El diputado de la Coalición Cívica Libertadora, Juan Vega, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Observatorio de Medios menoscaba la libertad de expresión. Vega debió renunciar como miembro de la Comisión Cordobesa por la Memoria cuando se reveló que había sido abogado de la intervención militar en varios sindicatos durante la dictadura. El Observatorio, que no tiene autoridad punitiva, es una obligación internacional del país, como signatario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Con esa firma la Argentina se sometió a la supervisión de su órgano de aplicación, un Comité que se reúne todos los años en las Naciones Unidas. Recibe denuncias, las analiza, da traslado a los gobiernos respectivos y por último formula sus observaciones, tal como dispone el artículo 9º de la Convención. El documento oficial sobre la Argentina, emitido por el Comité el 10 de diciembre de 2004, dice en su punto 15: “Al Comité le preocupan los incidentes de incitación al odio racial y la propaganda racista en los medios de información, incluso en Internet. El Comité recuerda que el artículo 4 de la Convención es aplicable al fenómeno del racismo en los medios de información, incluida Internet, y que el principio fundamental del respeto de la dignidad humana exige que todos los Estados luchen contra la propagación del odio racial y la incitación al odio racial. Recomienda al Estado Parte que tome las medidas necesarias para combatir la propaganda racista en los medios de información y que proporcione en su próximo informe periódico información sobre la evolución de la situación y las medidas adoptadas al respecto”.