ambas trincheras, Alberto Fernández sí le confirió tiempo, oído y promesas de mejor trato, expresado en efectivo. La queja de Solá es que se le transfiere dinero pero en carácter de préstamo, que le ata a las manos.

Tras la renuncia del ministro de Economía provincial Otero, Kirchner “cedió” a Carlitos Fernández para suplirlo, concuerdan por una vez ambos relatos. El pase de jurisdicción se pautó sin estrépito pero luego la ministra de Economía expresó que habían ayudado al gobernador. La tirria de Solá fue sensible y, por una vez, cerca de Kirchner le dan la derecha: “Felisa no debió hablar, no era necesario”.

El vil metal

El gobierno nacional dio vuelta la relación económica con las provincias. A fines del siglo pasado, la nación era pura carencia y los gobernadores barones que podían imponer condiciones políticas aunque no capacitaban para abonar salarios dignos ni para hacerlo a tiempo. Kirchner supo hacerse espacio en esa etapa, como primer mandatario de Santa Cruz.

El poder cambió de manos pero no tanto como suele decirse. El régimen de coparticipación federal no se puede modificar legalmente (como habría que hacer para devolver una justa tajada a Buenos Aires) por la capacidad de veto de las provincias.

Suele atribuirse a Kirchner un poder omnímodo, a él le place que los otros lo crean, aunque piensa que tiene poco. Un método para generar sensación de poder, aconsejado por el rey de un pequeño planeta en El Principito, es eludir dar órdenes que vayan a ser desobedecidas. O, traducido para la coyuntura argentina, impulsar proyectos que fracasarán. Kirchner es bien precavido al respecto. El statu quo, por añadidura, le viene bárbaro.

Así que subsiste un régimen de coparticipación anacrónico, de facto, violatorio de un mandato constitucional. La ecuación de las provincias es muy desigual: las que tienen riqueza petrolera cobran regalías, las que prodigan otras commodities de moda no ven un maravedí. Sabedor de que eso no será alterado en un año electoral, Solá espera que crezca, en valores absolutos, su tajada de la “copa”. Nula fantasía acerca de cambio en el índice, alguna expectativa en que se eleve la masa real. Alberto Fernández se lo prometió y la bonanza, la bonanza existente lo hace verosímil.

En campaña

El gobernador abomina a Suteba, el sindicato docente de la provincia, y acusa a sus dirigentes de conspiraciones políticas. Bien mirada, la acción gremial es inobjetable: aprovechar las circunstancias relativamente propicias para empezar a reparar injusticias feroces. El cambio en la correlación de fuerzas entre nación y provincias no ha sido neutral para los maestros, un mero desplazamiento del péndulo. Sus ingresos mejoraron a valores reales, se cobran mejor, hay garantías legales para el futuro. La política nacional tracciona a los gobernadores, quieran que no. Desde la óptica sectorial docente, inobjetable, es un hito inédito que un ministro de Educación haya primado en una cinchada contra uno de Economía.

Solá tiene un temor prospectivo, que trasciende el issue docente. Es ser destratado por el kirchnerismo en su etapa de pato cojo. En especial, que el tesoro nacional se distraiga de sus tribulaciones, reservando mejor trato para cuando Daniel Scioli sea gobernador. “Felipe no se hace cargo del momento que atraviesa, está de salida –comentan en el primer piso de la Rosada– y eso hiere su vanidad.” Tras el rebenque, llega la conclusión VIP “pero nosotros tenemos con él jugada única. Queremos que termine bien, que Scioli sume muchos votos a Cristina o a Néstor. No lo vamos a desamparar”. De momento, el candidato luce a su modo rozagante y buena onda. El ceño fruncido, los problemas, quedan del lado del gobernador.