Guido Alejandro Antonini Wilson fue localizado por el FBI sin demasiado esfuerzo: estaba en su casa de Miami. La movida obedeció al pedido de captura entregado por la jueza María Martha Novatti, pero lo cierto es que la magistrada podía haber pedido la detención mediante una imprescindible comunicación diplomática a través de la Cancillería. El rumor es que lo haría hoy mismo. El escrito llegará en los próximos días a un juez de la Florida y éste debe decidir qué hace. Jueces veteranos en estas lides tienen una curiosa definición sobre la actitud norteamericana ante casos de esta naturaleza: “Hacen lo que ellos quieren, no se sujetan a ningún tratado ni regla”. O sea que Antonini podría ser detenido en los próximos días y también puede ocurrir que siga en libertad en Miami mientras se sustancia un largo proceso de extradición. También puede pesar el enfrentamiento entre Washington y Chávez, con lo cual no sólo la detención se haría en forma rápida, sino que incluso la extradición se aceleraría en forma sorprendente. “La cuestión es política”, evalúan en Tribunales.

Como se sabe, en la valija de Antonini estaban los 790.550 dólares que fueron detectados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana cuando le revisaron el equipaje el 4 de agosto pasado. El acta redactada en aquella madrugada del sábado dice que no hubo ocultamiento y el expediente inicial se tramitó como una infracción aduanera. Luego intervino la fiscal María Luz Rivas Diez, quien imputó a Antonini por contrabando sobre la base de distintos argumentos.

- La alta suma de dinero, casi 800.000 dólares, que indudablemente iban a utilizarse en algún tipo de operación.

- El hecho de que haya llegado a las dos de la mañana de un sábado, en un jet ejecutivo y rodeado de funcionarios venezolanos y argentinos. La fiscal sostiene que Antonini debió calcular que no lo iban a revisar.

- Cuando le preguntaron qué llevaba en la valija habló de papeles y 60.000 dólares, lo cual constituye –a los ojos de Rivas Diez– una maniobra.

La fiscal no descarta incluso la imputación por otros delitos como el lavado de dinero.

En anteriores casos por el estilo –incluyendo uno en el que se le detectaron 500.000 euros a Manuel Lao, dueño de Cirsa, el emporio español de juegos de azar–, no se imputó contrabando sino infracción aduanera. Pero la versión más extendida en Tribunales indica que no sólo la fiscal Rivas Diez, sino que también la jueza Novatti e incluso la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico se inclinan por encuadrar este caso como contrabando. Novatti le concedió a Antonini una exención de prisión a los pocos días de hacerse cargo de la causa, pero ante la desaparición del venezolano-norteamericano y el hecho de que ni siquiera se haya presentado en la causa, libró una orden de captura. El paso siguiente fue la intervención de Interpol.

En el tratado de extradición firmado entre la Argentina y Estados Unidos se consigna que la magistrada puede pedir una detención urgente, para lo cual tiene que estar la orden de captura de Interpol y un pedido hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Antonini sólo se libró la captura por Interpol y en la Cancillería afirman que la jueza no les hizo llegar ningún pedido. Por eso, el FBI se limitó a recibir la captura, identificó el lugar donde está Antonini, pero no lo detuvo. Sólo le prohibió salir de Estados Unidos.

Fuentes de la Cancillería le dijeron anoche a Página/12 que esperan que hoy la jueza Novatti les entregue un sobre con el pedido de detención. Ese escrito irá directamente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y de allí a un juez de la Florida, con jurisdicción en el domicilio de Antonini en Miami.

El tratado bilateral establece que Estados Unidos no puede denegar la extradición con el argumento de que Antonini es norteamericano. El valijero tiene esa nacionalidad porque su madre es nacida en Estados Unidos. Pero eso no es un obstáculo para que tenga que venir a dar cuentas ante la Justicia argentina.

La lógica indica que cuando el juez de Miami reciba el escrito de la jueza Novatti, al mismo tiempo se presentará en su juzgado algún poderoso estudio de abogados que tomará la defensa de Antonini. El argumento más importante en su favor será que el acta redactada aquella noche dice que no ocultó nada y que sólo cometió una infracción aduanera. Es más, dirán que si lo mismo hubiera sucedido en Estados Unidos tampoco se trataría de un delito sino de una infracción. Es muy posible que Antonini y sus abogados también argumenten que se inició una persecución política en su contra en virtud de la campaña electoral argentina.

Es en ese momento cuando el Departamento de Estado norteamericano exhibirá sus cartas. Un juez del fuero penal económico, con mucha experiencia en procesos de este tipo, lo sintetizó de la siguiente manera: “Las extradiciones son actos de gobierno, al punto de que se tramitan a través de las cancillerías. Por lo tanto lo fundamental es la voluntad política, porque la última palabra la tiene el poder político. Y la respuesta se encuentra en unas pocas preguntas. ¿Qué país pide la extradición? ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el delito? ¿Y cómo encaja esto en la política exterior de Estados Unidos?”.

Otro juez analizó ante este diario qué cosas concretas entrarán en consideración. Un primer punto es el delito.

“Me parece difícil que lo extraditen por contrabando, pero la cifra alta, 800.000 dólares, tal vez los lleve a conceder la extradición por lavado de dinero. Claro que eso llevará un tiempo y una acusación más precisa de la Justicia argentina”, evaluó el magistrado. El segundo punto tiene que ver con el propio Antonini. “Le jugará a favor que es norteamericano, aunque el tratado dice que eso no es obstáculo. Pero más que eso va a pesar una evaluación de su actividad. ¿Se trata de un empresario norteamericano realmente asentado en Estados Unidos o es un testaferro, rico, exhibicionista, con una Ferrari, pero testaferro al fin?”, continuó el juez su diagnóstico. Por último, “más allá de los funcionarios argentinos que estaban en el avión, Antonini era del grupo venezolano, de la petrolera estatal, Pdvsa, y la lógica indica que les guste Antonini preso como prueba de corrupción de la administración chavista. O sea que el choque Washington-Chávez puede jugar un papel central en lo que decidan”.

La coincidencia de las fuentes consultadas por Página/12 es que el margen de lo que puede ocurrir es amplio. El juez de Miami puede ordenar la detención preventiva, pero también permitirle que siga normalmente con sus actividades mientras se sustancia el proceso de extradición. Hay chances de que Antonini se niegue a ser extraditado y eso derive en un proceso largo y tortuoso. Pero también podría ocurrir que el Departamento de Estado lo despache hacia la Argentina relativamente pronto argumentando que se trata de un caso grave de introducción al país, sin declarar, de 800.000 dólares, por lo que se supone que hubo lavado de dinero.

“Parafraseando al consultor norteamericano de la época de Clinton, yo diría: ‘Es la política, estúpido’. Lo que va a definir todo es la política”, redondeó el veterano magistrado al otro lado del teléfono.