En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los están buscando. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, hay 43 prófugos en causas vinculadas al terrorismo de Estado. Teniendo en cuenta las 299 órdenes de captura dictadas por la Justicia (70 detenidos gozan de prisión domiciliaria y otros tantos son bien atendidos por subordinados en instalaciones de las Fuerzas Armadas), significa que uno de cada siete militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores civiles acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia. La lista incluye a un general ex gobernador, a apropiadores de bebés, asesinos célebres y torturadores rancios. Algunos llevan ya dos décadas huyendo de la Justicia. El tema, una preocupación histórica de los organismos de derechos humanos, forma parte desde esta semana de la agenda de la flamante Unidad Fiscal a cargo del fiscal general Jorge Auat, creada por la Procuración General de la Nación para promover y monitorear en todo el país las investigaciones sobre crímenes durante la última dictadura.

“No estaba prófugo. Siempre estuve en mi casa”, sostuvo el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, luego de ser detenido el 9 de agosto. Lo primero era mentira: desde fines de 2003 existía una orden de detención en su contra por crímenes cometidos en jurisdicción del Cuerpo I de Ejército. Lo segundo era cierto: todos los habitantes de Mercedes conocían al vecino de la casaquinta La Mapuche. Teóricamente la Policía Federal tenía en sus manos la orden de buscarlo. Pero fue necesario que el juez federal Daniel Rafecas diera instrucciones precisas sobre la ubicación del próspero empresario para que miembros de la División Investigación Federal de Fugitivos de Interpol golpearan las palmas al pie de su tranquera y al fin le informaran que quedaba detenido. El mismo plazo de tres años precisó el Estado para ubicar al ex agente Eduardo Alfredo Ruffo, prófugo con abundantes contactos en ambas márgenes del Río de la Plata.

¿Es o se hace?

Mientras sobrevivientes de centros clandestinos, familiares de desaparecidos y querellantes en general deben soportar la convivencia con los verdugos, un sondeo por juzgados, fiscalías y despachos oficiales sugiere conductas y visiones diversas sobre la responsabilidad de perseguir a imputados por delitos de lesa humanidad que burlan a la Justicia. Algunos fiscales consideran que la búsqueda es responsabilidad privativa del juez. Ciertos jueces consideran que al delegar la investigación en los fiscales no tienen por qué implementar medidas no solicitadas. Otros se toman su trabajo en serio y ordenan tareas de inteligencia cuyas resultados suelen superar sus expectativas. Las escuchas telefónicas que permitieron ubicar a los coroneles retirados Jorge Horacio Granada y Jorge Luis Arias Duval, prófugos desde hacía un año en la causa que investiga al Batallón de Inteligencia 601, derivó en el procesamiento por encubrimiento del ex subcomisario Luis Abelardo Patti.

La mayor parte de los magistrados se limita a notificar la búsqueda de paradero a la Policía Federal, la Dirección de Migraciones y el Registro de Reincidentes. El año pasado, cuando la Unidad de Asistencia para causas relacionadas con la última dictadura a cargo de Félix Crous solicitó a Interpol la lista de represores buscados, se sorprendió al chequear y descubrir demasiados ausentes. También son minoría los jueces que, conscientes de la escasa voluntad de entregar camaradas a la Justicia, remiten oficios a la fuerza armada o de seguridad a la que pertenece el prófugo. En ese sentido, desde la Procuración se reclama en voz baja una actitud más transparente y comprometida por parte de los ministerios de Interior y, sobre todo, de Defensa, para que exija a cada fuerza colaborar con la Justicia.

Otro problema no menor es que, salvo contadas excepciones de jueces que ordenan priorizar la búsqueda de determinados delincuentes, la Policía Federal recibe listados de nombres de torturadores y asesinos mezclados con prófugos en causas por robos de gallinas y simples mortales citados a prestar declaración testimonial. En esos casos sólo la torpeza o una mala jugada del destino pueden cruzar a buscador y buscado.

Una vez que la orden de detención llega a manos de las fuerzas de seguridad, entra en juego la voluntad de los uniformados, que suele correr por un carril bien lejano al del deber. Cuando el hijo de Eduardo “Tucu” Constanzo se enteró de que su padre había sido detenido en la causa que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino Quinta de Funes, bajo la órbita del Cuerpo II de Ejército, se tomó en serio su trabajo de policía y guardó en su bolsillo la orden de detención del ex personal civil del inteligencia del Ejército Walter Pagano, a quien sabía vinculado a negocios de la fuerza. No descansó hasta que lo encontró escuchando misa en la iglesia de bulevar Oroño y San Luis, a metros de los Tribunales Federales de Rosario, donde lo entregó. Claro que es un caso excepcional, producto de la bronca más que de la responsabilidad.

No todos los familiares reaccionan de la misma manera. El año pasado la esposa del principal de Policía Federal Roberto Oscar González, prófugo por su trabajo sucio en la ESMA, reclamó públicamente “plegarias al Señor” por el descanso de “nuestro querido amigo Juan Antonio del Cerro” (torturador más famoso por su apodo, Colores) y denunció que su marido era un “perseguido por esta supuesta democracia”. El hijo homónimo del oficial de Prefectura Gonzalo Sánchez, enlace con el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, acusó por no poder ver a su padre a “este gobierno vengativo y nepotista”. Ambos escriben en el sitio web de la empresaria cuentapropista Karina Alejandra Marañón, también conocida por su seudónimo Karina Mujica, preciado símbolo de libertad de expresión que una democracia con pretensiones de madurez no debería objetar.

Paraguay, tierra bendita

En algunos casos la propia Justicia aporta su granito de arena en favor de la impunidad. El mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, dueño de medios de comunicación en Entre Ríos, fue excarcelado por la Cámara Federal de Resistencia. Cuando el juez federal Carlos Skydelsky volvió a pedir su detención por su participación en la Masacre de Margarita Belén (el fusilamiento de 21 presos en ese paraje del Chaco) ya se movía cómodamente con documentos falsos y tomando todas las precauciones. No es un caso excepcional. Una semana después de ser excarcelada por la Cámara Federal de Rosario, cuando la Justicia volvió a citarla en la causa del Cuerpo II, la civil Nilda Foch también se había fugado.

Hay burlas aún peores. Un sargento retirado del Ejército registró una sociedad anónima que figura en el Boletín Oficial dos meses después de ser declarado en rebeldía. En otros casos, como el del ex policía de Santa Fe Hugo Cardozo, la Justicia se enteró dónde vivía cuando recibió su certificado de defunción. En provincias como Formosa (donde pese a la indiferencia del gobierno local están detenidos el ex gobernador, general retirado Juan Carlos Colombo, y el ex jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Carlos Menem, general retirado Jorge Eusebio Rearte) es vox populi que los prófugos se reúnen con sus viejos compañeros de tareas del otro lado del Pilcomayo. Destino predilecto de apropiadores de bebés al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner en los ’80 (ejemplos: Miguel Angel Furci, Samuel Miara, Omar Alonso, Norberto Atilio Blanco, entre otros), Paraguay parece seguir siendo una buena plaza para gozar de impunidad. El ex comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato cruzó la frontera durante meses para cobrar su pensión como retirado. Conocedor de las virtudes de su fuerza, no se privó de dar su número de documento real. Sólo mintió sobre la primera letra de su apellido: dijo ser Bomato, con B de bicho.