Un empujoncito, una propuesta de cooperación, un pedido de socorro, un sacudón. De todas esas formas se puede leer el documento que acaba de elaborar la Procuración General donde alienta que la Corte Suprema intervenga en forma directa para contrarrestar las demoras en las causas contra represores. ¿Cómo? Podría, sugiere, desde ponerle plazos a la Cámara de Casación Penal hasta terciar cuando una investigación se queda sin juez porque todos se excusan. El informe fue elaborado por la Unidad Fiscal especializada en los expedientes sobre crímenes de la última dictadura y ofrece una radiografía minuciosa de los problemas que presentan estos juicios en todo el país: a los retardos suma las detenciones vip y la protección de testigos.

Además de enviar una señal a la Corte, el trabajo reclama cooperación entre el Poder Ejecutivo, los tribunales y el Ministerio Público (órgano de los fiscales). El combo de diagnóstico y propuestas lleva la firma del fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y del subdirector Pablo Parenti. El área funciona bajo el ala del procurador Esteban Righi. Los detalles, aquí abajo.

Tránsito lento

El represor de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta fue procesado hace casi cuatro años por 70 crímenes, pero todavía ni siquiera la fiscalía tiene la causa para mandarla a juicio. El record, sin embargo, lo tiene el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez: fue procesado en Tucumán hace cinco años por una desaparición y en Córdoba en 2004 por secuestros y homicidios, más sigue sin ir a juicio. En Rosario, el general Ramón Díaz Bessone fue procesado en marzo de 2003 y ahí quedó.

Los ejemplos reflejan sólo un grupo de retrasos donde la etapa de investigación no termina nunca. Auat y Parenti agregan la falta de respuesta de los jueces ante los pedidos de elevación a juicio de los fiscales: en la causa ESMA el más antiguo es de diciembre de 2003 e incluye al ex marino Alfredo Astiz y otros nueve represores. A todo esto se suma que las Cámaras de apelaciones demoran entre uno y dos años y medio para resolver planteos. Las dilaciones más flagrantes se registran en Tucumán y Santiago del Estero.

La Cámara de Casación es un embudo aparte. La Procuración refresca el planteo más viejo de la megacausa ESMA, de octubre de 2003, que cuestiona su mismísima reapertura y sigue sin definición. Este caso “emblemático” fue señalado en el pedido de juicio político de los querellantes contra la cuatro jueces de Casación. Tras esa denuncia el tribunal comenzó a resolver incidentes que tenía congelados, cerca de 200.

Propuesta. La Procuración alerta que los jueces se toman tiempos que “exceden” lo “razonable” y pueden derivar en una “privación de justicia”. Propone implementar junto con la Corte “un sistema de control de la demora” que “permita detectar retrasos, conocer sus causas y buscar soluciones”. El alto tribunal, destaca, podría “fijar plazos máximos” para la Cámara de Casación con sólo reglamentar dos artículos del Código Procesal.

Gambeteo

En Paso de los Libres tramita una causa por crímenes de lesa humanidad que involucra al dueño de la yerbatera Taragüí. El juez titular alegó un parentesco para abrirse y detrás de él se excusaron veinte abogados. Resultado: un año de parálisis. En Rosario todos esquivaban el caso que involucra al ex juez Víctor Brusa en torturas. En el último año se sortearon más de doce subrogantes pero, recusados o excusados, ninguno quedó en pie. En Salta, la posibilidad de que un ex camarista estuviera involucrado en la Masacre de Palomitas tuvo igual efecto: dos años sin juez. En Bahía Blanca doce jueces/abogados se negaron a investigar los crímenes en Puerto Belgrano. Algunos explicitaron su identificación “con los postulados del Proceso de Reorganización Nacional”.

Propuesta. La Procuración advierte la complejidad del asunto que, reconoce, se mezcla con otro intríngulis: a mitad de año la Corte declaró inconstitucional el sistema de subrogancias que permitía que secretarios de juzgado y abogados reemplazaran a jueces. Restringió el universo de suplentes a magistrados actuales o jubilados, pero aún no hay una nueva legislación. Ante este escenario, el informe impulsa –como política– “poner el acento en la agilización de los trámites de aceptación o rechazo de las excusaciones y recusaciones”. Pero cuando la demora se agrava “sería recomendable que la Corte utilizara sus facultades de superintendencia” y defina qué juez debe seguir.

Aglutinados

En Capital Federal existen seis tribunales orales. Sin embargo, de las ocho causas contra represores elevadas a juicio (aún sin fecha) seis están aglutinadas en uno solo, el TOF 5, entre ellas Esma y Primer Cuerpo. Esto “conspira contra la pretensión de lograr sentencias definitivas en un período razonable”, alerta la Procuración. Añade que todo tiende a empeorar porque las fiscalías han pedido varias elevaciones. Las megacausas, de por sí, se van elevando por tramos y gran parte está pendiente. El problema, dice el informe, es que se usan “criterios burocráticos” por los cuales se juntan casos que tramitan escindidos pero tienen origen en un mismo expediente.

Propuesta. Habría que “restringir la idea de conexidad”, sugieren Parenti y Auat. Incluso plantean la opción de pasar el expediente Esma a otro tribunal, puesto que Primer Cuerpo está más avanzado. Los casos de apropiación de menores, sugieren, podrían ser distribuidos entre tribunales.

Presos vip

Hay más de 250 imputados presos por crímenes de la dictadura, dicen los fiscales. Pero sólo el 17 por ciento, advierte, está en unidades penitenciarias. Más del 45 por ciento está en dependencias de las fuerzas armadas/seguridad y cerca de 32 por ciento tiene arresto domiciliario. La Procuración señala que ante sus planteos y los del ministerio de Defensa para trasladar a represores a penales comunes “la respuesta de los jueces” –que deben definirlo– fue “negativa” salvo excepciones. Esto se percibe, dice, como “desigualdad jurídica y un privilegio injustificado”.

Propuesta. Que coordinen esfuerzos, dice el organismo, el Poder Ejecutivo (del que dependen los distintos lugares de detención) y los jueces (que deben definir los traslados).

Testigos resguardados

Más allá de que cuanto menos dure un proceso penal, menor será el tiempo de exposición de los testigos, el documento propone medidas a tomar desde los tribunales para darles contención y protección: prever la “asistencia de profesionales” cuando se acerca su declaración; organizar la escena del juicio de modo tal que, especialmente quienes han sido víctimas de la represión ilegal, puedan testimoniar sin necesidad de ver a los acusados (por ejemplo, con cámara Gesell); y “emplear formas de citación que no impliquen develar el domicilio y en las que no intervenga personal de las fuerzas de seguridad”.